La ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del gobierno español, Maria Jesús Montero, reabrirá esta semana la carpeta de los presupuestos generales del Estado del 2025. Moncloa recupera, de este modo, la elaboración de la principal norma económica después de la rendición salida del estallido de la pasada legislatura en Cataluña. Montero ha anunciado, así, que el próximo jueves «ordenará el pistoletazo de salida» de la redacción de la ley de cuentas correspondiente al próximo curso con la demanda en todos los centros gestores de «determinar sus prioridades»; un proceso para el que tendrán de plazo hasta el día 8 de julio. El ejecutivo que preside Pedro Sánchez busca coger «velocidad de crucero» en la reanudación de la legislatura después del ciclo electoral.
Lo hará, pero, sobre un necesario apoyo de los partidos catalanes, Juntos y Esquerra Republicana de Cataluña, un entendimiento que tambalea ante las tensiones generadas por la propuesta de financiación singular del Gobierno de Pere Aragonés. En este sentido, Montero atribuye la responsabilidad del asunto a juntaires y republicanos, a quienes reclama una «predisposición positiva» en la hora de negociar las cifras económicas clave del próximo año. La ministra, de hecho, los ha pedido que «no vinculen los presupuestos a otros acontecimientos de la vida política». Lo hace, pero, en medio de una intensa campaña de los dirigentes de ERC a favor del concierto económico. El mismo Aragonés, de hecho, ha enfatizado durante sus últimas apariciones públicas -la más reciente, el pasado martes a la gala de entrega de los premios pymes de la patronal Pimec- que no aceptará «trampas» en la hora de aplicar una medida que aparece mencionada en el acuerdo de investidura con Pedro Sánchez.
Tratamiento singular
«Los presupuestos tendrían que tener su propio recorrido, y los otros debates, tener su propio entorno», argumenta Montero. Una postura que, en sus primeras reacciones, no comparten desde ERC. El diputado republicano Francesc-Marc Álvaro, de hecho, ha vinculado cualquier apoyo a Moncloa a la «soberanía fiscal», que concreta el «tratamiento singular» que exigen a Madrid. Un adelanto que la titular de Hacienda ha querido esquivar, emplazando sus socios de investidura a «conversaciones intensas y profundas» en el marco de estas negociaciones. «Estoy convencida que podremos hacer unos presupuestos que sean buenos para Cataluña», promete Montero, asegurando que las cuentas que preparan dejarán atrás «el olvido durante la época de gobierno del PP».
Nuevos pactos con el PP
Después del desbloqueo del Consejo General del Poder Judicial, que llegó el pasado lunes media década después de la enrocament del Partido Popular para conservar la mayoría conservadora al órgano de gobierno de los jueces, Montero ha mostrado la predisposición socialista de buscar puntos en común con la oposición. En este sentido, ha instado el PP a «sentar discretamente» para buscar una fórmula acordada para la reforma del sistema común de financiación autonómica. Plegados, razona la ministra, articularían «una propuesta que permita dar más recursos en los territorios». Cómo en el caso del CGPJ, un entendimiento en términos fiscales sacaría los de Alberto Núñez Feijóo de «su posición de máximos»; hecho para el que los socialistas mantienen la «mano extendida», tanto en el ámbito territorial como en otras cuestiones.
