Los presupuestos catalanes cuelgan de un hilo por el torcebraç entre el Gobierno y los comunes, que hace semanas que se reprochan su inmovilismo sobre el futuro del Hard Rock. Los de Jéssica Albiach insisten que no aprobarán los presupuestos mientras el proyecto del casino esté vivo y el ejecutivo de Pere Aragonès replica que no tiene margen de actuación. Este miércoles se tienen que debatir en el Parlamento las enmiendas a la totalidad que han presentado todos los partidos de la oposición, excepto el PSC, y ahora mismo los presupuestos están más cerca de caer que de aprobarse. Después de tres reuniones en un día, las posturas de ERC y los comunes continúan enrocadas, pero el Gobierno ha hecho una última oferta para intentar salvar las cuentas.
La gran novedad, avance por Catalunya Ràdio, es endurecer la ley del juego para poner más trabas a los promotores del Hard Rock. El Gobierno no quiere tocar el proyecto del casino para evitar un enfrentamiento con el PSC —lo gran defensor del proyecto, igual que Juntos—, pero sí que está dispuesto a poner más dificultades a su puesta en marcha, puesto que representa un modelo económico que no comparte. Los comunes, que consideran que con poner bastones a las ruedas no hay bastante, ya habían propuesto mantener la presión fiscal actual sobre el juego para evitar que el Hard Rock se beneficie de una legislación a medida impulsada por CiU y el PSC. El ejecutivo catalán también está dispuesto a estudiar una moratoria para los proyectos que consumen más de 100 litros por persona mientras haya sequía, a pesar de que ve poco margen porque el Camp de Tarragona no está en emergencia y pasarán años antes no se inaugure el casino.
La polémica sobre el Hard Rock se arrastra del año pasado, cuando el PSC incluyó el macrocasino del Camp de Tarragona como condición para aprobar las cuentas del 2023. Entonces los comunes ya protestaron, pero al ver lejos su aprobación, finalmente lo dejaron pasar. Pero este año la Generalitat cree que es cuestión de “semanas” que los técnicos den luz verde al proyecto del Hard Rock y esto ha puesto en guardia los comunes, que presionan el Gobierno de Pere Aragonès para que bloquee se enfrente al PSC y bloquee el casino.
Más dinero para vivienda, educación y salud
En la última reunión con los comunes, el Gobierno ha puesto sobre la mesa un documento con propuestas que encajan en las demandas en materia social del partido de Jéssica Albiach, como 53 millones de euros adicionales para incorporar 550 nuevos pisos públicos a las mesas de emergencia, la regulación urgente de los alquileres de temporada. Según el documento, al cual ha tenido acceso la Agencia Catalana de Noticias, también incluye 33 millones beques comedor, 67 millones para avanzar en la gratuidad de la educación infantil 2, un incremento del 85% en la partida para el dentista público o una modificación del impuesto sobre los cruceros. Fuentes del Gobierno aseguran que el acuerdo para los presupuestos es “prácticamente total” y que el único que frena el entendimiento global es el Hard Rock.
El capítulo de la vivienda es uno de los más extensos de la propuesta. Además de los 53 millones para aumentar el parque público de vivienda, el Gobierno ofrece 8 millones para comprar 150 pisos para víctimas de violencia machista, la creación de un registro de grandes tenedores y la introducción de un régimen sancionador y obligaciones de publicidad para los grandes propietarios.
