La trama andorrana de la operación Cataluña se está convirtiendo en un verdadero serial judicial. La inadmisión de la ampliación de la querella criminal que ha generado el proceso de la justicia andorrana donde se investiga al expresidente del gobierno español, Mariano Rajoy y dos de sus ministros –Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz–, ha abierto una nueva vía procesal que podría aclarar muchas de las dudas en la investigación impulsada por el Instituto de Derechos Humanos de Andorra (INDHA). Un recurso, pero que además, puede enredar aún más un proceso que viene de lejos.
La jueza instructora mantiene la primera querella contra Rajoy, la cúpula del ministerio del Interior y varios integrantes de la policía patriótica por ataque a la soberanía, partiendo de la suposición de que habrían actuado para encontrar cuentas corrientes y fondos de las familias de los expresidentes Jordi Pujol, Artur Mas y el líder de ERC, Oriol Junqueras. Ahora bien, la instructora frenó, por ahora, la ampliación de la misma querella para incluir delitos como asociación ilícita -organización criminal del Código Penal español- y falsedad documental.
La respuesta del INDHA no se hizo esperar y recurrió la decisión. Un recurso del cual ya se han iniciado los trámites en el Tribunal de Corts de Andorra, una especie de Audiencia que sirve para resolver las apelaciones o los casos que pueden conllevar una pena más alta y que deberían quedar bajo dominio del juzgado penal, la Batllia. Más allá del fondo del recurso, sin embargo, la sorpresa para los abogados del INDHA ha sido que el Tribunal de Corts ha decidido emitir una resolución con la que obliga al juzgado instructor a comunicar a las «partes personadas» el proceso de apelación que se abre. Una orden nada menor, porque hasta hoy el INDHA, como querellante, no han tenido conocimiento formal de quién ha sido personado o no en la instrucción. Además, la orden abre la puerta a una tercera comisión rogatoria a España para investigar a Rajoy, Fernández Díaz o Montoro.
Una primera querella
La nueva fase procesal tiene su origen en enero de 2017. En esta fecha, los abogados Alfons Clavera, del Instituto de Derechos Humanos de Andorra, y Agustí Carles, de la entidad Drets, presentaron una querella en la que se desgranaba cómo fue la operación Cataluña en Andorra y cómo se vulneró la soberanía del Principado. La querella fue admitida a trámite por la jueza de la sección de instrucción especializada 2 de Andorra, Stephanie Garcia, que inició la investigación con todas las cautelas y protección que le permitía la legislación procesal andorrana. Meses después, se añadieron a la querella los hermanos Higini y Ramon Cierco, propietarios de la Banca Privada de Andorra (BPA), la entidad financiera andorrana donde los Pujol tenían fondos y que cerró sus puertas tras maniobras de la policía patriótica ante el Tesoro de los EE.UU.
La querella fue alimentándose de documentos, diligencias e indicios aportados por los querellantes, y se citaron a declarar algunos de los denunciados, como el comisario de inteligencia jubilado José Manuel Villarejo y el comisario Marcelino Martín Blas, exjefe de la División de Asuntos Internos del Cuerpo Nacional de Policía. De hecho, la declaración de Villarejo, en el año 2020, obligó a una ampliación de querella que fue aceptada. Además, la jueza incluyó en el sumario una declaración judicial de Higini Cierco ante la jueza instructora del llamado caso BPA, Canòlic Mignorance, donde explicó que a partir del mes de mayo de 2014 tanto él como el CEO del banco, Joan Pau Miquel, fueron coaccionados y extorsionados, primero por el inspector del Cuerpo Nacional de Policía que era entonces agregado de Interior en la embajada española, Celestino Barroso, y después por Marcelino Martín Blas, alias Fèlix, en diferentes encuentros con Joan Pau Miquel en Madrid.
Pero no fue hasta el 20 de mayo del año 2022 que la jueza instructora impulsó la imputación de Rajoy, Montoro y Fernández Díaz, así como la de Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad; Ignacio Cosidó, exdirector general de la Policía; el comisario Eugenio Pino, exdirector adjunto operativo de la policía, y su mano derecha, el inspector Bonifacio Díez, alias Boni. En esa fecha, la jueza remitió a España las comisiones rogatorias, que, en un principio, fueron admitidas y tramitadas. Pero un truco procesal a través de un recurso de reposición y la ayuda de una decisión de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid decidió detener las comisiones.
Renovación de comisiones y nueva ampliación
Tras la negativa de España a seguir adelante con las comisiones rogatorias, la jueza andorrana no se dio por vencida. Recogió los argumentos que le reprochaba la justicia española: en sustancia, que la justicia andorrana no había “concretado una exposición sumaria de los hechos y aún menos una descripción individualizada de los hechos que se imputaba a cada querellado”. La jueza se arremangó y volvió a remitir las comisiones rogatorias, con respuesta a las peticiones de España, aportando la querella y los hechos que corresponderían a cada investigado. “Remito la comisión exponiendo de manera clara y detallada los hechos investigados y la participación de los querellados de manera individualizada”, aseguraba la providencia, a la cual tuvo acceso El Món.
Además, la jueza ya citaba a los primeros testigos. Aquellas serían las segundas comisiones rogatorias enviadas con el recordatorio de que, en primera instancia, la justicia española ya las había admitido. Pero, justo un mes después, la jueza rechazaba admitir la ampliación de la querella. Un escrito que incluía los delitos de organización criminal y falsedad documental. Un rechazo que la jueza se cuidaba de advertir que era temporal, hasta que los indicios no sean más robustos. Fuentes cercanas al caso apuntan que la jueza tenía intención de acotar la investigación y conseguir el trámite de las comisiones rogatorias por los hechos de la primera querella, donde sí cree que tiene indicios de comisión de delito. Por tanto, la intención sería asegurar el disparo.
Un recurso de inadmisión y una nueva oportunidad
Pero el INDHA no se quedó de brazos cruzados, y el primero de septiembre presentó un recurso contra la inadmisión, un escrito de 14 páginas al cual ha tenido acceso El Món, donde se opone frontalmente a la inadmisión. Además, critica que la jueza «infravalora gravemente el contenido de las pruebas e indicios racionales objetivos aportados, ignorando su valor indiciario». En detalle, los 140 documentos aportados donde constan documentos públicos, otros judicializados en España o que resultan de las comparecencias en la comisión de investigación de la operación Cataluña en el Congreso de Diputados, teóricamente aún activa.
Asimismo, carga con intención contra el servicio de Policía Andorrana, que hace tres años que tiene pendiente de entregar a la jueza instructora un informe completo sobre los hechos relatados en la querella. «Justamente, ha sido ante esta pasividad y falta de colaboración de la policía andorrana que esta representación, en su afán de colaborar con la justicia y que se pueda llevar adelante esta instrucción, en su condición de acción popular, aportó mucha de la documentación requerida a la policía que hemos podido conseguir por diferentes fuentes, para saber qué ‘hay de verdad’ sobre la realidad de los hechos», argumenta el recurso, recogiendo la orden expresa de la jueza a la policía de elaborar un informe para «saber la verdad».
Un recurso, una nueva oportunidad que aún enreda más la trama
Una vez interpuesto el recurso, el Tribunal de Corts tampoco se entretuvo. El pasado diez de septiembre, dictó una breve interlocutoria de dos páginas a la cual ha tenido acceso El Món, donde iniciaba la tramitación del recurso, pero al mismo tiempo lo suspendía. El argumento de la magistrada ponente, Concepció Baró, era que «la resolución objeto de recurso de apelación no ha sido notificada a todas las partes intervinientes y aquellas otras que puedan tener un interés legítimo en la resolución objeto de recurso».
Para el tribunal, este detalle es clave porque puede constituir, a su parecer, «una vulneración del derecho a la defensa y a la jurisdicción garantizados por la Constitución de Andorra, e imposibilita la tramitación del recurso hasta que no esté todo el mundo notificado». Unos argumentos que han sonado a música celestial a los impulsores de la querella, aunque puede ralentizar el proceso, porque por fin podrán saber quién está personado -hasta ahora tienen sospechas de quién y cuándo se personó, pero no una notificación formal-. Además, ven la brecha para remitir una tercera comisión rogatoria a España con la que se invite, como parte interesada o parte con interés legítimo, a Rajoy, Fernández Díaz, Montoro y el resto de querellados, para que se pronuncien sobre el recurso de apelación. Un recurso que podría acabar con un nuevo delito a investigar en relación con la cúpula del Ministerio del Interior de la época y entonces del gobierno español. Concretamente, si la policía patriótica fue una organización criminal de la que Mariano Rajoy era el jefe.
