Diferentes grupos parlamentarios han pedido explicaciones al Gobierno para aclarar las circunstancias del incendio de la Bisbal de l’Empordà (Baix Empordà), que quemó más de 2.000 hectáreas del espacio natural protegido de las Gavarres. Grupos como Junts per Catalunya, Vox o la CUP quieren conocer los detalles del origen del incendio, provocado por un operario mientras trabajaba con una radial al pie de carretera para una empresa subcontratada por el Departamento de Territorio aunque estas tareas están suspendidas cuando hay un peligro de incendio muy alto. El hombre, que fue detenido este viernes y pasó 48 horas antes de pasar a disposición judicial, está investigado en una causa por incendio forestal. En este sentido, quiere que el Gobierno aclare, entre otras cuestiones, si Territorio había comunicado las restricciones derivadas del riesgo de incendio.
Junts per Catalunya ha registrado este martes una solicitud de comparecencia de la consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, en el Parlamento de Cataluña para que dé explicaciones sobre el incendio de la Bisbal d’Empordà. En rueda de prensa en el Parlamento, el portavoz juntaire, Salvador Vergés, ha reclamado al Gobierno que aclare las circunstancias del fuego. «No para señalar culpables antes de lo necesario, sino como un ejercicio de trazabilidad y transparencia, y para aprender lecciones», ha expuesto el juntaire, que considera que la consejera debe explicar si el ejecutivo había advertido a la UTE que estaba trabajando en la zona si, con el Plan Alfa activado, no estaba permitido realizar trabajos de mantenimiento. Desde Junts también quieren saber qué ha hecho el Gobierno desde el viernes para evitar que se repita la situación, y si exigirán responsabilidades cuando se conozcan los responsables del incendio, más allá de abrir un expediente informativo. También ha reclamado la necesidad de que en Cataluña se lleve a cabo «una gestión forestal activa», y más teniendo en cuenta el contexto de cambio climático, que se haga más pedagogía, haya menos burocracia y se formen más profesionales.
Por su parte, el diputado de la CUP Xavier Pellicer ha exigido al Gobierno explicaciones «públicas, transparentes, nítidas y claras» sobre la detención del operario que realizaba trabajos con una radial y que presuntamente provocó el incendio. El cupaire ha mostrado preocupación por la forma en que se originó el incendio y la respuesta de detener al empleado que estaba realizando tareas de mantenimiento en una carretera de titularidad pública. «No se puede trasladar toda la responsabilidad a un trabajador. Y aunque sea legal mantener a un trabajador 48 horas detenido y bajo custodia policial, no nos parece que esa deba ser la respuesta», ha argumentado Pellicer, quien ha señalado que la responsabilidad recae en la empresa que había ordenado realizar estas tareas de mantenimiento y quien contrató a la empresa, es decir, el Gobierno. La formación anticapitalista quiere saber si el trabajador tenía órdenes concretas de actuar, quién le había encargado este trabajo y cómo, y si se le había informado debidamente sobre la situación del Plan Alfa de prevención de incendios, y ha añadido que durante la semana concretarán las acciones que impulsará el grupo parlamentario para pedir explicaciones al Gobierno.
El Gobierno elaborará un informe cuando reciba toda la información solicitada a la empresa
El Gobierno, de momento, no ha decidido hasta ahora si se personará o no como acusación particular porque todavía está pendiente de recibir toda la información. Sin embargo, la consejera ha asegurado en la rueda de prensa posterior al Consejo Ejecutivo que la empresa se está mostrando «colaborativa desde el primer momento». Paneque ha detallado que Territorio ha requerido documentación de los protocolos activados para trasladar la prohibición de usar herramientas como la radial en un escenario de plan Alfa 3 y el material puesto a disposición de los trabajadores, entre otras cuestiones. Esta semana habrán recibido toda esta información y «en los próximos días o semanas» se podrá presentar un informe interno que irá en paralelo a la investigación judicial, sobre la cual no ha querido pronunciarse y ha pedido prudencia. «Son dos cuestiones diferentes, y quiero ser muy prudente con esto. Una es la vía judicial, y la otra es la información que hemos requerido a la empresa y el informe posterior que hay que hacer», ha dicho.
Por otro lado, ha eximido a su Consejería de cualquier responsabilidad porque «todos los protocolos y toda la normativa, en el momento de la elaboración del pliego de contratación, determinan perfectamente las diferentes restricciones». Con todo, ha puntualizado que en este caso, como en otros, no se detallan todas las actuaciones que debe realizar la empresa en el eje viario concreto, sino «qué trabajo de mantenimiento genérico» debe llevar a cabo. Tampoco ha querido dejar claro que Territorio aún no ha tomado una decisión sobre si rescindirán el contrato con la empresa, pero ha añadido que «se deberá determinar si es una responsabilidad compartida entre el trabajador y la empresa o no». La consejera se ha mostrado dispuesta a dar explicaciones en el Parlamento sobre esta cuestión tal como han pedido grupos de la oposición. «Estoy a disposición en el momento en que el Parlamento pueda determinar una fecha compatible con los grupos parlamentarios para hacerlo. Siempre he estado a disposición, no será por falta de disposición de la consejera», ha concluido.
