Las Naciones Unidas describen Esquerra Republicana como una organización «altamente represaliada». Así lo alerta la resolución de hasta cinco relatores especiales de la ONU en respuesta a una comunicación presentada por la secretaria general de ERC, Marta Rovira, como representante de varias víctimas de la formación con la intención de denunciar la represión contra el independentismo. En el escrito, instan el gobierno español a tomar medidas para parar la «persecución» contra el partido de Oriol Junqueras y muestran preocupación porque las acciones de «criminalización» se conviertan en un «patrón sistemático».
Rovira mantiene una comunicación constante con las Naciones Unidas como estrategia de litigación internacional impulsada por la republicana desde su exilio en Ginebra. En este último contacto, la secretaria general de ERC ha recogido una actualización de los agravios de la represión política del Estado contra el movimiento independentista. Este diálogo ha dado algunos resultados positivos, puesto que ha conseguido que varios organismos internacionales referentes en derechos humanos se posicionen en la situación entre España y Cataluña. Por ejemplo, el posicionamiento del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU sobre Pegasus o el informe de la Secretaria General del Consejo de Europa sobre la libertad de expresión.
Persecución política, represión económica y espionaje
En relación con los hechos que ha denunciado Rovira, la ONU alerta que hay un «uso indebido del derecho penal y el poder fiscalizador del Estado para judicializar líderes y miembros de la sociedad civil que simpaticen con Esquerra Republicana». Sobre todo, muestran mucha preocupación por el riesgo que la “criminalización” de este grupo de personas “se convierta en un patrón sistemático” para la construcción de la causa general contra el independentismo. Los relatores de la organización internacional indican que las acciones denunciadas “pueden constituir una violación grave de la libertad de asociación y reunión pacífica”.
La resolución pone el foco en la “persecución y estigmatización” de los miembros de Esquerra Republicana, el “derecho a una defensa efectiva y a un juicio imparcial, transparente y efectivo” de los casos abiertos contra estas personas y en “la base fáctica y jurídica” de las detenciones y cargos presentados contra ellos. Las Naciones Unidas también ponen en entredicho la “proporcionalidad” de las penas y considera “preocupante” la represión económica y el hecho que se vincularan unas mejores condiciones penitenciarias “a cambio de un cese del ejercicio de ciertos derechos o posturas políticas”, en referencia a un eventual “arrepentimiento” por unas acciones que “respondían a sus posiciones políticas”.
Reafirma la «legitimidad democrática» del independentismo
Ante la resolución de estos cinco relatores, Rovira remarca que la ONU «constata el uso arbitrario de algunos instrumentos del Estado español para parar el independentismo», es decir, «la represión política y exige en el gobierno español que tome las medidas necesarias porque ponga fin». Además, la secretaria general de ERC añade que esta respuesta internacional “tiene que servir una vez más para reafirmarnos en la legitimidad democrática de nuestra causa. Tenemos todo el derecho del mundo de defender la República Catalana por vías democráticas”.
El documento lo firman los relatores sobre la libertad de reunión y asociación, la relatora sobre la libertad de opinión y expresión, la relatora sobre la independencia de magistrados y abogados -que se pronuncia por primera vez sobre el caso de Cataluña-, la relatora sobre derechos humanos y libertades fundamentales, y el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria.
