El presidente del gobierno catalán, Pere Aragonès, ha trasladado su apoyo a la consejera de Acción Exterior y Unión Europea, Meritxell Serret, después de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que la condena a un año de inhabilitación y 12.000 euros de multa por desobediencia por su relación en la organización del 1-O. Aragonès, en una visita institucional este miércoles a la desalinizadora del Llobregat al Prat del Llobregat, ha afirmado que Serret mantendrá sus funciones institucionales porque «la sentencia no es firme».
La sentencia condenatoria se ha conocido esta mañana y, horas después, el presidente de la Generalitat ha dado su opinión sobre la decisión del TSJC. Así, Aragonès ha querido recordar que la ejecutoria del tribunal viene derivada de la sentencia del Tribunal Supremo (TS) a los líderes del referéndum del 1 de octubre y las ha calificado de «sentencias políticas porque se persigue una actividad política». En esta línea, también ha asegurado que llevarán el caso de Serret a los tribunales internacionales para defender sus derechos.
Aragonés considera que la inhabilitación de la consejera es “la demostración que hay un conflicto político entre la ciudadanía de Cataluña y las instituciones del Estado español” y ha insistido que «no puede ser un delito votar», que «ni lo fue el 2017 ni lo puede ser ahora». El presidente catalán ha confirmado que, hasta que la sentencia no sea firme, «Serret continúa desde el punto de vista legal y administrativo haciendo lo que hacía hasta ahora». «Pero con la confianza redoblada mía y del resto de los compañeros del gobierno catalán», y ha insistido que estarán a su lado en todo el proceso judicial.
Serret, condenada por el 1-O
La consejera de Acción Exterior ha sido condenada por la sala de lo cCivil y Penal del TSJC, la cual interpreta que se ha acreditado un delito de desobediencia como diputada y consejera de Agricultura del gobierno catalán de Carles Puigdemont. En la resolución, que se ha dado a conocer este miércoles por la mañana, y a la que ha tenido acceso este diario, explica en 34 páginas que Serret era “perfecta conocedora de la ilegalidad de todas las decisiones que le fueron objeto de notificación y requerimiento por parte del Tribunal Constitucional”.
