La sesión de tarde de la comisión de investigación del Congreso sobre la operación Catalunya ha tenido una protagonista excepcional, la exlíder del PP en Catalunya, Alícia Sánchez-Camacho. Los diputados portavoces en la comisión la esperaban con ganas, excepto el PP y Vox, porque era la primera vez que se la podía presionar para que pudiera explicar y dar detalles sobre su participación en el operativo de la policía patriótica contra el Procés. En concreto, sobre el encuentro que mantuvo con uno de los principales responsables operativos de la redada contra el independentismo, el comisario de inteligencia jubilado, José Manuel Villarejo, el seis de noviembre de 2012.
Camacho ha sido fiel a su estilo y a su expectativa. Siguiendo el esquema de la coprotagonista del día, María Dolores de Cospedal, que ha comparecido por la mañana y ha negado no solo cualquier participación en la operación Catalunya, sino la misma existencia del plan contra el Procés o de la misma policía patriótica. Camacho ha negado «haber dado ninguna lista a nadie» y ha calificado su participación de «ficción» que «no se corresponde con la realidad». «No reconozco ninguno de los audios», ha remarcado porque «no han tenido custodia judicial».
Además, ha añadido que los audios sobre la grabación de La Camarga también se intentaron «manipular» en unos «servidores de EE.UU». «Nunca he participado en nada, la operación Catalunya ni existe, y es una ficción gramsciana», ha concluido en su primera intervención. Para Camacho, «la única operación Catalunya son los que atentaron contra el Estado de derecho» y que la han «obligado a marcharse de su tierra». Camacho ahora es diputada en la asamblea de Madrid. Para Camacho, la operación Catalunya es una «estructura ficticia de victimismo independentista que solo ha perjudicado los derechos de los constitucionalistas».
«Se me han vulnerado derechos fundamentales»
La excabeza de filas del PP en Catalunya también ha salido a la defensiva, ante la sorpresa de los diputados, y ha asegurado que se le «han vulnerado derechos fundamentales del derecho a la intimidad y al honor y al secreto de las comunicaciones». De hecho, ha dicho que no ha querido presentar demandas para no complicar la vida. Sin embargo, ha tenido que decir primero que no recuerda que se reunió con Villarejo, pero sin cerrar la puerta a que se celebrara como se «reunió con mucha gente» porque Catalunya era una «sociedad convulsa» y el papel que tenía el PP en Catalunya -«con los mejores resultados electorales»-. Pero, a preguntas del portavoz de Bildu, Jon Iñarritu, al final ha admitido que se reunió una o dos veces y habló con él por teléfono también una o dos veces, pero que «no volvió a saber nada más en la vida». Ha esquivado la cuestión cuando la presionaron para que confirmara que el primer encuentro fue en su domicilio.
También ha reconocido «la comida» con Victòria Álvarez en La Camarga y reuniones posteriores, pero sin entrar en cuál era el objetivo de los encuentros. En este contexto, Camacho ha querido girar los ataques recordando que fue investigada por los Mossos d’Esquadra según los documentos confiscados a la policía de la Generalitat en la incineradora de Sant Adrià del Besòs. De este modo, Camacho ha negado la existencia de la operación Catalunya y la ha descrito como «invención» y ha negado la «veracidad» de las grabaciones.
El portavoz de Junts, Josep Pagès, la ha retado a hacer un peritaje de las grabaciones. Precisamente, con Pagès ha tenido un enfrentamiento duro, aprovechando dos argumentos expuestos por el diputado ya que recordó el momento en que dio el móvil de Victòria Álvarez y dijo el número públicamente o los papeles confiscados en la incineradora. Pero Pagès no se ha achicado cuando Camacho ha intentado hacer pasar gato por liebre y dar la vuelta a la situación haciendo pasar a los unionistas por víctimas. «¡Pero qué se han creído!», le ha espetado para recordarle que desde entonces siempre ha tenido un cargo ante la actitud agresiva de Camacho. Un papel que ha obligado a la portavoz de ERC, Pilar Valluguera, a pedir amparo a la presidencia de la comisión, el socialista Arnau Ramírez, ante la «vergüenza ajena» que destilaba su intervención con los otros diputados.
