Más que velocidad de crucero, velocidad punta. Así se puede definir el ritmo que impone el juez Juan Carlos Peinado encargado de la instrucción contra Begoña Gómez, la esposa del presidente español, Pedro Sánchez. Tras celebrar la vista preliminar esta tarde en la sede del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, el veterano magistrado ha avanzado que decidirá en los próximos días si retira el pasaporte a Gómez como medida cautelar antes de llevarla a juicio.
De hecho, el juez ha prestado atención a las peticiones de las acusaciones populares, con la coordinación de Hazte Oir, que son Vox o Manos Limpias. Todas estas acusaciones, -el ministerio fiscal no acusa-, han reclamado la retirada del pasaporte y la comparecencia cada quince días de la procesada así como de su asistente Cristina Álvarez. En cambio, para el tercer acusado, el empresario Juan Carlos Barrabés, no han reclamado ninguna medida cautelar. El juez analizará ahora las peticiones y dictará en un máximo de tres días la apertura del juicio oral, que deberá tramitarse por el Tribunal del Jurado. En la vista, tanto el ministerio fiscal como los equipos de la defensa de los investigados han pedido el archivo del caso.
Tres horas de vista
La vista preliminar se ha alargado más de tres horas y tenía que servir para debatir sobre medidas cautelares, prueba, competencia así como supuestas vulneraciones de derechos durante el procedimiento. Una vista a la cual, el juez advirtió que debía comparecer porque en caso contrario avisaría a la fuerza pública. Peinado propone juzgar a Gómez por el Jurado por presuntos delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, corrupción en los negocios e infracción de marca. Aun así, las defensas mantienen su ofensiva reclamando el archivo porque los hechos investigados «no constituyen ningún delito» y la «mala fe temeraria» por parte de las acusaciones. Una petición que comparte el ministerio fiscal.
En cambio, Hazte Oir pide hasta 24 años de prisión para la esposa del presidente y 22 años de prisión para su asesora en la Moncloa, Cristina Álvarez, por «apropiación indebida» y por su papel como «cómplice necesaria» en los delitos atribuidos a Gómez. También pide seis años de prisión para Barrabés por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
