El exjefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y exdirector del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), el comisario José Luis Olivera, ahora jubilado, tiene muchas horas de vuelo. Tanto es así que en su comparecencia en la comisión de investigación de la operación Catalunya de este martes se ha pasado de listo. De hecho, la portavoz de Podemos, Ione Belarra, le ha pedido que hiciera el favor de «no tomar por tontos a los diputados».
No era él, era su vanidad
Olivera llegaba a la comisión después de que El Món haya publicado los audios del 21 de enero de 2015 donde reconocía abiertamente su participación en la operación Catalunya y apoyaba a su compañero José Manuel Villarejo, de quien ahora niega ser su mano derecha. De hecho, en su comparecencia se ha escudado en la «vanidad» de una comida o en una mágica y extraordinaria edición de las grabaciones para desvincularse del operativo contra el Procés. Olivera ha enfatizado que «de ninguna manera» participó de la conocida como «policía política» contra el independentismo catalán.
Aún así, Olivera se ha remontado a su etapa al frente de la UDEF para reconocer que «sí que llegaban algunos informes anónimos, notas anónimas». Sin embargo, el comisario no ha podido confirmar si estos informes versaban sobre el exalcalde de Barcelona Xavier Trias o sobre otros políticos. De hecho, ha recurrido al tradicional «no lo recuerdo» y ha propuesto a los diputados solicitar los archivos de la UDEF, «donde deben aún permanecer los anónimos». En todo caso, Olivera ha respondido a preguntas del diputado de Junts Josep Pagès que había informaciones de inteligencia que apuntaban que la familia del exalcalde tenía «intereses» y «algún negocio» en Suiza.
El caso Palau como excusa
Por otro lado, Olivera ha defendido la UDEF como una «unidad de élite» que «jugaba en la Champions» y que, según él, no se dedicaba a perseguir políticos independentistas. De hecho, ha señalado que la única vez que tuvo una relación directa con una investigación en Catalunya fue en el año 2011, por el caso Palau. Y ha explicado que fue el año en que viajó por primera vez a Barcelona para hablar con el responsable de la Fiscalía Anticorrupción en Catalunya.
«Lo que se detectaba es que había muchas empresas, empresas que, para poder trabajar en Catalunya, tenían que hacer aportaciones al Palau de la Música y que luego había derivaciones hacia una determinada formación política», ha detallado. Además, se ha jactado de su condición de catalán para poder ayudar a los investigadores del caso que desconocían la lengua.
Olivera ha lamentado que otro comisario jubilado, Marcelino Martín Blas, «olvidara» en su comparecencia en la comisión del Congreso que cuando viajaron a Catalunya lo que querían era presentar a varios fiscales una «unidad de inteligencia», previo conocimiento del secretario de Estado de Seguridad, y ha descartado que fuera algo relativo a investigaciones sobre políticos catalanes. Martín Blas relató a la comisión su viaje a Barcelona para intentar convencer a los fiscales de ir más allá con el caso Palau y entrar a registrar la sede de la formación. Un registro que sí se realizó posteriormente, en el marco de la operación Petrum, integrada en el caso 3%, con el fiscal José Grinda.
