La dinámica judicial acelera contra el PSOE, el gobierno español, Pedro Sánchez y su entorno. Y ahora, alrededor del caso Hirurok, el otro asunto en el que se investigan posibles delitos de corrupción alrededor de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), donde la principal imputada es la fontanera del PSOE, Leire Díez. El titular del Tribunal Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, el magistrado Santiago Pedraz, ha dictado una providencia en la que cita como investigada a la presidenta de la SEPI, Belén Gualda, y a 24 personas más en esta pieza de presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos a cambio de cobro de comisiones irregulares.
El magistrado, en una resolución de tres páginas a la que ha tenido acceso El Món, concluye que ha encontrado «indicios de criminalidad» en la documentación aportada por la policía a raíz de diferentes registros y que ya forma parte del sumario del caso. Pedraz avisa que citará pronto como imputados a directivos de empresas y dirigentes de la SEPI, como el expresidente de la empresa pública Enusa, José Vicente Berlanga; el CEO de Tubos Reunidos, Carlos López de las Heras, y el fundador de Forestalia, Fernando Samper. En total, hay un listado de 25 personas imputadas a petición de la Fiscalía Anticorrupción que dirige Alejandro Luzón.
El grupo Hirurok
El ministerio público señalaba en su escrito que el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, imputado en la causa anteriormente, compartió en el grupo Hirurok un archivo en el que «consta la cronología de la solicitud y los trámites seguidos» sobre el rescate de la empresa vasca Tubos Reunidos. Una operación que, a priori, contaba con los informes favorables del Ministerio de Industria. Un rescate de 112,8 millones de euros a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. De hecho, como el rescate de la aerolínea Plus Ultra, de 53 millones de euros, que ha servido para imputar al expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero.
El rescate de Tubos Reunidos habría sido impulsado y agilizado por Gualda. Y, según la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), el PNV habría tenido cierto protagonismo en la operación de salvamento de la empresa. Todo a raíz de una reunión entre Vicente Fernández y Andoni Ortúzar, presidente del partido vasco para abordar el rescate de la siderúrgica. La investigación ha tomado velocidad de crucero a raíz de que el pasado diciembre se ordenó la detención de Leire Díez, Fernández y el empresario y excolaborador de Santos Cerdán Antxon Alonso, propietario de Servinabar.
La UCO sospecha que Díez, Fernández y Alonso habrían cobrado 700.000 euros en comisiones, en una operativa que habría «implicado empresas públicas y entidades que dependen de la SEPI», en un total de cinco operaciones que se encuentran bajo sospecha. Una de estas operaciones sería el rescate de Tubos Reunidos. Pedraz argumenta, con el apoyo de la fiscalía, que Cerdán y Díez habrían aprovechado «sus capacidades para orientar procedimientos administrativos y, de rebote, obtener rédito económico». Pedraz cree que Cerdán también habría estado del grupo denominado Hirurok con Díez, Fernández y Alonso, «actuando con el resto de integrantes y participando de sus beneficios» pero «desde una jerarquía superior».
