La Diputación Permanente del Congreso de los Diputados ha validado este jueves el principal decreto de vivienda del gobierno español, que prorroga hasta 2030 la suspensión de los desalojos de familias vulnerables sin alternativa residencial y amplía las medidas de protección a los inquilinos. La votación ha llegado después de que el Congreso rechazara el 2 de octubre los dos decretos del gobierno español con los votos del PP, Vox y Junts, una derrota que precipitó el adelanto electoral. La crisis residencial, que también ha sido el detonante de la huelga general del 11-N, se ha convertido en uno de los grandes ejes de la campaña del 29-N. Pero, más allá del diagnóstico compartido sobre la gravedad del problema, los partidos plantean salidas muy diferentes: desde liberalizar suelo y facilitar la construcción hasta ampliar el parque público, intervenir los alquileres o reclamar más competencias para Cataluña.
La vivienda ha dejado de ser una cuestión sectorial para convertirse en uno de los principales frentes de confrontación política de la legislatura, que ha pasado por encima de la inmigración y la corrupción. La dificultad creciente para acceder a un piso, la escalada de los alquileres y la incapacidad de las instituciones para ofrecer una respuesta que contenga la presión del mercado han acabado situando la crisis residencial en el centro de la agenda política y social. Un día antes de que arrancara la campaña, la huelga del 11-N ha trasladado a la calle un malestar que hasta ahora se había expresado sobre todo a través de las movilizaciones por el derecho a la vivienda, los sindicatos de inquilinos y las protestas contra los desalojos. Ahora, las formaciones políticas han de confrontar sus recetas en un debate que trasciende la construcción de pisos y cuestiona sobre quién debe controlar el mercado, hasta dónde debe llegar la regulación de los precios, qué papel debe tener el parque público y qué responsabilidad corresponde al Estado, la Generalitat y los ayuntamientos. Las propuestas dibujan modelos diferentes y, en algunos casos, frontalmente opuestos.
PP: construir un millón de pisos y derogar la ley estatal
El PP sitúa el incremento de la oferta en el centro de su política residencial. El programa estatal presentado por Alberto Núñez Feijóo fija el objetivo de construir un millón de viviendas durante la legislatura, mediante la movilización de suelo público y privado, una nueva ley del suelo y la simplificación de los trámites urbanísticos. Los populares quieren que las licencias urbanísticas se resuelvan en un máximo de tres meses, con silencio administrativo positivo, y consideran que el exceso de regulación y la inseguridad jurídica han contribuido a reducir la oferta de pisos de alquiler.
La medida con más impacto sobre el mercado catalán sería la derogación de la ley estatal de vivienda de 2023. Esto implicaría eliminar las zonas de mercado residencial tensionado y el índice de referencia que permite limitar los precios de los alquileres. El PP defiende que los topes han desincentivado a los propietarios y han reducido los pisos disponibles. Para facilitar el acceso a la propiedad, propone rebajar del 10% al 4% el IVA de la primera compra de vivienda para los menores de 40 años y establecer avales públicos de hasta el 20% del valor del inmueble, ampliables hasta los 50 años. También incorpora incentivos fiscales para los propietarios que amplíen los contratos de alquiler y limiten las subidas de las rentas.
PSOE: proteger a los inquilinos y ampliar el parque público
El PSC defiende mantener la política de vivienda impulsada por el gobierno español y desplegar los instrumentos de la ley estatal. La prioridad socialista es reforzar la protección de los arrendatarios y ampliar el parque público de alquiler y reservar al menos la mitad del suelo destinado a vivienda protegida al alquiler social y asequible. Los decretos que han centrado la confrontación parlamentaria incorporan medidas más inmediatas: prórrogas extraordinarias de dos años de los contratos que venzan, limitación de las actualizaciones de las rentas, suspensión de los desalojos de familias vulnerables sin alternativa residencial y regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones. El texto convalidado este 12 de noviembre también incorpora beneficios fiscales para los inquilinos y los propietarios que bajen las rentas, así como un fondo de 400 millones para impulsar vivienda asequible.
En paralelo, el PSOE reivindica como un éxito Casa 47, la empresa estatal de vivienda creada a partir de Sepes, y el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, dotado con 7.000 millones de euros. En este sentido, defiende que las viviendas construidas con recursos públicos mantengan permanentemente la calificación de protegidas. La diferencia con el PP es especialmente visible en el papel que atribuyen a la intervención pública: mientras los populares quieren eliminar los topes, los socialistas consideran que la regulación es necesaria para proteger a los inquilinos en los territorios con más presión residencial.
Frente Amplio: más regulación y protección de los derechos de los inquilinos
El Frente Amplio sitúa la intervención pública y la protección de los inquilinos en el centro de su propuesta. La formación considera que la crisis no se puede resolver únicamente construyendo más pisos y que es necesario intervenir sobre las condiciones del mercado para evitar que la vivienda se convierta en un activo de inversión especulativa. Una de sus propuestas es vincular los precios de referencia de los alquileres a las rentas de los inquilinos, con el objetivo de que el coste de la vivienda no supere el 30% de los ingresos familiares.
También defiende limitar los alquileres de temporada y por habitaciones, que considera una vía para esquivar la regulación de los contratos habituales, y establecer contratos de más duración, con vocación de indefinidos. El programa de Sumar planteaba, además, penalizaciones fiscales para los fondos y las empresas que obtuvieran rendimientos por encima de los precios de referencia o destinaran inmuebles al alquiler turístico.
La otra gran pata es la ampliación del parque público. La coalición proponía superar los dos millones de viviendas protegidas de alquiler en diez años, con la participación de la Sareb y Sepes, y reservar el 30% del suelo urbano consolidado para vivienda protegida. El Frente Amplio comparte con el PSOE la defensa de la ley estatal, pero reclama ir más allá en la regulación de los contratos y en la limitación de las prácticas especulativas.
ERC: más recursos estatales y competencias para la Generalitat
Esquerra Republicana, que se presenta con Podemos en Cataluña, plantea un plan de choque que combina más gasto público, transferencia de patrimonio inmobiliario y ampliación de las competencias de la Generalitat. El programa electoral del 29-N fija como objetivo destinar al menos el 1,5% del PIB del Estado a políticas de vivienda, con la voluntad de incrementar los recursos disponibles para ampliar el parque asequible.
Una de las medidas más concretas es reclamar el traspaso inmediato y gratuito a la Generalitat de todos los inmuebles de la Sareb y de Casa 47 situados en Cataluña. Los republicanos también quieren que el Estado delegue a la Generalitat la capacidad de legislar en materia de arrendamientos urbanos, de manera que el Parlamento disponga de más instrumentos propios para regular el mercado del alquiler. La propuesta incorpora una dimensión fiscal: ERC quiere subir hasta el 21% el IVA de los alquileres turísticos, incluidos los gestionados a través de plataformas digitales. La intención es diferenciar el tratamiento fiscal de la vivienda destinada a residencia habitual y la que se destina a usos turísticos.
Por un lado, coincide con las izquierdas en la necesidad de incrementar la intervención pública y ampliar el parque de alquiler asequible. Por otro, sitúa en primer plano la reivindicación de más soberanía catalana para decidir las políticas residenciales. La Generalitat no debería limitarse a ejecutar los recursos transferidos por el Estado, sino que debería tener capacidad legislativa propia sobre los contratos de alquiler. Esta es una de las diferencias principales con el PSC y el Frente Amplio, que defienden fundamentalmente el despliegue de la normativa estatal.
Junts: incentivos fiscales y más margen de decisión para Cataluña
Junts per Catalunya cuestiona los topes a los alquileres y defiende una política residencial basada en los incentivos fiscales, la movilización de suelo y la ampliación de los recursos que gestiona la Generalitat. La formación votó contra los decretos de vivienda del gobierno español que precipitaron el adelanto electoral y presentó una propuesta alternativa de 59 páginas basada en medidas voluntarias y fiscales, en lugar de prórrogas obligatorias de los contratos.
Entre las medidas planteadas hay una prórroga voluntaria de hasta dos años para los contratos que venzan antes de junio de 2028, una deducción del 15% en el IRPF para los inquilinos durante 2026 y 2027 y una rebaja al 5% del IVA para determinadas compras de vivienda nueva habitual y social. También propone avales públicos para impulsar la construcción de vivienda asequible y medidas para agilizar los desalojos en casos de ocupación ilegal.
La formación considera que los controles de precios han tenido efectos negativos sobre la oferta y que es necesario recuperar la confianza de los pequeños propietarios para que vuelvan a poner pisos en el mercado. En este sentido, defiende garantías públicas e incentivos fiscales en lugar de imponer obligaciones generales a los arrendadores. Junts ya reclamaba en 2023 elevar el gasto estatal en vivienda hasta el 0,6% del PIB, la media europea que utilizaba entonces como referencia, y transferir estos recursos a la Generalitat. También pedía el traspaso de los inmuebles de la Sareb situados en Cataluña.
La posición de Junts comparte con ERC la reivindicación de más competencias y recursos para Cataluña, pero se distancia claramente en la regulación de los alquileres. Mientras los republicanos quieren ampliar la capacidad de la Generalitat para intervenir en los contratos, Junts apuesta por reducir las obligaciones de los propietarios y facilitar la actividad del mercado privado.
Alhora: parque público de alquiler, construcción y descentralización territorial
Alhora plantea un modelo que combina la construcción de más viviendas, la adquisición de inmuebles privados para incorporarlos al parque público y una transformación del modelo económico y territorial de Cataluña. La formación considera que la crisis residencial tiene una causa estructural: durante años, la construcción de viviendas no ha seguido el ritmo de crecimiento de la población y de las necesidades residenciales.
Su propuesta central es crear un gran parque público de alquiler para rentas diversas, no solo para las familias con ingresos bajos. Este parque debería estar distribuido por el tejido urbano para evitar la concentración de pisos protegidos en grandes polígonos y la formación de barrios segregados. Para ampliarlo, defiende dos vías complementarias: construir viviendas nuevas y comprar edificios privados ya existentes. En este segundo caso, toma como referencia el modelo de Zúrich, donde las administraciones y las fundaciones municipales adquieren inmuebles en el mercado, mantienen los contratos de los inquilinos y ofrecen pisos con rentas calculadas a partir de los costos.
La formación cuestiona los topes permanentes a los alquileres y considera que, sin un parque público suficiente, la regulación puede reducir la oferta disponible y desplazar parte del mercado hacia los contratos de temporada, el subarriendo de habitaciones o la economía sumergida. También defiende garantías públicas frente a los impagos y ayudas a la rehabilitación para los pequeños propietarios que pongan los pisos en el mercado de alquiler estable. Finalmente, apuesta por una moratoria de nuevas licencias turísticas, una tasa turística destinada a un fondo de vivienda y que las empresas que contraten trabajadores temporeros asuman su alojamiento.
Vox: liberar suelo, reducir impuestos y endurecer las medidas contra la ocupación
Vox defiende una política residencial basada en la liberalización del suelo, la reducción de la fiscalidad y el endurecimiento de las medidas contra la ocupación ilegal. El partido propone liberar todo el suelo que no esté especialmente protegido e impulsar una nueva ley del suelo para facilitar el desarrollo urbanístico. También quiere eliminar el control de rentas de los alquileres y derogar la ley estatal de vivienda.
En el ámbito fiscal, defiende eliminar el IVA en la compra de la primera vivienda habitual, recuperar las deducciones por adquisición de la vivienda y reducir los tributos que gravan el proceso de construcción. También plantea impulsar vivienda social pública en régimen de propiedad o de alquiler con opción de compra para jóvenes y familias. El partido también vincula el acceso a las políticas sociales y residenciales al criterio de prioridad nacional. En conjunto, su propuesta coincide con el PP en el rechazo a los topes de los alquileres y en la necesidad de incrementar la oferta, pero adopta un planteamiento fiscal y penal más contundente.
