La consellera de Derechos Sociales, Mónica Martínez, acompañada de todo el sanedrín del departamento ha presentado la reforma de la Dirección General de Atención y Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA). Un organismo altamente sensible que sufre una gravísima crisis reputacional por los escándalos de menores bajo su tutela, que han sido víctimas de abusos, y, por otro lado, las irregularidades detectadas desde el mes de abril de 2024 por parte de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña.
Martínez Bravo ha anunciado, desde la sede de la consejería en Barcelona, que el 3 de junio presentará un nuevo decreto de estructura de segundo nivel que implicará no solo reformular la Dirección General, sino incluso cambiarle el nombre. Además, distribuirá hacia otras direcciones generales de la misma consejería. El algoritmo de la «nueva dirección reformulada» se compone de los conceptos de «prevención» y «protección» así como una «desinstitucionalización» del sistema de acogida. Esto implicará, en principio, 300 nuevos profesionales que se integrarán hasta 2027 «reduciendo equipos actuales» pero con conexión con el mundo local y las fuerzas de seguridad. Aunque ha apuntado el aumento de recursos, tampoco ha detallado en qué importe se invertirá. Sí ha dejado claro que investigará lo que ha calificado de «exceso de externalización de los servicios» como, por ejemplo, en el control de las prestaciones que otorgaba la DGAIA.
El nombre de la nueva DGAIA será Dirección General de Protección y Prevención de la Infancia y Adolescencia, con una subdirección de Prevención y otra que atenderá especialmente a los menores tutelados y extutelados así como una unidad de seguimiento así como una oficina de gestión que controlará la administración de los fondos y la eficacia del servicio y que reportará directamente al director general. Otro de los cambios es traspasar a la Dirección General de prestaciones sociales, que será la encargada de gestionar las tres ayudas que otorgaba hasta ahora la DGAIA. La principal prestación que gestionaba era la destinada a jóvenes extutelados.
Prevención y control económico
Otro de los cambios del «nuevo modelo de gestión» será traspasar la contratación de plazas, plazas residenciales en el ámbito de la infancia y la adolescencia, hacia la dirección general de Provisión de Servicios. Es la dirección encargada de la contratación de plazas residenciales en el ámbito de discapacidad o en el ámbito de personas mayores. La consejera ha destacado la creación de una nueva oficina de control de la gestión que seguirá un «plan de integridad que comportará diagnosticar los riesgos de opacidad, los conflictos de interés, la revisión y la creación de un código ético que establezca un régimen de incompatibilidades». También tendrá el encargo de exigir auditorías y de transparencia salarial a las entidades colaboradoras y también creará canales de denuncia y protección para los alertadores de posibles incidencias o deficiencias en la gestión.
En el proyecto de transformación entra en funcionamiento una subdirección centrada en la prevención. Esta nueva subdirección incorporará la coordinación de Barnahus, una unidad para los menores inimputables, unidades que ya habían actuado en el ámbito de la DGAIA, pero que no tenían una estructura orgánica dentro de la organización. Principalmente, dentro de esta unidad de prevención habrá un «área de apoyo a la prevención de la infancia y la adolescencia que tiene el encargo de coordinar los EIAE». Es decir, ordenar el trabajo de los equipos del mundo local que hacen el seguimiento de los casos de desamparo y de riesgo de los menores y también de los servicios de intervención socioeducativa que hacen una labor también con las familias. Este punto es quien se llevará 243 de los 300 nuevos profesionales comprometidos.
El tercer bloque que ha construido la consejera es «la mejora de la calidad en la atención de los niños y los adolescentes». De ahí que pongan en marcha un plan «de acción para la mejora de la calidad residencial donde queremos recoger las reivindicaciones del sector sobre la equiparación salarial las condiciones laborales del sector de los educadores y los profesionales que atienden a la infancia para ver cómo ir mejorando la atención y la calidad residencial». La idea es «dirigirse hacia espacios residenciales más pequeños, más humanos, donde se pueda realizar un trabajo integral de estas familias».
