El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha cerrado lo que con toda probabilidad es el peor año desde que ocupa el cargo desde su llegada a la Moncloa en 2018. Aparte de los presuntos casos de corrupción que han salpicado al partido, Sánchez ya no podrá contar con la mayoría que permitió su investidura, ni tampoco disponer de presupuestos, después de que Junts per Catalunya diera por terminado el acuerdo de Bruselas. Una decisión que, además, ha vuelto a separar los caminos estratégicos de los dos partidos independentistas.
La formación de Carles Puigdemont ha apostado por la ruptura cansada de esperar el cumplimiento de los acuerdos alcanzados, mientras que Esquerra Republicana insiste en la vía de la negociación con los socialistas españoles. Las dos formaciones tampoco se ponen de acuerdo en cómo debe actuar el independentismo a partir de ahora. Mientras los postconvergentes piden un frente unitario en Madrid de los 14 diputados independentistas, los republicanos proponen que los de Junts acepten reunirse con Sánchez en la ronda de reuniones que abrirá el mes de enero «para explicar cómo piensa actuar de ahora en adelante».
Pero la decisión que sin duda ha marcado el curso político de los partidos independentistas en Madrid ha sido la ruptura de Junts con el PSOE dos años después de rubricar el acuerdo de Bruselas. Los siete diputados de Junts en Madrid, encabezados por Míriam Nogueras, comenzaron el año dando una «prórroga» a los socialistas y en marzo las dos formaciones presentaron una proposición de ley para el traspaso de competencias a la Generalitat de Catalunya en materia de inmigración. Sin embargo, en los meses siguientes no se produjeron avances en la oficialización del catalán en Europa, ni en la aplicación total de la amnistía, ya que Puigdemont sigue sin poder beneficiarse de la ley. Y, al volver de las vacaciones de verano, Podemos hizo descarrilar la propuesta para delegar las competencias en materia migratoria y los de Junts reprocharon a los socialistas que no habían hecho lo suficiente para sumarlos al acuerdo.
Pero estos no fueron los únicos incumplimientos y Puigdemont hizo referencia a ellos en la comparecencia pública para anunciar la ruptura el 27 de octubre en Perpiñán. Allí reprochó a los socialistas la no publicación de las balanzas fiscales, imprescindibles para negociar los presupuestos generales del Estado o la nueva financiación de Catalunya, así como algunas leyes propuestas por Junts per Catalunya, como la ley contra la multirreincidencia o la ley contra las ocupaciones delictivas, que entonces dormían «el sueño de los justos».
Tras la ruptura, el partido demostró su decisión con sus votaciones en el Congreso de los Diputados. Derribó, hasta en dos ocasiones, el techo de gasto del gobierno español y defendió su enmienda a la totalidad al proyecto de reforma de la ley de Discapacidad y Dependencia del ejecutivo español. Para Junts, la decisión que tomaron a finales de octubre ha tenido sus frutos, ya que Pedro Sánchez durante estos meses ha reconocido que hay «incumplimientos» y ha dado luz verde a medidas acordadas con los de Puigdemont, como la de “flexibilizar” las finanzas de los ayuntamientos. «Ha sido necesario que Junts se aparte de esta mesa de negociación con el gobierno español para que empiece a cumplir», constató Noguera. Desde el partido remarcan que desde la ruptura el PSOE se ha puesto las pilas: decidió desbloquear la ley de multirreincidencia, ha asumido el coste de los impagos del alquiler, el aplazamiento del programa Verifactu, que los ayuntamientos puedan disponer de un remanente para aumentar el gasto en aquellas prioridades que consideren y que la Generalitat asuma la gestión integral de los secretarios e interventores. «Mantener la posición da resultado», defienden.
ERC apuesta por el diálogo y espera que la reunión con Sánchez sea clave
A pesar de ello, Junts ha dejado claro por activa y por pasiva que la relación con el PSOE sigue rota, y que estos gestos de Sánchez no cambian nada porque sigue habiendo una “larga lista” de acuerdos “sin cumplir”. Ante este escenario, además, los de Junts han propuesto a ERC una “estrategia catalana” en Madrid sin “ninguna condición”. Los republicanos, sin embargo, no han ido más allá de la retórica, han celebrado que «ya era hora» que Junts se sume a defender Catalunya y han instado a los de Puigdemont a reclamar la financiación y Rodalies. Estas son las dos principales carpetas que los republicanos han tratado este año y, que a pesar de las presiones, los socialistas han ido retrasando y no cumpliendo los plazos pactados inicialmente. A pesar de todo, los de Junqueras continúan apostando por el diálogo y esperan ver que estas dos carpetas se cristalicen a inicios de este 2026.
ERC se muestra convencida de que el trabajo que han hecho este 2025 ha servido para “avanzar en soberanía” dos aspectos clave: Rodalies y la financiación. De hecho, los republicanos registraron en septiembre la proposición de ley para que la Generalitat asuma íntegramente la gestión del IRPF. En cuanto a los trenes, los republicanos transmiten «absoluta tranquilidad y normalidad» porque todo «avanza correctamente», y afirman que este próximo mes de enero se constituirá la empresa mixta de Rodalies. «Dentro del mes de enero tendremos la constitución de la sociedad con el consejo de administración y la presidencia y no prevemos ningún elemento que pueda distorsionar este calendario», afirmó el vicesecretario de Comunicación del partido, Isaac Albert. Un punto que también ha confirmado la consejera y portavoz del Gobierno, Sílvia Paneque, que ha alegado problemas de «agenda» para no constituirla antes de acabar el año como estaba previsto tras meses de retrasos. ERC pactó con el gobierno español que la nueva empresa de Rodalies tenga una participación estatal mayoritaria, pero que en el consejo de administración sea la Generalitat quien tenga la mayoría. Un consejo de administración que se dará a conocer cuando se haga efectiva la firma conjunta de la Generalitat y del Estado, a través de Renfe Viajeros.
Por otro lado, aunque ERC afirma que la negociación por la nueva financiación avanza, reclama al gobierno español que no se eternice esta carpeta. Así, fija el mes de enero como la “fecha límite” para la presentación de la propuesta de nuevo modelo. El acuerdo aún no está «del todo cerrado» a pesar de que el gobierno español quería convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) este enero. Es por eso que los republicanos han avisado de forma insistente que antes de que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, convoque esta reunión «debe haber un acuerdo con ERC», que podría incluir cambios en la recaudación del IVA de las pequeñas y medianas empresas. Con todo, el pacto de financiación que cierre ERC y el PSOE también deberá someterse a votación del Congreso, y se tendrá que ver cuál es la posición de Junts per Catalunya en el acuerdo, ya que hasta ahora lo ha calificado siempre de insuficiente y es partidario de un modelo de concierto económico como el vasco.
Una reunión entre Junqueras y Sánchez que Junts rechaza
Es evidente que Esquerra Republicana continúa apostando por la vía del diálogo. Una muestra evidente es el encuentro que mantendrá Oriol Junqueras con Sánchez en la Moncloa a principios del 2026. Una reunión que los republicanos esperan que sea clave para desbloquear temas clave de la legislatura y abordar la continuidad de la legislatura ante las «noticias aparecidas» sobre los casos que salpican al PSOE y que pueden «ponerla en riesgo». Aquí vuelve a quedar clara la divergencia entre Junts y ERC, ya que los de Junts han descartado cualquier reunión con Sánchez porque, según dejaron claro desde la formación de Puigdemont, dijeron que no negociarían ni mantendrían encuentros tras romper el acuerdo de Bruselas. «Nosotros ya dijimos que, una vez roto el acuerdo de Bruselas, no negociábamos, no nos reuníamos y no teníamos contactos en Madrid. Hoy en día esta es nuestra posición», defendió el portavoz del partido, Josep Rius, una posición que también han defendido otros dirigentes de la formación.
