La política está llena de casualidades. El último ejemplo: justo al día siguiente de que el comisario Marcelino Martín Blas, exjefe de la Unidad de Asuntos Internos, admitiera en el Congreso la existencia de la operación Catalunya, se ha confirmado una condena al comisario jubilado José Manuel Villarejo, uno de los miembros ejecutivos de la trama contra el Procés.
La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional ha confirmado la condena de tres años de prisión a Villarejo como autor de un delito de cohecho pasivo por haber investigado de manera ilícita, entre enero y junio de 2014 y por encargo de la editorial Planeta, a uno de los árbitros del laudo entre este grupo de comunicación y Kiss FM.
En una sentencia, de 73 páginas, la Sala de Apelación desestima el recurso presentado por Villarejo contra la sentencia dictada el pasado mes de mayo por la Sección Cuarta Penal en esta pieza 12 del caso Tándem, el llamado proyecto July. En cambio, en el caso del otro condenado por estos hechos, el policía Antonio Giménez Raso, la Sala ha estimado parcialmente su recurso y le rebaja la condena de 3 años de prisión a 2 años y 9 meses. Es decir, la pena que había solicitado la Fiscalía Anticorrupción al finalizar la vista oral.
Cobrar al grupo Planeta por hacer de policía sin decírselo a sus jefes
La decisión de la Sala de Apelación confirma los hechos probados de la sentencia de instancia, según los cuales Villarejo –comisario del Cuerpo Nacional de Policía destinado a la Dirección Adjunta Operativa desde el 13 de enero de 2011 hasta su jubilación, el 22 de junio de 2016– y Giménez Raso, a través de su empresa Cenyt, se reunieron con dos acusados más (que ya fueron absueltos) del Grupo Planeta para llevar a cabo un encargo.
El encargo trataba de investigar si Julio González Soria –uno de los árbitros designados por la Cámara de Comercio de Madrid en el procedimiento arbitral que enfrentó los años 2003 y 2004 a las sociedades Uniprex SA, participada por Planeta y por el grupo Radio Blanca– habría podido recibir sobornos a cuenta de tal intervención.
Este procedimiento arbitral, explicaba la sentencia, tenía su origen en los conflictos surgidos entre las partes a cuenta de la adquisición de la gestión de la publicidad de las emisoras de Kiss FM y concluyó con un laudo arbitral contrario a los intereses del grupo Planeta. La resolución considera que Villarejo actuó como policía, sin reportarlo a sus superiores y cobrando por hacer el trabajo que le correspondía como funcionario. De hecho, apuntan que habría cobrado hasta un millón de euros por este trabajo. Los magistrados consideran que actuó «movido por su afán económico, corrompiendo así la función pública que encarna, poniendo antes y por dinero a disposición de una entidad privada su actividad profesional de servicio público propia, rindiéndola así a fines meramente particulares, degenerándola a través de un delito contra precisamente esta propia Administración Pública”.
