Mayo de 2016. Esta es la fecha en que un juzgado de Madrid tuvo conocimiento oficialmente de un operativo por parte de las cloacas del Estado contra los políticos catalanes. Así lo demuestra un extensísimo informe policial de la Unidad de Asuntos Internos del Cuerpo Nacional de Policía con el número 67/2016, de 20 de mayo de 2016, presentado en el juzgado de instrucción número 2 de Madrid, dirigido por el magistrado Arturo Zamarriego, a raíz de la Operación Nicolay. El atestado se ha incorporado a la causa Tándem a través de la pieza separada Kitchen, que investiga el espionaje por parte de la policía patriótica a la ex tesorero del PP Luis Bárcenas.
El informe, al que ha tenido acceso El Món, expresa las dudas y sospechas que levantaban hechos cómo que el mismo abogado de Javier de la Rosa, Rafael Redondo, fuera quién acompañó Victoria Álvarez a declarar contra los Pujol, un letrado que además era socio del comisario de inteligencia ahora jubilado José Manuel Villarejo. También recoge que el empresario Javier de la Rosa había cobrado 250.000 euros para denunciar a los Pujol; las anotaciones sobre conversaciones entre Francisco Nicolás Gómez, el
A pesar del detalladísimo relato, el juez miró hacia otro lado y se limitó a investigar una grabación entre miembros del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el entonces comisario jefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas, que acabó con Villarejo y su mujer, Gema Alcalá, juzgados y absueltos años después, el pasado mes de noviembre del 2022.
«Casos políticos»
El informe policial avisa al juez que, a través de Jaime Barrado, jefe de la comisaría del distrito madrileño de Carabanchel, se ha tenido conocimiento de que Villarejo ha participado en varias operaciones policiales contra «políticos». En concreto, dice «casos políticos». A partir de aquí, el inspector instructor del informe, Rubén López, desgrana la tesis que había una brigada policial que actuaba a su antojo, elaborando pruebas para abrir causas penales y perseguir políticos, entre los cuales coloca a la familia Pujol. Incluso, puntualiza que Javier de la Rosa preveía cobrar 250.000 euros «prometidos por el Estado» a través de Villarejo a cambio de delatar las supuestas ilegalidades de la familia Pujol.
En este punto, el inspector López resalta que la Asociación Transparencia y Justicia –una entidad del entramado de Villarejo– se ha personado en la causa Pujol a través de Rafael Redondo como abogado. Así, destaca que es el mismo abogado que acompaña Victoria Álvarez [ex amante de Jordi Pujol Ferrusola] a declarar a la UDEF, hasta el punto de «presenciar la declaración e intervenir con recomendaciones en presencia de los policías». También subraya que Redondo es a la vez quién acompañó Javier de la Rosa a declarar al juzgado de instrucción número 43 de Madrid, en una época en la que también está datada la conversación del comisario Villarejo con Javier de la Rosa sobre «quitarle la jurisdicción a esta magistrada y devolver el asunto a la Audiencia Nacional», recoge el informe.
Esta situación lleva al policía autor del atestado a subrayar al juez la protección que tenía Villarejo y su equipo para hacer este tipo de operaciones por parte de la Dirección Adjunta de la Policía, máximo mando uniformado del Cuerpo Nacional de Policía. «Un hecho que no es frecuente», enfatiza el instructor.
El registro al Pequeño Nicolás, clave
El policía añade al expediente la prueba documental recuperada en el registro que la policía hizo en el domicilio del Pequeño Nicolás. Se trata de un «cuaderno rojo» que recogía los apuntes de una reunión entre Francisco Nicolás Gómez y Manuel Pérez, abogado, una de las identidades encubiertas de Villarejo, con información sobre políticos catalanes como por ejemplo los Pujol, Xavier Trias y el ex consejero de Interior Felip Puig y sus relaciones. Además, apunta también el nombre de Javier Basso y Alícia Sánchez-Camacho, dos nombres claves del PP en Cataluña, que habrían facilitado contactos a Villarejo para articular una verdadera lista negra de independentistas. Incluye en la lista a Método 3, la agencia de detectives que grabó la famosa conversación del restaurante La Camarga entre Victoria Álvarez i Sánchez-Camacho. Incluso, hay una anotación con el nombre de Belén Suárez, número dos de la Fiscalía Anticorrupción, que «tapó todo aquello del rey». Un apunte que deja la puerta abierta a especulaciones sobre las posibles actuaciones de la Fiscalía en relación con los negocios del rey emérito.
Además, el policía autor del informe habla de una conversación grabada entre Javier de la Rosa y lo Pequeño Nicolás, sobre «puntos de gran interés». Así, menciona que De la Rosa le habría dicho que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, le habría comentado que «estaba colaborando con un comisario de policía y el PP para hacer un informe (en relación al informe de la familia Pujol)». Una conversación que asusta el instructor al ver que relaciona el PP con las actividades policiales clandestinas. También apunta que el ministro estaría presionado por antiguos comisarios de policía que habrían montado agencias de detectives y sabían que «había vivido de los Pujol».
Por otro lado, De la Rosa advirtió al Pequeño Nicolás que Villarejo y el entonces jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), el comisario José Luis Olivera, eran «peligrosos» y los relacionó con el famoso
A pesar de esta información, el inspector Rubén se quedó solo. Pero, eso sí, no se rindió. Presentó más informes. Continuará.
