La convocatoria de elecciones anticipadas en España para el 29 de noviembre abre un paréntesis político, pero también económico. Aunque el gobierno español aún puede aprobar y desplegar algunas medidas -intentará aprobar en la Diputación Permanente los decretos de vivienda- antes de la disolución de las Cortes, varias reformas que estaban en tramitación parlamentaria quedan ahora condicionadas por el adelanto electoral. El próximo ejecutivo deberá decidir si las recupera, las modifica o las deja caer. El impacto es especialmente relevante para las empresas. Sobre la mesa hay cambios en la jornada laboral, el registro horario, las prácticas formativas, la digitalización de las pymes y el sistema de pensiones. Y, por encima de todas estas carpetas, hay una cuestión transversal: el Estado afronta la nueva legislatura sin haber culminado aún la normalización de las cuentas públicas y con un margen fiscal condicionado por la evolución del gasto y de los ingresos.
Estas son algunas de las reformas económicas que ahora quedan en el limbo político con la convocatoria electoral de Pedro Sánchez:
La jornada de 37,5 horas, la gran reforma laboral pendiente
La reducción de la jornada laboral es una de las principales reformas económicas que queda sin culminar. El gobierno español planteó reducir la jornada máxima legal de las 40 a las 37,5 horas semanales, pero la propuesta chocó con la falta de apoyos parlamentarios y no prosperó. La convocatoria electoral obliga ahora a volver a empezar cualquier reforma legislativa que no haya culminado su tramitación, y por lo tanto, el debate pasará al próximo Congreso y volverá a poner sobre la mesa una cuestión con efectos directos sobre los costos laborales y la organización de las empresas.
La discusión no se ha limitado al número de horas trabajadas. Una reducción de jornada puede afectar los turnos, la productividad, los costos por hora efectiva de trabajo y la capacidad de organización, especialmente en sectores intensivos en mano de obra. Las organizaciones empresariales han cuestionado el impacto que tendría una reducción impuesta por ley, mientras que los sindicatos han defendido que la negociación colectiva no ha conseguido reducir suficientemente la jornada. El próximo inquilino de Moncloa deberá decidir si recupera una propuesta similar, si la modifica o si deja más margen a la negociación colectiva.
El registro horario, una nueva carga reguladora para las empresas
La jornada laboral lleva asociada una segunda carpeta: el nuevo registro horario. El ejecutivo Sánchez trabajaba en una reforma destinada a reforzar el control sobre el tiempo efectivamente trabajado y avanzar hacia un sistema más digitalizado. El cambio tiene una dimensión empresarial clara: un registro más exigente implica adaptaciones organizativas y tecnológicas y puede representar una carga especialmente significativa para las pequeñas empresas, que disponen de menos recursos para asumir nuevas obligaciones administrativas. Además, la reforma está estrechamente vinculada a la reducción de jornada, porque si la jornada máxima legal disminuye, el control de las horas efectivamente trabajadas adquiere aún más importancia.
Pymes: factura electrónica, morosidad y acceso al financiamiento
En el caso de las pymes, es necesario hacer una distinción importante: no todo queda en suspenso. La factura electrónica obligatoria ya tiene desarrollo reglamentario, y el Real Decreto 238/2026 establece los requisitos técnicos y de información del sistema español de facturación electrónica obligatoria entre empresas y profesionales. Lo que queda ahora en manos del próximo gobierno español es, sobre todo, el despliegue de este sistema. La aplicación se hará de manera gradual y afectará primero a las empresas con una facturación superior a los ocho millones de euros, y posteriormente el resto. La medida obliga a muchas empresas a digitalizar sus procesos de facturación, y al mismo tiempo busca facilitar el seguimiento de los pagos y contribuir a reducir uno de los problemas estructurales de las pymes: la morosidad.
El reto es especialmente importante para las empresas pequeñas, que a menudo tienen menos capacidad financiera para absorber retrasos en los cobros. El período medio de pago entre empresas sigue situándose por encima del plazo legal de 60 días, según los datos con los que ha trabajado Madrid. A esta carpeta se añaden otras medidas dirigidas a facilitar el crecimiento empresarial, la internacionalización y el acceso al financiamiento. La próxima legislatura deberá determinar hasta qué punto estas políticas se mantienen y cómo se concretan.
Pensiones y cotizaciones: la reforma que no se acaba
Hay una carpeta más estructural: la sostenibilidad del sistema de pensiones. Aquí tampoco se puede hablar de una reforma simplemente paralizada, porque una parte importante de los cambios ya ha sido aprobada y está en vigor, pero el sistema continúa exigiendo decisiones sobre ingresos, cotizaciones y gasto. Las reformas aprobadas en los últimos años han incorporado sistemas como el Mecanismo de Equidad Intergeneracional y la cuota adicional de solidaridad, al mismo tiempo que han modificado las bases de cotización. Pero el debate sobre cómo garantizar los ingresos necesarios para sostener el sistema continuará durante la próxima legislatura.
Es una cuestión con una incidencia directa sobre las empresas, porque el aumento de las cotizaciones repercute en el costo laboral, mientras que el envejecimiento de la población incrementa la presión sobre el gasto público. Por eso, más que una nueva gran reforma de pensiones pendiente de aprobar, lo que heredará el próximo gobierno español es la necesidad de continuar ajustando el equilibrio entre cotizaciones, empleo y gasto en pensiones.
La nueva Ley de Industria
La reforma de la Ley de Industria, aprobada por el Consejo de Ministros en diciembre de 2024, continúa bloqueada en el Congreso. El proyecto pretende actualizar el marco regulador del sector industrial y adaptarlo a los retos de la transición energética y digital, pero su tramitación no ha llegado a culminar. La cuestión va más allá de la regulación de las fábricas. El nuevo marco debe determinar cómo el Estado acompaña las inversiones industriales, cómo actúa ante procesos de deslocalización y cómo refuerza la capacidad productiva en sectores considerados estratégicos. Es, por tanto, una de las carpetas que el próximo gobierno español deberá recuperar si quiere dar continuidad a una política de reindustrialización en un momento en que Europa intenta reducir dependencias externas y reforzar su capacidad productiva.
Prevención de riesgos: una nueva reforma de las reglas del trabajo
El gobierno español había puesto en marcha una reforma integral de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales para adaptarla a nuevos riesgos y al envejecimiento de la población activa. El texto incorpora cuestiones como los efectos del calor y el cambio climático, los riesgos psicosociales y las patologías musculoesqueléticas, y amplía también las obligaciones preventivas en relación con los autónomos. La reforma tiene una incidencia directa sobre las empresas, que tendrían que adaptar los sistemas de prevención y los puestos de trabajo a nuevos riesgos y a las características de los trabajadores, y también puede tener efectos sobre los costos de prevención y la organización interna de las compañías. Con la convocatoria de elecciones españolas, la tramitación legislativa queda condicionada y en manos del próximo ejecutivo.
La reforma de la incapacidad temporal
En este caso, han quedado pendientes medidas sobre incapacidad temporal, en un momento en que aumenta la preocupación por el costo de esta prestación. La reforma debería abordar absentismo, productividad, gasto de la Seguridad Social y costos empresariales en una misma reforma. En este caso, no la ha paralizado el Congreso de los Diputados, sino la falta de entendimiento entre el gobierno español y CEOE, Cepyme, CCOO y UGT, que negocian desde 2024 una reforma de la gestión de las bajas, que se ha atascado porque hay desacuerdo sobre qué papel deben tener las mutuas, cómo controlar las bajas de larga duración y cómo facilitar las reincorporaciones progresivas. La propuesta inicial del gobierno sobre una baja “flexible” generó mucha oposición sindical y luego fue reformulada como reincorporación gradual.
El Estatuto del Becario, pendiente de culminar
Otra reforma con impacto directo sobre las empresas es el Estatuto de las personas en formación práctica no laboral. El gobierno español presentó el proyecto de ley al Congreso en marzo de 2026, con el objetivo de regular las prácticas formativas y evitar que las empresas utilicen becarios para cubrir puestos de trabajo ordinarios. El proyecto había iniciado su tramitación parlamentaria y se encontraba en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
La reforma tiene una doble dimensión. Pretende reforzar la naturaleza formativa de las prácticas, pero también establece más obligaciones para las empresas que incorporan estudiantes. Esto puede modificar tanto la organización de las prácticas como los costos asociados a determinados modelos de formación. La disolución de las Cortes interrumpe esta tramitación y deja en manos del gobierno surgido del 29-N si recupera el proyecto, lo modifica o si opta por una regulación diferente.
Los presupuestos, la carpeta que condiciona todas las demás
Todas estas reformas tienen un denominador común: necesitan margen político y, en algunos casos, también presupuestario. Y aquí aparece una de las principales carpetas que deberá afrontar el próximo gobierno español. La legislatura termina sin haber aprobado unos nuevos presupuestos generales del Estado y con las cuentas prorrogadas. Esto limita la capacidad de introducir nuevas prioridades de gasto y obliga al próximo ejecutivo a abordar rápidamente la política presupuestaria.
El debate económico de la nueva legislatura no comenzará solo con la jornada laboral, las pymes o las pensiones. Antes habrá que responder a la pregunta de qué margen tendrá el próximo ejecutivo para combinar nuevas reformas con la necesidad de contener el déficit y sostener un gasto público creciente. Los partidos irán a las urnas con una agenda económica con varias carpetas abiertas y con efectos muy concretos sobre las empresas: costos laborales, cargas administrativas, digitalización, financiamiento y cotizaciones.
