El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, presidirá este lunes el pleno del Consejo de la Policial Nacional, donde se encontrará con los sindicatos más representativos del cuerpo, muy críticos con el acuerdo PSOE-Junts para ceder competencias en inmigración en Cataluña. Marlaska quiere aprovechar el encuentro para intentar calmar los ánimos de los sindicatos, que temen un “desguace del estado”. Según avanza Europa Press, el día siguiente al acuerdo, la Dirección General de la Policía hizo una ronda de llamadas a las principales organizaciones sindicales para explicar que las transferencias pactadas con Junts corresponden a las competencias del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y no a las del Ministerio del Interior, encargado de la seguridad del estado.
Los sindicatos de la Policía Nacional y la Guardia Civil han cargado contra el gobierno de Pedro Sánchez por el “mercadeo” continuado con los partidos independentistas. En público, el Ministerio del Interior se ha remitido a las explicaciones que han ofrecido la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, que han rebajado el alcance de los acuerdos con Junts y han asegurado que el contenido del acuerdo se tiene que pactar durante el trámite de la ley orgánica que incluirá la “delegación” de las competencias. En privado, el teléfono de la Dirección General de la Policía saca humo para intentar tranquilizar a los sindicatos policiales, que ven los acuerdos con Junts como una amenaza a su trabajo.
La policía española no perderá el control de las fronteras
Las llamadas a los líderes sindicales tienen una cosa en común: la garantía de que la policía española no perderá en ningún caso las competencias en cuestiones clave como el control fronterizo de Cataluña o los trámites de expulsión de migrantes en situación irregular. Según las explicaciones ofrecidas a las organizaciones policiales, el acuerdo se limita a asuntos asistenciales vinculados al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y en ningún caso incluirá competencias sobre tareas relacionadas con la ley de extranjería. El PP también había azuzado el temor a un traspaso de competencias en materia de seguridad nacional, como el control de fronteras, los visados, las autorizaciones de trabajo o los trámites sobre expulsiones o devoluciones.
Reunión Marlaska-Elena
Marlaska se reunió la semana pasada con el consejero de Interior, Joan Ignasi Elena, con quien despachó varios asuntos pendientes, como el escolta reclamada por el presidente catalán en el exilio, Carles Puigdemont, mientras esté en Bélgica y que está pendiente de un informe de la Abogacía del Estado, que anteriormente ha rechazado la solicitud. Marlaska y Elena acordaron la convocatoria de una junta de seguridad durante el primer trimestre del año. A finales de 2023, la Generalitat y el gobierno español pactaron una partida de 1.600 millones de euros para incorporar 3.000 agentes a los Mossos d’Esquadra, que llegarán a los 22.000 policías en 2030. Así mismo, la consejera de Economía, Natàlia Mas, explicó que el gobierno catalán destinará 46 millones de euros adicionales para equiparar las condiciones de jubilación anticipada de la policía catalana con las de la Policía Nacional y la Guardia Civil.
