Pasan los años y aún se abren ventanas que pueden aportar luz a las zonas más oscuras del caso en que organismos del Estado participaron en la operación Cataluña. Esta vez, se trata del papel del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), los servicios secretos españoles, en el operativo clandestino contra el Proceso soberanista, ya años antes de su implicación en el caso Pegasus, por el cual su exdirectora Paz Esteban está imputada en varias causas en los juzgados de Barcelona.
En concreto, en el Principado de Andorra se ha llevado a la justicia el papel de los servicios secretos españoles en la trama que supuso la intervención y cierre de la Banca Privada de Andorra (BPA), la entidad donde los Pujol Ferrusola tenían el dinero que procedía de la ‘deixa’, ocultos durante años del fisco español. Una entidad que según reconocieron miembros de la policía patriótica en el juicio contra los Pujol Ferrusola, fue presionada para obtener información financiera delicada sobre los líderes del Proceso.
El Món ha tenido acceso a un escrito, presentado por la defensa del propietario de la BPA, Higini Cierco, y de su CEO, Joan Pau Miquel, ante la jueza encargada de la investigación sobre la trama andorrana de la operación Cataluña. Un denso sumario en el que están imputados Mariano Rajoy y sus exministros de Hacienda e Interior Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz, este último pendiente de sentencia por el caso de la operación Kitchen. El documento aporta indicios que acreditarían la implicación del CNI –a través de una sociedad pantalla llamada Areatec– en las maniobras para conseguir la intervención del Tesoro estadounidense, que servirían de medida de presión para obtener la información delicada fuera de los canales regulares y legales.
Unos correos, principal indicio
El escrito presentado se basa en la declaración como testigo ante los tribunales andorranos del comisario de inteligencia ahora jubilado José Manuel Villarejo, el pasado 4 de noviembre. El comisario, uno de los puntales de la policía patriótica de Rajoy, explicó, a preguntas de las partes, que unos correos que constan en la causa con el dominio Areatec.com eran de una empresa vinculada o tapadera del CNI. De hecho, estos correos con este dominio, publicados por El Món, también fueron aportados como prueba documental en el juicio de la operación Kitchen, para acreditar la relación de la policía patriótica con los servicios de inteligencia.
La voluntad del escrito presentado a la justicia andorrana es explorar esta vía para acreditar la relación entre esta sociedad y el CNI porque «resulta esencial para el desarrollo de la causa y de la investigación». De hecho, razonan que permitiría «contextualizar el origen, la naturaleza y el alcance de las comunicaciones y actuaciones analizadas». En definitiva, acabaría de reforzar la tesis de los impulsores de la querella, que es la intervención directa del estado español en la caída de BPA, lo que supondría un ataque a la soberanía andorrana.
El escrito destaca que de los correos aportados se «desprenden referencias explícitas a actuaciones coordinadas con la finalidad de incidir sobre BPA, sobre Andorra y sobre su estabilidad institucional y financiera». «Se trata de mensajes que, por su contenido, apuntan a la existencia de una estrategia previa y concertada para presionar la entidad bancaria, activar canales internacionales y propiciar una intervención exterior con consecuencias directas sobre BPA», añaden.
Dos correos muy significativos
En detalle, los dos correos son bastante significativos. Por un lado, un correo electrónico del 6 de marzo de 2015, en el que se dice: “Tus jefes y los míos solo siguen órdenes de PG”, que ha quedado identificado como el presidente del gobierno español. En el texto, el autor –que escribe desde el correo areatec.com– vincula expresamente esta actuación con los planes que este habría planteado a su homólogo andorrano. La comunicación añade, además, que la información que disponía la BPA podía “poner en riesgo el equilibrio institucional de ambas naciones”. Una referencia que, para los abogados de los denunciantes, «refuerza la trascendencia política e institucional de la operación descrita».
El segundo correo es de diez días después. Del 16 de marzo de 2015 y contiene una alusión directa al “Tesoro” y al “FinCEN” (nombre del departamento del Tesoro estadounidense) para que emitan una nueva alerta que refuerce la primera. Explicita: i“…aseguramos que los del banco andorrano no levanten cabeza.” Una mención que la defensa de los Cierco considera «de una importancia capital, porque conecta los correos aportados con la intervención estadounidense sobre la BPA y con la utilización del Tesoro de los Estados Unidos como instrumento de presión internacional contra la entidad». «Por tanto, estas comunicaciones, procedentes de un dominio acreditado como del CNI, sitúan BPA y Andorra en el centro de una actuación de indudable dimensión política, institucional e internacional», añaden.
En conclusión, los letrados de los Cierco y Joan Pau Miquel insisten a la instructora que estos dos correos permiten «sostener que existió una operación dirigida desde estructuras del Estado español, con intervención de personas vinculadas a sus servicios de inteligencia, orientada a presionar BPA y a provocar una actuación del Tesoro estadounidense contra la mencionada entidad». «Por tanto, la caída de BPA no puede ser examinada únicamente como el resultado de una decisión autónoma de las autoridades estadounidenses o de una actuación ordinaria de supervisión financiera», exponen para reclamar a UIFAND y a la AFA -las autoridades de inteligencia financiera andorranas- que aporten copia de todas las comunicaciones enviadas y recibidas, correos electrónicos, notas informativas y cualquier otra documentación, intercambiada entre ellas y con el SEPBLAC, donde está el CNI, y el FinCEN, durante el período enero 2013 a diciembre 2015, en relación con las entidades BPA y Banco Madrid.
Areatec, una sociedad pantalla: el BOE la delata
La base de todo esto es Areatec, la sociedad del dominio de los correos. En el escrito, se aportan publicaciones oficiales del BOE donde aparecen resoluciones del Ministerio de Administraciones Públicas relativas a un curso de formación en “Análisis y Gestión de Riesgos. Herramienta PILAR”, elaborado por el Centro Criptológico Nacional —integrado en el Centro Nacional de Inteligencia—, y donde se indica como dirección de contacto el correo electrónico infosec@areatec.com. Pero esta no es la única prueba. Ni mucho menos. Como prueba del nueve, hay que remontarse a los primeros programas espías que adquirieron los servicios de información y el Ministerio del Interior a una empresa llamada Hacking Team en 2010 y que fueron objeto de la primera gran filtración de Wikileaks.
En concreto, el CNI hizo negocios con HackingTeam a través de la empresa Areatec para adquirir Galileo Remote Control System (RCS), un programa del estilo del Pegasus de hace 15 años. Así lo demuestra un correo del 11 de junio de 2012, donde los técnicos de la firma, domiciliada en Italia, avisan que hay que enviar y facturar los contratos del CNI a Areatec, curiosamente domiciliada en la calle Argentona de Madrid, la entrada de servicio del CNI. Incluso, hay correos que describen que se deben enviar los contratos a esta dirección para que un mensajero los recoja una vez firmados y validados.
A todo esto, hay que añadir un conjunto de correos electrónicos aportados a la causa Tándem, en concreto en la pieza separada King, donde Villarejo recibió el encargo de la lucha contra Gabriel Obiang, el hijo de Teodoro Obiang, para evitar la fuga de dinero del petróleo de la excolonia y detener la posible filtración delicada de las altas instituciones del Estado. Para cobrar, Villarejo y su contacto con el CNI elegían qué empresas podían utilizar y cuáles no porque estaban “quemadas”. En esa correspondencia quedaba patente que Villarejo ponía su entramado empresarial al servicio del Estado y de sus estrategias clandestinas. Los correos –fechados entre abril y mayo de 2012– también se hacían con una cuenta del dominio de Areatec.com. De hecho, en el primer juicio a Villarejo por la causa Tándem, donde se juzgaban las tres primeras piezas separadas -Indoor, Pintor y Land-, se aportaron estos correos y el mismo fiscal del momento, Miguel Serrano, admitió en la vista oral que «nadie había puesto en duda que el comisario Villarejo había trabajado para el CNI». Ahora, los afectados por el cierre de la BPA quieren aclarar el papel concreto del CNI en la trama que consideran que supuso un ataque a la soberanía andorrana. Todo esto, 11 años después.
