El Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya ha descartado la supresión del distrito universitario único estatal para repartir las plazas universitarias y coordinar desde Cataluña el acceso a los estudios de Medicina. En una respuesta parlamentaria a una pregunta de Junts, la consejera Núria Montserrat no explica los motivos que la han llevado a descartar pedir al gobierno español que suprima el café para todos para los estudiantes de medicina y tampoco entra a valorar si es bueno o no para Cataluña. Junts ha presentado un recurso de amparo a la Mesa del Parlamento para que la consejera responda a las preguntas que le han formulado, ya que en la respuesta que ha dado hasta ahora se quita la cuestión de encima afirmando que el distrito universitario único quiere «garantizar la movilidad del alumnado en todo el estado independientemente de dónde hayan cursado sus estudios previos o realizado las pruebas de acceso». También recuerda que la Generalitat «no dispone de competencia normativa para modificar ni dejar sin efecto la regulación del ámbito».
Fuentes de Junts lamentan a El Món que la consejera «no responde absolutamente a nada» de lo que le han preguntado. «No queremos que nos explique alternativas», afirman. Asimismo, dejan claro que es responsabilidad de la consejera intentar cambiar las competencias en Madrid y más cuando en Cataluña y en el estado «están gobernando los mismos». «Una cosa es que sea competencia tuya y otra es que sea incumbencia tuya» porque la situación actual perjudica a todos los estudiantes del país que quieren estudiar medicina y también perjudica a los usuarios de la sanidad catalana, que se encuentran cada día más médicos que no están formados aquí y que no entienden el catalán, algunos de los cuales protagonizan casos de discriminación lingüística. «Escudarse en el hecho de que no es competencia suya no es aceptable», consideran desde Junts.
Una alternativa sobre la mesa: normalización por percentiles
Aunque descarta trabajar por la modificación o la supresión del café para todos, el ejecutivo de Salvador Illa ha puesto formalmente sobre la mesa una propuesta alternativa que considera de consenso, fruto de las reuniones mantenidas con los decanos y decanas de las facultades de Medicina de las universidades catalanas. La alternativa consiste en un sistema de normalización estatal basado en percentiles por asignatura, así como en la nota media de bachillerato.
El objetivo principal de este modelo es conseguir una valoración del alumnado que considere su puntuación relativa dentro de la comunidad autónoma de origen. Según detalla el documento, con esta medida se busca «garantizar la equidad interterritorial» y asegurar que las diferencias estructurales y de criterios de corrección de las PAU entre territorios no generen desigualdades de oportunidades ni penalicen a los alumnos de alto rendimiento. «El objetivo es asegurar que la comparación entre candidatos sea justa, independientemente del territorio donde hayan hecho las pruebas», dice la consejera.
Fuentes de Junts replican que la propuesta nace de los colegios profesionales de médicos después de hablarlo también con las universidades catalanas, y manifiestan que, si se aplicaran bien los percentiles, se podría paliar la situación porque, al menos, situaría en igualdad de condiciones a todos los estudiantes. «Para nosotros, la solución es acabar con el distrito universitario único y que haya un distrito universitario catalán, como existía antes de 2003, pero mientras eso no sea posible ojalá entrara ya en vigor esta propuesta de los percentiles».
Ampliar las plazas de medicina un 50%
Aparte del debate sobre las vías de acceso a los estudios de Medicina, el departamento quiere responder a la elevada presión sobre los estudios de Medicina, donde actualmente se registran 3,7 solicitudes por cada plaza ofrecida, con un incremento de plazas para ampliar la capacidad del sistema. Para hacerlo posible, el Gobierno comenzará a desplegar a partir del curso 2026-2027 el nuevo Plan integral de los Estudios de Medicina en Cataluña. Esta estrategia prevé un crecimiento progresivo de la oferta de plazas públicas con un horizonte fijado en el año 2031, cuando se deberían alcanzar un total de 2.025 plazas. Actualmente, hay 1.333 plazas, y esto supondría un incremento global del 50%.
Desde Junts, alertan que el incremento de plazas no irá destinado solo a estudiantes catalanes y que de las 600 plazas más que habrá, 300 serán para Cataluña y la otra mitad para el resto del estado, y, en este sentido, subrayan que las primeras 194 plazas que se ofrecerán el curso próximo son todas en universidades privadas. «Hay un incremento de 300, pero pagamos 6.000», apuntan, ya que las nuevas plazas se financiarán con el dinero de los catalanes. «Tenemos que pagar una para Cataluña y una para comunidades autónomas del estado español.», concluyen, y añaden que para acabar con la alta demanda de plazas, estas deberían multiplicarse por 3,7.
