Las vistas orales siempre aportan datos interesantes, y más cuando hay acusados con ganas de gresca y abogados defensores audaces con el objetivo de dejar las cosas claras. Este es el caso del juicio contra los exconsejeros de Salud Alba Vergés y Josep Maria Argimon, así como tres altos cargos del departamento de Salud durante la pandemia. Todos acusados de prevaricación por, supuestamente, haber discriminado a los efectivos del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil en el proceso de vacunación. De hecho, hubo dos suspensiones que retrasaron tres semanas la inmunización de la totalidad de los miembros de los cuerpos policiales destinados en Cataluña, la cuestión es por qué.
Este lunes por la mañana han pasado por la sala de juicios siete testigos que participaron en los protocolos de vacunación y tuvieron responsabilidades en la gestión de la salud pública durante la pandemia. Más allá de aclarar mensajes internos entre los acusados, como whatsapps, que han servido para construir las acusaciones, se ha colado en el juicio un elemento clave que ha hecho levantar las orejas del tribunal, que preside con profesionalidad José Manuel del Amo. En concreto, se ha hablado de los censos de agentes susceptibles de ser vacunados. Ha introducido la duda Sara Manjón, entonces directora del Área de Profesionales y Organizaciones del Servicio Catalán de la Salud, que ha detallado al tribunal que los censos de policías y guardias civiles llegaron tarde y mal. Un hecho que dificultaba la organización logística de la vacunación.
Miedo a dar datos
La tesis ha sido reforzada por Pol Pérez, jefe de Tecnología del departamento, que gestionaba la recepción y el estudio de los censos. Y en el mismo sentido, se ha expresado la directora de servicios del departamento de Interior, Raquel Sistaré, que ha recriminado que los listados, que ya habían completado los Mossos d’Esquadra, ni la Guardia Civil ni el CNP los completaban como mandaba el protocolo. Era una especie de excel con edades y datos más o menos personales, para evitar que si un agente policial español era destinado a Burgos no entrara en las listas de vacunación del lugar de destino.
De hecho, al delegado del CNP para la vacunación, durante su testifical en la última sesión del juicio, se le escapó cuando alegó motivos de «salud» por los cambios de los datos, interrumpiendo la pronunciación de una palabra que comenzaba por «seg», en referencia a la seguridad. Una idea que las defensas han cogido de inmediato, con el entendimiento de que parte de la demora de la vacunación fue la entrega tardía y con datos incorrectos o incompletos, más allá de las dos interrupciones por motivos de prevención y por falta de vacunas, lo que obligó a priorizar las vacunaciones en la franja de edad de entre 60 y 65 años. La tesis que ahora se puede oler en la sala es que a los efectivos policiales de la Guardia Civil y el CNP no les hacía gracia dar según qué datos a la Generalitat. La reverberación del Primero de Octubre llegó hasta la pandemia.
