El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, cerró el curso político haciendo balance de la primera mitad de la legislatura asegurando que «Cataluña vive el momento de más estabilidad», remarcando que su ejecutivo «está construyendo el futuro para liderar la próxima década». «Cataluña está en marcha», manifestó en un discurso donde afirmó que estos dos primeros años al frente del ejecutivo han servido para «recuperar la estabilidad institucional y la confianza, impulsar un nuevo modelo de financiación, iniciar el traspaso y la transformación de Rodalies, desplegar la política de vivienda más ambiciosa de España, reforzar los servicios públicos, captar inversiones estratégicas y proyectar Cataluña al mundo». El discurso de Illa, sin embargo, ocultó algunas de las crisis que afectan el día a día de la gestión del Gobierno.
Este triunfalismo –impulsado por la aprobación de los presupuestos de 2026 como principal aval político– oculta que el Gobierno llega al ecuador de la legislatura golpeado por graves problemas con el cumplimiento de acuerdos de investidura prioritarios para los socios, un profundo malestar docente y una suma de crisis abiertas como, por ejemplo, el deterioro de la red de Rodalies en Cataluña que amenazan con enturbiar el tramo final de la legislatura. La llegada de Illa al Palau de la Generalitat prometía un «retorno a la normalidad institucional» y una eficiencia en la gestión que, dos años después, choca de pleno con la fragilidad de su mayoría, las dudas jurídicas sobre sus reformas y la dependencia absoluta de la política estatal.
Financiación e IRPF: el acuerdo con ERC se atasca en Madrid y choca con Junts
La aprobación de las cuentas de 2026 ha dado aire al Gobierno, pero no ha extinguido el principal fuego político de la legislatura: el nuevo sistema de financiación. La piedra angular que permitió la investidura de Illa se ha traducido de momento en una cifra de 4.700 millones de euros adicionales que aún debe superar el escrutinio del Congreso de los Diputados, donde la posición inflexible de Junts per Catalunya, que apuesta por el concierto económico, amenaza con votar en contra de la propuesta. Pero antes de eso, la nueva financiación aún debe tratarse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que debía celebrarse a finales de julio y que, finalmente, el ejecutivo español retrasó hasta el 4 de septiembre. El Ministerio de Hacienda tomó esta decisión después de que las 11 comunidades gobernadas por el PP le remitieran una carta pidiéndole más tiempo para analizar la propuesta del ejecutivo español. A pesar del previsible rechazo del PP, la aprobación de la propuesta en el CPFF está garantizada, ya que solo necesita el voto positivo de una región, lo que el ejecutivo español ya tenía asegurado con Cataluña.
Además, la carpeta clave del traspaso de la gestión y recaudación del IRPF continúa completamente atascada en la Moncloa. Con una Esquerra Republicana exigiendo hechos, la lentitud del Ministerio de Hacienda amenaza con convertir el apoyo de los republicanos en un calvario constante para la segunda mitad del mandato. Illa se comprometió con el partido de Oriol Junqueras a que Cataluña asumiría «la gestión, la recaudación, la liquidación y la inspección de todos los impuestos soportados», pero el ejecutivo de Pedro Sánchez tiene bloqueada esta carpeta y a estas alturas lo único que puede hacer Illa para mostrar que quiere cumplir el acuerdo firmado con los republicanos es reforzar la Agencia Tributaria de Cataluña con más personal y medios.
Revuelta en el territorio: el Plater enfrenta al Gobierno con el mundo local
Uno de los frentes que más desgaste está provocando al Gobierno en el territorio es la contestación social y municipalista al Plan Territorial Sectorial para la implantación de las Energías Renovables en Cataluña (Plater). Diseñado para ordenar el despliegue eólico y fotovoltaico, el plan ha provocado una avalancha de miles de alegaciones y la revuelta de ayuntamientos y plataformas de comarcas como las Terres de l’Ebre, el Priorat y el Solsonès. Desde el territorio se acusa a la Conselleria de imponer un modelo centralizado que favorece a las grandes multinacionales energéticas y perjudica el suelo agrícola, convirtiendo la transición ecológica en un auténtico campo de minas para el PSC.
El Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica ha cerrado el proceso de información pública del Plater con 12.143 alegaciones recibidas. Coincidiendo con este anuncio por parte del Gobierno, la Xarxa Catalana per una Transició Energètica Justa, junto con los consejos comarcales del Pla de l’Estany y el Solsonès, diversos ayuntamientos y entidades ecologistas y agrarias han reclamado retirar el Plater y “una moratoria” de proyectos. Una de las miembros de la red, Montserrat Coberó, ha reivindicado “una planificación bien hecha” que esté “aprobada y consensuada” con la ciudadanía, y, por otro lado, ha cuestionado las alegaciones que ha comunicado el Gobierno porque no corresponden con sus registros. En este sentido, ha afirmado que la cifra es “altísima” y ha señalado que es el «proyecto normativo que más ha recibido de la historia de la Generalitat».
Educación: el fiasco de PISA y el conflicto docente desbordan a Niubó
El departamento de Educación se ha convertido en la principal vía de agua interna del ejecutivo de Salvador Illa. La consellera Esther Niubó, que está reprobada por el Parlamento, deberá afrontar el inicio del nuevo curso escolar bajo una fortísima presión. Por un lado, la paz social está lejos de alcanzarse: los acuerdos parciales con CCOO y UGT fueron rechazados por sindicatos mayoritarios como USTEC y la CGT, y la burocratización o las condiciones laborales mantienen al colectivo docente en pie de guerra. De hecho, el sindicato mayoritario del sector ya advirtió a Niubó que el curso escolar comenzará con huelgas y movilizaciones si no se abre una nueva negociación para abordar las reclamaciones de los docentes.
A este conflicto que se arrastra desde hace meses, hay que añadir el fiasco de las pruebas PISA, donde Cataluña ha quedado excluida de la última evaluación internacional por errores en la muestra de los alumnos participantes, obligando a la Generalitat a abrir una investigación interna y dejando en evidencia la gestión del departamento. De hecho, Illa en el balance del ecuador de la legislatura aseguró que llegaría hasta «el final» con este fiasco y que cuando finalice la investigación que está en marcha y se tenga conocimiento sobre qué ha pasado se tomarán «las decisiones que se deban tomar».
Rodalies: la sombra del accidente de Gelida y un traspaso a paso de tortuga
El eslogan de la mejora en la gestión diaria ha chocado directamente con el calvario de la red ferroviaria. El accidente de Gelida a principios de 2026, que dejó en situación crítica el servicio durante semanas, volvió a poner al descubierto el deterioro estructural y la falta de inversiones en la red. A pesar de la puesta en marcha de la nueva sociedad Rodalies de Catalunya y los anuncios sobre la línea R1, el traspaso operativo avanza a un ritmo exasperantemente lento. La dependencia continuada de las decisiones del Ministerio de Transportes impide que el Gobierno pueda exhibir cambios tangibles ante los usuarios.
De hecho, el comisionado para el Traspaso Integral de Rodalies, Pere Macias, aseguró que el ritmo de inversión en la red ferroviaria “debe mantenerse y aumentar si fuera necesario al menos durante dos décadas” para compensar el nivel de desinversión acumulada. En una conferencia en el Cercle d’Infraestructures el pasado mes de marzo, Macias admitió que aún se necesitan más tiempo y recursos para compensar la “descapitalización” de la red convencional, que solo recibió 3.600 millones de euros entre 1990 y 2018 en el Estado, una cifra que contrasta con los 56.000 millones invertidos en alta velocidad. Además, defendió combinar los esfuerzos para que el sistema sea fiable con proyectos como el Eje Ferroviario Transversal.
Al mal estado de la red de Rodalies, se deben sumar los dos socavones que hubo a finales de este pasado julio: uno debido a las obras de la L9 en el barrio del Putxet –el 7 de julio– y otro por un hundimiento en las obras de soterramiento de la R2 en Montcada i Reixac –el 22 de julio–, el cual engulló una grúa y cortó el servicio de la R2, la R2 norte y la R11 durante cuatro días. Posteriormente, el pasado 8 de agosto se tuvo que desalojar de madrugada a unos ochenta vecinos de la Trinitat Vella por las vibraciones de las obras de soterramiento de Montcada.
Vivienda y compra especulativa: obstáculos jurídicos en el CGE
La carpeta de la vivienda, que es el eje central de la colaboración con los Comuns, y donde el Gobierno se ha fijado el objetivo de construir 210.000 nuevos pisos de colaboración público-privada, ha topado con serios contratiempos. La ley para limitar la compra especulativa de vivienda, presentada por los Comuns, ha recibido un duro revés del Consejo de Garantías Estatutarias, que ha cuestionado el encaje jurídico de determinados límites a las operaciones inmobiliarias porque vulnera el derecho a la propiedad privada, a la herencia y a la libertad de empresa, entre otros. En su dictamen, la institución expone que a pesar de que la mejora del derecho de acceso a la vivienda sea «un fin legítimo», la normativa «no supera el test de razonabilidad» porque no hay un «justo equilibrio entre las restricciones impuestas» y el objetivo de frenar la compra especulativa.
Este freno legal obliga al ejecutivo de Illa a rediseñar la normativa y amenaza con dilatar aún más las soluciones a una de las principales preocupaciones sociales de los ciudadanos. Tras el dictamen, el Gobierno defendió que la mercantilización de la vivienda “es un peligro cuando tener un hogar se convierte en un problema” y añadió que buscará «todas las medidas legales, las maneras que sean posibles de acuerdo con el Estatuto, para proteger el derecho a la vivienda en Cataluña». Esquerra Republicana opta por «replantear» la ley y recuerda que en su momento ya advirtió «sobre si la forma encajaba mejor en el derecho civil, la legislación en vivienda o la fiscalidad, en lugar de modificar la ley de urbanismo». Los Comuns, por su parte, rechazaron el dictamen porque consideran que el Consejo de Garantías Estatutarias «no ha entendido que no limitamos la adquisición sino el destino de la vivienda».
Dependencia de Madrid: la gobernabilidad ligada a la suerte de Sánchez
El ecuador de la legislatura deja una certeza incómoda para el Palau de la Generalitat: la fiabilidad y el éxito de las grandes promesas de Salvador Illa están íntimamente ligadas a la supervivencia de Pedro Sánchez en Madrid. Cualquier sacudida en las Cortes españolas o un eventual adelanto electoral estatal podría dejar al ejecutivo de Illa en una situación de extrema debilidad. A pesar de haber aprobado los presupuestos y asegurarse poder llegar al final de la legislatura, Illa arrancará en septiembre la segunda parte de su mandato, donde la serenidad ya no será suficiente y necesitará resultados reales si no quiere ver ingobernable la segunda parte de la legislatura.
