Una polémica recorre Cataluña. Frente a la complejidad y lentitud de los portales oficiales de transparencia de las administraciones, ciudadanos anónimos y desarrolladores informáticos han tomado la iniciativa de extraer los datos en bruto de las administraciones y traducirlos a formatos accesibles, visuales y comprensibles. En las últimas semanas, el panorama político y mediático catalán se ha visto sacudido por la irrupción de tres herramientas –subvencions.cat, contractes.cat y menjòmetre.cat–. Los tres casos evidencian que la tecnología permite hoy a los ciudadanos auditar las cuentas públicas al margen de la administración pública, y esto provoca tensiones con un establishment poco acostumbrado a este nivel de escrutinio directo al margen de los mecanismos que controla.
Las dos primeras, subvencions.cat y contractes.cat, han sido creadas por el ingeniero informático Gerard Giménez. Estos portales extraen y visualizan de forma independiente y muy gráfica los datos de los contratos públicos o subvenciones distribuidas a todo tipo de entidades y organismos, ordenadas por concepto, fecha y administración otorgante. El impacto de subvencions.cat fue tan masivo que, pocos días después de su lanzamiento y viralización, la Generalitat bloqueó temporalmente el acceso a la base de datos de origen y terminó anonimizando y retirando más de un millón de registros –principalmente de ayuntamientos y diputaciones–. Mientras el ingeniero denunciaba un apagón informativo para dificultar la fiscalización del gasto, desde las instituciones se justificó la retirada de los registros como una medida necesaria de protección de datos personales.
El tercer portal, menjòmetre.cat, ha sido impulsado por el colectivo anónimo Segell Fosc. Se basa en el análisis de datos de contratación pública y el usuario puede consultar qué empresas o entidades reciben fondos públicos, en qué cantidad y con qué recurrencia. Ahora bien, la interpretación de los datos también requiere contexto. El hecho de que una empresa concentre un volumen elevado de contratos no implica necesariamente ninguna irregularidad, sino que a menudo responde a la prestación de servicios esenciales o a la dimensión de la empresa dentro del sector público o concertado. Con todo, esta iniciativa ha generado un intenso debate en las redes y en los medios. Por un lado, se aplaude su capacidad técnica para ordenar una pila de datos fragmentados que, de otra manera, se pueden perder entre grandes volúmenes de información administrativa. Por otro, ha recibido fuertes críticas por la falta de contexto de algunas cifras y por utilizar un tono que ciertos sectores y medios públicos tildan de «populista» o «extrema derecha». Unos calificativos que rechazan frontalmente, y defienden que una ciudadanía «con criterio propio, que pueda discernir la información y hacer su análisis». Y también justifican su iniciativa: «Llevamos 40 años esperando. Como no lo han hecho —porque no les interesa—, lo hemos hecho nosotros en un fin de semana».
El cumplimiento de la ley no siempre garantiza una transparencia real
Varios expertos consultados por El Món aseguran que el mero cumplimiento formal de la ley no siempre garantiza una transparencia real: muchas veces, la información oficial se publica de forma fragmentada, utilizando un lenguaje burocrático o en plataformas institucionales de navegación casi imposible. Para el profesor titular de derecho administrativo en la UPF Josep Mir –que también fue secretario general de Política Territorial y Obras Públicas entre 2003 y 2004, con Pasqual Maragall de presidente y miembro de la Comisión de transparencia y buen gobierno–, los mecanismos actuales de transparencia «en teoría, son razonables, suficientes». En una línea similar, la directora de la Fundación Carles Pi i Sunyer, Esther Pano, considera que los mecanismos «son suficientes en términos de publicidad» y destaca que la actual ley de transparencia catalana «es una ley exhaustiva y detallada, y, por tanto, incorpora muchísimas obligaciones». Por su parte, el doctor en ciencia política y de la administración Joaquim Brugué reconoce este avance legal señalando que en los últimos años «se han impulsado leyes de transparencia, se han abierto webs y hay mecanismos», pero advierte un problema de base: «Tampoco hay una cultura de la transparencia».
A pesar de la teoría, la práctica presenta grandes retos. Mir señala que «hay déficits de aplicación» y que, aunque las administraciones cumplan la ley, las informaciones «muchas veces son difíciles de consultar o de ordenar por el ciudadano y, incluso, por el profesional que quiere acceder». Pano coincide en que «los mecanismos que tenemos al alcance a veces son difíciles de ordenar e incluso de consultar». Y Brugué también se suma a esta crítica y constata que «a menudo, estos mecanismos no son fáciles de utilizar». Además, introduce un nuevo factor que añade complejidad y lentitud al sistema: «Hay también una tensión entre la apuesta por la transparencia y la importancia que le damos a la protección de datos», lo cual actúa como un filtro que «hace que todo sea un poco más dificultoso». El coeditor del portal Octuvre y exdiputado Albano-Dante Fachín es el más crítico con esta barrera de acceso a la información pública. Para él, los mecanismos actuales «son insuficientes» porque la ley, según remarca, «no solo dice que los datos deben estar publicados, sino que deben ser accesibles». «Y de accesibles lo son muy poco», sentencia.
Un problema que favorece la creación de nuevos portales
Ante la dificultad de las plataformas oficiales, Brugué valora positivamente las herramientas que han surgido recientemente, o las que pueda crear la sociedad civil o el periodismo. El experto defiende que es un buen hábito que se dediquen a «recoger, ordenar, sistematizar y mostrar la información» para hacerla más inteligible para la ciudadanía. «Es un buen hábito que la misma sociedad civil y los profesionales del periodismo utilicen la transparencia para hacer monografías o estas páginas web para acabar mostrando de una forma más inteligible para la ciudadanía lo que hace la administración». Pero advierte que esto también puede acabar en manos «de gente interesada en desacreditar todo este mundo público» y considera que hay que reclamar «profesionalidad y una cierta neutralidad a la gente que hace estos portales o que hace esta selección de información». Mir, por su parte, señala que esta iniciativa la «puede tomar cualquiera». En este sentido, expone que una de las finalidades de la ley de transparencia era entender que el acceso a la información debía servir «no solo para profundizar la democracia, sino también para generar más oportunidades de iniciativa empresarial o económica». «Es decir, entender que con el acceso a datos que hay en las administraciones públicas podría haber personas o empresas que tendrían nuevas oportunidades de negocio», dice. Y señala que las iniciativas surgidas son «una manifestación de eso».
Albano–Dante Fachín ve positivo que surjan iniciativas que ofrezcan «más concreción sobre cómo se gastan los dineros públicos», y defiende que portales como el de subvencions.cat y contractes.cat «los debería haber hecho la Generalitat y no un ingeniero, y no lo hizo». Por otro lado, discrepa de algunas de las «interpretaciones» que se hacen a partir de datos del menjòmetre.cat, porque «hay entidades del tercer sector que hacen una labor magnífica» y hay sectores que «desaparecerían» si se dejan en manos del mercado, pero rechaza frontalmente que «interpretar datos» sea de extrema derecha. Finalmente, Pano avisa que es necesario «vigilar la premisa» a partir de la cual se genera una determinada herramienta. «Toda premisa que venga acompañada de facilitar mejor información para la ciudadanía y para los diferentes actores que intervengan es bienvenida y creo que es óptima», dice, pero cree que la palabra «menjòmetre» muestra una intencionalidad. «Es legítimo que participe en la conversación pública sobre la transparencia, pero parte de una premisa que no puedo dar por buena porque no creo que las instituciones generan de forma sistemática sistemas de subvención como un mecanismo fraudulento», expone. Los impulsores del menjòmetre.cat defienden el nombre para no esconderse «detrás de eufemismos». Rechazan nombres como «observatorio de prácticas administrativas» o «plataforma de control presupuestario» porque, según dicen, sería «vestir la realidad con palabras que no hacen daño, que no incomodan, que no obligan a mirar».
La Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública, síntoma de un sistema que falla
Tanto Mir como Fachín hacen referencia a la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP) como termómetro de la situación, ya que este organismo se dedica a resolver las reclamaciones que presentan entidades o ciudadanos que no han conseguido que la administración entregue la información requerida. Mir explica que el número de reclamaciones a este organismo «no deja de crecer», lo cual «denota que hay un problema, que hay mucha gente que quiere acceder a información y que no la obtiene». «Por tanto, estas personas como mínimo, o estas entidades, consideran que es insuficiente la información que obtienen de las administraciones públicas», añade.
En este sentido, Fachín va más allá en su análisis y considera que el hecho «de que tú tengas que llegar a la GAIP significa que antes te has encontrado un problema para acceder» a la información pública. Denuncia que el hecho de que alguien deba recurrir a la GAIP para obtener una información es «la confirmación» de que a alguien no le han facilitado unos datos y ha tenido que ir a batallarlos administrativamente. «Hay un discurso de la transparencia que está muy por delante del ejercicio de la transparencia real», alerta. Y critica que se agoten todos los límites legales para facilitar información. «La GAIP, que es una herramienta de protección para quien pide información, se ha convertido en la excusa para no dar información», concluye.
La etiqueta de «extrema derecha»: una manera de simplificar el debate sobre la transparencia
La aparición de nuevas plataformas ciudadanas que facilitan la consulta de subvenciones o contratos públicos no ha venido libre de polémica política. TV3 habló en el Telenotícies Vespre sobre estos portales, para criticarlos, y aseguró que estas iniciativas alternativas habían abierto la puerta a campañas populistas, demagógicas y de la extrema derecha. El menjòmetre.cat replicó a la información del 3Cat con un post en su cuenta de Twitter y criticó la «pedregada diaria sobre la llegada de la extrema derecha». Asimismo, aseguraron: «Lo único que queremos es transparencia democrática de una información que la ley obliga a publicar de manera abierta».
Más allá de la opinión de una de las partes enfrentadas en la polémica provocada por TV3, los expertos consideran que el uso recurrente de la etiqueta ‘extrema derecha’ puede convertirse en un atajo para evitar el fondo de la cuestión: ¿por qué la administración no ofrece ella misma esta claridad? Esther Pano pide prudencia antes de juzgar las iniciativas por el ruido que puedan generar. El riesgo de simplificar el debate bajo una etiqueta ideológica es que se acabe penalizando la transparencia misma, en lugar de combatir el uso malintencionado que se pueda hacer. «Ningún movimiento que analice información debe ser considerado de extrema derecha de salida. A priori, aunque desconozco estas iniciativas, todo debe analizarse con mucho más cuidado», expone.
Hem sortit al TN vespre !!
— Menjòmetre (@Menjometre) March 23, 2026
Hem après que:
– Som nacional-populistes (?)
– Amenacem a la mitjans (WTF?)
– Parlem com en Trump 😅
– No volem que aprofundiu en com funciona el sistema en realitat 🤔
– Escampem odi 🤦♂️
Escolteu-lo sencer, no té pèrdua!
Han dit una cosa correcta… pic.twitter.com/6z7GSZCeXH
Josep Mir pone el dedo en la llaga sobre la naturaleza de la información. Según Mir, los datos sobre cómo se gastan los dineros públicos «están al alcance de todos» y son neutrales por definición. A pesar de admitir que hay actores que pueden utilizar esta información con «intereses espurios» o para alimentar mensajes en las redes, advierte que eso no invalida el dato. El problema, según Mir, es que la falta de facilidades de la administración deja el campo libre para que sea un ingeniero particular o un activista externo quien ordene el caos, independientemente de su ideología. Brugué, por su parte, admite que la extrema derecha utiliza a menudo mecanismos de transparencia para atacar las instituciones y sus valores constitutivos. Aun así, cree que el debate no debería cerrarse con la etiqueta: si la democracia quiere defenderse de estas pulsiones, la respuesta no debería ser la ocultación, sino una transparencia tan impecable que no dejara espacio a la manipulación. Finalmente, Fachín va un paso más allá y ve en estas calificaciones una estrategia defensiva del poder. Según su punto de vista, cuando los medios públicos vinculan una herramienta con «la extrema derecha» lo hacen para desacreditarla. «Si la información es real y el dato es cierto, el debate sobre quién la publica es, a veces, una manera de no hablar de la misma opacidad», sostiene.
