El consejero de Interior, Joan Ignasi Elena, considera que si Cataluña fuera un país independiente se podría “incidir” más en los niveles de inseguridad y delincuencia. Así lo ha expresado, en una respuesta parlamentaria al diputado no adscrito y disidente de Vox Antonio Gallego, firmada el pasado 1 de marzo. Gallego le preguntaba “sobre la negación del hecho que la inmigración ilegal y masiva incremente la inseguridad y la criminalidad”.
En su respuesta, el titular de Interior arguye que “la inseguridad ciudadana y la criminalidad en Cataluña” dependen de muchos factores de contexto y de entorno con “independencia del origen de las personas”. Ahora bien, y aprovechando la ocasión, Elena defiende estructuras de país independiente para luchar contra la delincuencia. “La falta de determinadas herramientas de lucha contra la criminalidad, como puede ser un poder judicial propio, la falta de un Código Penal o una legislación de extranjería propia, y otras normas e instituciones relevantes para incidir en la inseguridad y la criminalidad hace que el trabajo que se desarrolla en este campo no sea una tarea exclusiva”, afirma en la respuesta. Una respuesta que va mucho más allá de la eventual cesión de competencias que Junts pactó con el PSOE para evitar la multirreincidencia.
Explicaciones multifactoriales y nada de racismo
Para el consejero, la delincuencia responde a causas que califica de “multifactoriales”. Así, relaciona elementos “vinculados a las oportunidades sociales, la acogida en el territorio, los estudios y los recursos que diferentes estamentos y organizaciones ponen a disposición de la sociedad para cubrir estas necesidades, con independencia del origen de las personas”. “El Gobierno está implicado en el trabajo diario en favor de la igualdad de oportunidades y las necesidades sociales de las personas más desfavorecidas, pero no es el único responsable”, alerta apuntando hacia las responsabilidades de la administración del Estado.
En este contexto, el consejero hace números sobre la población reclusa y lo desvincula de la delincuencia. Por eso, subraya que en diciembre de 2023 el conjunto de la población penitenciaria era de 8.023 personas, de las cuales 3.995 personas eran de nacionalidad española. El resto (4.028 personas) tienen más de 60 nacionalidades diferentes. “Las particulares circunstancias personales de inmigración, las actuales leyes de extranjería, la percepción y apoyos sociales relativos a la inmigración y la extranjería en la comunidad y el alta concentración de población extranjera en el territorio pueden explicar parte de los motivos del importante número de nacionalidades en las prisiones de Cataluña”, justifica el consejero.
Ahora bien, también desvincula al Departamento de Justicia, Derecho y Memoria de los datos porque, al final, la consellería que dirige Gemma Ubasart solo “ejecuta las penas y las medidas de seguridad” y, “por lo tanto, no es responsable del encarcelamiento de la población, dado que esta cuestión tiene que ver con el estamento judicial”. Y añade que “no considera que las estadísticas sean racistas”.
