El ministro de Transportes, Óscar Puente, anunció su dimisión «por dignidad política» este martes por la tarde en el tramo final de su comparecencia ante la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados. La decisión llega tras el grave accidente ferroviario de Urda (Toledo), que se cobró la vida de 69 personas, y después de que la práctica totalidad del arco parlamentario le haya exigido su cargo. Puente confirmó que abandona el Ejecutivo español y que tampoco será el cabeza de lista del PSOE por Valladolid en las próximas elecciones del 29-N. «Un ministro de Transportes no puede continuar en el cargo con dos accidentes de esta gravedad en menos de un año, por muy diferentes que sean y tenga o no responsabilidad directa en estos accidentes: es una cuestión de dignidad política, coherencia y empatía con las víctimas», sentenció Puente. Así, defendió que el paso al lado «es bueno para el país y bueno para la democracia» y sentenció con un mensaje directo hacia la cámara: «No todos los políticos somos iguales».
Tras cuatro horas de debate, Puente comunicó su dimisión y tuvo palabras de agradecimiento para Pedro Sánchez por su «confianza sin límites» y animó a los progresistas a apoyarle en las elecciones españolas del próximo 29-N. El hasta ahora ministro de Transportes hizo el anuncio tras constatar su soledad, ya que los socios de investidura del gobierno español —Sumar, Junts per Catalunya, el PNB, BNG y Podemos— habían exigido o reiterado la necesidad de una dimisión inmediata. Estas formaciones han situado el debate más allá del error humano y han señalado el origen de la tragedia en un modelo ferroviario centralista, privatizado y enfocado a las inauguraciones de alta velocidad en detrimento del mantenimiento de la red. Por su parte, ERC y EH Bildu se han sumado a las críticas sobre el estado de la red, pero han evitado pedir explícitamente su marcha. Por otro lado, PP y Vox han ido más allá y, además de pedir su cabeza, han responsabilizado a Puente de las 115 muertes de los dos accidentes de alta velocidad en 9 meses, el de Adamuz y el de Urda. Lo han hecho después de que Puente haya desgranado –en una intervención que ha leído de principio a fin– las mismas medidas que ha anunciado este martes por la mañana tras el Consejo de Ministros con el objetivo de blindar la seguridad y recuperar la confianza de la ciudadanía en el servicio.
Una de las críticas más contundentes dentro de los socios de la investidura ha llegado de la mano de Sumar, su socio en el ejecutivo. El diputado Juan Antonio Valero ha calificado las explicaciones de Óscar Puente de «insuficientes» por haber obviado la raíz de la cuestión: un problema «estructural» derivado de la liberalización. «Llevamos años denunciando que el sector ferroviario español se ha convertido en el laboratorio neoliberal de la Unión Europea», ha denunciado Valero, lamentando que se hayan priorizado los beneficios empresariales por delante de la seguridad. En este sentido, ha recordado que los recortes del 70% en el presupuesto por parte de la «motosierra del PP» han acabado derivando en la situación actual. En la misma línea, la portavoz de Sumar, Verónica Barbero, ha hecho referencia a la candidatura de «Frente Amplio» para formalizar la petición de dimisión argumentando que Urda no es un hecho aislado sino fruto de un «problema de modelo». Martínez ha instado a Puente a dar un paso al lado para «asumir la responsabilidad que acompaña al cargo» y demostrar que «no es como el PP», definiendo su marcha como un «último servicio valioso» desde el ministerio.
Junts diagnostica el «colapso» del sistema ferroviario español
Desde Junts per Catalunya, la portavoz Míriam Nogueras ha diagnosticado el «colapso» del sistema ferroviario español a causa de años de mala gestión, centralización y desinversiones. Nogueras ha criticado que se haya construido una de las redes de alta velocidad más extensas del mundo con dinero público mientras se dejaba de lado el mantenimiento y la seguridad. Junts ha recordado que su petición de dimisión es «inaplazable» y que ya la volvieron a exigir esta misma semana. Por el PNB, Mikel Legarda ha advertido que en Urda los fallos fueron «más allá de un simple error humano». Legarda ha afirmado que Puente ha «perdido el tren de la confianza» y le ha pedido que no se aferre al cargo ni a su propio carácter para poder atender el estado de ánimo de la sociedad. Asimismo, desde Podemos, Ione Belarra ha puesto el foco en la acumulación de dos accidentes «gravísimos» en nueve meses y ha reclamado seguir «el rastro del dinero» para determinar el impacto de la liberalización. Belarra también ha exigido aclarar quién filtró los audios del maquinista del AVE muerto, señalándolo directamente: «Usted debe irse, esto es un consenso social». El BNG también ha reclamado responsabilidades políticas, pero también ha instado a poner en marcha una investigación independiente.
ERC y EH Bildu reclaman responsabilidades pero no la dimisión
Por otro lado, ERC y EH Bildu han optado por no sumarse formalmente a la petición de dimisión. El portavoz republicano, Gabriel Rufián, ha remarcado que «alguien debe hacerse cargo» de la tragedia y ha pedido reflexionar sobre qué se diría si fuera el PP quien tuviera «más de 100 muertos sobre la mesa en nueve meses». Aun así, Rufián ha considerado que la continuidad de Puente es una «distracción» y que el debate real debe ser la sostenibilidad y la seguridad de la red, que actualmente suspende. Por su parte, la diputada de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, ha rechazado participar en «dinámicas con tintes políticos y electorales» por la vía de la prudencia. Aizpurua ha evitado señalar responsables antes de conocer las investigaciones, aunque ha advertido que exigirán responsabilidades «caiga quien caiga» cuando se basen en hechos probados.
Ofensiva de PP y Vox contra Puente
Por otro lado, PP y Vox han protagonizado un embate frontal con Óscar Puente, a quien han cargado directamente sobre las espaldas del dirigente socialista un total de 115 víctimas mortales sumando las tragedias ferroviarias de Adamuz y de Urda. Durante sus intervenciones, las portavoces de las dos formaciones han exigido una dimisión inmediata y han calificado la gestión ministerial de negligente, acusando al ejecutivo de centrarse en excusas y propaganda en lugar de evitar muertes en la red ferroviaria. La portavoz del PP, Ester Muñoz, ha reprochado al hasta ahora ministro que «tras el accidente de Adamuz hubo muchas ruedas de prensa, mentiras y excusas, pero no hubo gestión ni control», recordando que en nueve meses se han encadenado tres tragedias con 116 fallecidos sin que nadie haya asumido responsabilidades políticas.
Muñoz ha criticado la frivolidad de Puente por presentarse ante la ciudadanía «como alguien condenado a sufrir un martirio» mientras las familias buscaban a sus seres queridos, y ha calificado la avería de Urda –donde un convoy circuló diecisiete minutos sin ser detectado– como un «fallo sistémico» que hace que la dimisión colectiva exigida por los grupos llegue «116 vidas tarde». En la misma línea, la portavoz de Vox, Pepa Millán, ha cuestionado si Puente «puede conciliar el sueño con 116 muertos a sus espaldas» y ha denunciado que la prioridad del gobierno haya sido «filtrar audios de forma ilegal para culpar a unos pobres trabajadores». Millán ha acusado al departamento de Transportes de haber prorrogado un sistema obsoleto «para ahorrarse 37 millones de euros» y ha afirmado que el proyecto político de Puente, lejos de atender los avisos reiterados de técnicos y maquinistas, se ha limitado a «insultar a la gente en Twitter» mientras se convertía la red en un riesgo permanente para la vida de los ciudadanos. Cuando terminó, los diputados de Vox abandonaron la sesión.
Puente admite que dar explicaciones «no es suficiente»
En su réplica, el hasta ahora ministro de Transportes se ha defendido de las reiteradas peticiones de dimisión expresando que comparte el «dolor de las víctimas» e insistiendo que no tiene ninguna responsabilidad «por acción u omisión» en el accidente. Acosado por la mayoría del arco parlamentario pero con el apoyo explícito de Pedro Sánchez, Puente ha defendido que siempre ha «dicho la verdad» y ha «dado la cara», pero ha admitido que dar explicaciones «no es suficiente». Aunque admite que «entiende» las peticiones de dimisión de algunos sectores, ha rechazado las del PP criticando su «habitual doble rasero», y ha negado taxativamente que hubiera ninguna directriz para minimizar retrasos en el AVE, subrayando que «la seguridad es lo primero». «Cuando gobierna el PP y hay accidentes ferroviarios, la culpa siempre es del maquinista. Cuando gobierna el PSOE, la culpa es del ministro», ha rematado.
En cuanto al papel del personal de ADIF, Puente ha señalado que «será la autoridad judicial la que investigará e interrogará al operador para saber si había alguna circunstancia dentro de las condiciones de trabajo que le pudiera haber llevado a tomar una decisión equivocada», añadiendo que él mismo «no tiene la respuesta» a esta incógnita. Asimismo, ha querido desacreditar las «mentiras» sobre las condiciones laborales de los operadores, defendiendo que cumplen con las 37 horas y turnos estipulados, y ha reiterado que la información ofrecida responde exclusivamente a pruebas tangibles lejos de manipulaciones interesadas.
