La Generalitat ha puesto en marcha los trámites para poder regular los alquileres en los municipios más tensionados de Cataluña. Dos semanas después de la aprobación en el Senado de la ley española de vivienda, el Gobierno catalán ha iniciado el “procedimiento preparatorio” para delimitar las zonas donde se podrán aplicar mecanismos de contención de precios. La portavoz del ejecutivo, Patrícia Plaja, ha explicado este martes que “la emergencia y la necesidad de vivienda son uno de los grandes problemas” del país ahora mismo y ha lamentado que acceder a una vivienda accesible es un “reto casi imposible”.
Plaja ha explicado que los trámites durarán “unos meses”, pero no ha querido poner una fecha concreta porque el plazo final dependerá de “la respuesta del ministerio” y de las alegaciones que presenten los diferentes municipios afectados. El Gobierno trabaja para definir los municipios afectados y considera que el mapa final será bastante similar al que había cuando el Tribunal Constitucional anuló la legislación catalana el año pasado. En aquel momento, en Cataluña había 142 zonas tensionades y el ejecutivo calcula que el panorama general será “muy similar”, a pesar de que no descartan que pueda haber pequeños cambios.
Cataluña pide reactivar el índice del precio del alquiler tumbado por el TC
El Gobierno catalán también ha enviado una carta al Ministerio de Transportes para homologar el índice de referencia del precio del alquiler de Cataluña que tumbó el TC, que está vigente y actualizado y será la base que utilizará el ejecutivo para aplicar la regulación. “Se han perdido demasiados meses”, ha lamentado Plaja. El TC anuló varios artículos de la ley en dos polémicas resoluciones aprobadas en marzo y abril del año pasado y ahora la Generalitat quiere “poner en marcha la maquinaria” con un “trámite previo necesario” para poder regular los precios del alquiler.
La nueva ley española de la vivienda exige a las comunidades que quieran aplicar mecanismos de contención de precios que preparen una memoria justificativa para acreditar qué municipios están más afectados por la emergencia habitacional y cuáles son las deficiencias del mercado de vivienda de cada zona. La declaración de un municipio como zona tensionada también tiene que ir acompañada de un plan específico con medidas concretas y un calendario de ejecución. Una vez comunicadas al ministerio, las delimitaciones tendrán una vigencia de tres años y se podrán renovar año a año repitiendo el mismo procedimiento.
