La portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha avalado las infiltraciones policiales en movimientos sociales e independentistas porque “se ajustan al marco normativo vigente”. Paneque ha respondido así a la polémica que ha resurgido tras el documental de TV3 y La Directa sobre la infiltración de agentes de la Policía Nacional en movimientos asociativos de Barcelona, Girona y València.
La también consejera ha defendido que el marco normativo “refuerza y da garantía” a las actuaciones policiales, pero ha matizado que entiende “perfectamente” los “daños psicológicos” que estas infiltraciones hayan podido causar a los activistas afectados. Paneque ha invitado a “quien piense que no se ha actuado con garantías suficientes” a denunciarlo en la justicia.
El gobierno español cierra filas con la policía
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha hecho una interpretación similar y ha cerrado filas con la Policía Nacional porque las infiltraciones en movimientos sociales siempre se realizan de acuerdo con la legalidad y en el marco de tareas de “prevención” y “respuesta” a posibles “hechos delictivos”. Marlaska ha reiterado que todas las operaciones se han realizado en “estricto cumplimiento de la ley”.
De esta manera, Marlaska ha dado voz al comunicado que el mismo Ministerio del Interior envió este lunes, el día después de la emisión del programa. Las explicaciones no han convencido a los partidos independentistas y tampoco a los Comuns. ERC ha registrado en el Congreso de los Diputados una batería de preguntas al gobierno español, mientras Junts y los Comuns aún trabajan en sus iniciativas para reclamar responsabilidades por las infiltraciones.
En su escrito, los republicanos reclaman al gobierno español una valoración sobre la implicación de las fuerzas de seguridad en el espionaje y la infiltración dentro de los movimientos sociales y sobre el uso de relaciones sexoafectivas como herramienta para obtener información. También quieren saber si el ejecutivo considera que estas infiltraciones suponen un “abuso” y qué medidas se adoptarán para garantizar la protección de los derechos y las libertades de las víctimas.
