Ya se veía venir. Con ocho años de instrucción y sin ninguna acusación formal, la situación iba de mal en peor. Pero ahora la situación destapada en los últimos meses podría enviarla al traste. Es la causa Forex que, además de la amenaza de archivo definitivo por la prescripción de los plazos de instrucción, se ha descubierto que ha habido hasta cuatro juzgados instruyendo el mismo caso, dos de ellos de la Audiencia Nacional, un tribunal especializado que ha admitido su saturación por la gran cantidad de causas complejas que instruye.
Ahora, las defensas de las decenas de investigados coinciden en describir el caso como un «paradigma de disfunción procesal clamorosa». Una opinión que comparte plenamente el ministerio fiscal, que ya ha solicitado cerrar la causa precisamente por el agotamiento del plazo de instrucción de 12 meses que impone el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, si no se prorroga de manera formal y motivada. La causa está detenida en un callejón sin salida procesal y las defensas están afinando sus argumentos, hasta el punto de que han comenzado a calcular el gasto de recursos públicos que se han malgastado en una instrucción que consideran «muerta» desde el 30 de julio de 2021.
Una gimcana procesal
Para entender la magnitud del caso hay que remontarse al inicio de la investigación. Comienza como investigación de una macroestafa internacional a través de plataformas fraudulentas de inversión en línea. Se bautiza como operación Forex. La tesis de los investigadores, a raíz de las primeras denuncias presentadas, es que se trata de una trama dirigida por una organización criminal con tentáculos «operativos» en Bulgaria, Ucrania, Albania, Georgia y Chipre, con ramificaciones en Andorra, Suecia, Alemania y Finlandia.
Una red que operaba, según las pesquisas a las que ha tenido acceso El Món, a través de call centers y falsos brokers que trabajarían con un total de 577 dominios web. El modus operandi era, siguiendo el relato de los diferentes atestados, ofrecer a las posibles víctimas inversiones a cambio de altísimas rentabilidades que eran ficticias.
En resumen, según los números que se han calculado, la macroestafa sumaría una cantidad total de 10 millones de euros. Además, los investigadores computan miles de perjudicados, 700 de los cuales son residentes en Cataluña y el resto del estado español. Incluso, destacan que esta organización tendría una red comercial visible bautizada como EverFX, que fue uno de los principales patrocinadores oficiales del equipo de primera división de fútbol Sevilla CF.
Tres juzgados a la vez
El inicio de la investigación judicial se sitúa formalmente en enero del año 2018, en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de la Seu d’Urgell. Este juzgado recibe una denuncia de una vecina que presuntamente ha sido estafada por esta organización. A esta causa comienzan a acumularse otras denuncias de contenido similar que apuntarían a falsos brokers del supuesto entramado. De esta manera se añaden denuncias de Huesca, Jaca, Baltanya y Vielha. Denuncias que tendrían evidentes conexiones entre ellas.
Ahora bien, paralelamente, el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, en manos de la magistrada María Tardón, investigaba hechos similares, pero relativos a otras empresas y sociedades del mismo entramado que los investigadores bautizan como Milton Group, siguiendo el nombre periodístico que recibió el caso cuando se realizaron las primeras detenciones y registros. Una operación que, por otro lado, tuvo bastante cobertura mediática.
Pero el Juzgado Central 3 no era el único que investigaba este caso. Otro juzgado, en este caso el de Instrucción 31 de Madrid, estaba investigando los mismos hechos con las mismas sociedades implicadas. Al darse cuenta, a través de los investigadores, de la coincidencia, se planteó una cuestión de competencia ante el Tribunal Supremo que, finalmente, unificó las dos investigaciones en el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional. Por un momento, había tres juzgados investigando la misma trama a través de diversas denuncias.
Y se añade otro juzgado
Por si no había suficiente enredo, el Juzgado de la Seu d’Urgell seguía adelante, continuando la instrucción del caso con el envío de comisiones rogatorias a otros estados y con Europol e Interpol. En octubre de 2023, dado que la causa seguía creciendo, el juzgado de la Seu remitió el sumario a la Audiencia Nacional. Le correspondió al Juzgado Central de Instrucción 1, comandado por el magistrado Francisco de Jorge. Pero, dos meses después, en diciembre, De Jorge rechazó la causa alegando que el presunto fraude no alcanzaba los 7 millones de euros, y de acuerdo con la jurisprudencia es la cantidad que se exige para que se haga cargo la Audiencia Nacional.
A la vista de la respuesta, entonces la jueza de instrucción de la Seu pidió ayuda al primo de Zumosol y envió una exposición razonada al Tribunal Supremo, argumentando que la causa la superaba, que contaba con unos 700 perjudicados en todo el estado y que según sus números la posible estafa sumaba unos 10 millones de euros. La jueza casi pedía clemencia al Supremo porque dirigía un «equipo internacional de investigación con España, Alemania, Suecia, Letonia, Ucrania, Albania y Georgia» y solo contaba con «dos funcionarias interinas» para hacer todo el trabajo. En el mismo escrito, la jueza remarcaba que los agentes del Cuerpo Nacional de Policía encargados del caso le habían informado que había una causa por las mismas causas y los mismos procesados en el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional. Un hecho que todavía le daba más la razón.
Finalmente, en septiembre de 2024, el Supremo se apiadó de la jueza de instrucción, reprendió a De Jorge por haberse quitado el problema de encima y le encomendó la investigación, sin tener presente que el Juzgado Central de Instrucción 3 tenía una abierta por las mismas causas y con los mismos procesados.
La sorpresa de los plazos vencidos
Hasta septiembre de 2024, hasta cuatro tribunales de instrucción habían manejado la causa. Ahora bien, un detalle importantísimo había pasado por alto en este embrollo judicial, y es el agotamiento del plazo de instrucción de 12 meses que establece el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal – un artículo que ahora comienza a ser matizado por el Tribunal Supremo. Este artículo, cuya reforma es conocida como ley Cuevillas –porque la impulsó el catedrático de derecho procesal Jaume Alonso-Cuevillas cuando era diputado de Junts en Madrid–, no solo limitaba las instrucciones a 12 meses y prórrogas bien motivadas de seis meses, sino que añadía una disposición transitoria muy clara para las instrucciones judiciales que ya estaban en marcha. En concreto, para las causas que estaban en tramitación el día de la entrada en vigor de la ley Cuevillas: aquella fecha, el 30 de julio de 2020, sería el día inicial para el cómputo del plazo máximo de instrucción.
Esta disposición y el artículo 324 conllevan la otra gran anomalía del caso. La causa matriz del sumario es la denuncia en el Juzgado de la Seu d’Urgell, del año 2018, que termina en el Juzgado Central de Instrucción 1 de la Audiencia Nacional. Así, el día de inicio de la caducidad de la instrucción es el 30 de julio de 2020, por tanto, el 30 de julio de 2021 se agotaría el plazo de instrucción. Solo se podía prorrogar si se acordaba antes del vencimiento con una resolución que detallara las causas del retraso y con la concreción de las diligencias que se debían practicar. La fiscalía no solicitó la prórroga hasta el 31 de agosto de 2021 y el Juzgado no la acordó hasta el 10 de septiembre de 2021. El calendario es evidente: la causa se prorrogó cuando ya llevaba 40 días caducada.
La consecuencia es clara: las diligencias judiciales practicadas a partir del 30 de julio de 2021 no tienen cobertura temporal válida. Incluso la fiscal del caso, Manuela Fernández, lo ve igual que las defensas y también ha presentado un escrito reclamando la detención de la instrucción a partir del 30 de julio de 2021. Pero el Juzgado Central de Instrucción 1 mantiene abierta la causa. Por otra parte, también continúa abierta en el Juzgado Central de Instrucción número 3, con prácticamente los mismos investigados. Un dato que todavía incrementa más el desbarajuste judicial y de investigación.
Un error claro y carísimo
El error que supone la expiración del plazo de instrucción se produjo en el Juzgado de la Seu d’Urgell. Ni la fiscalía ni las defensas personadas entienden que en un procedimiento en el que ha llegado a intervenir el Tribunal Supremo se aceptara y asumiera una causa cuando ya era clamoroso que estaba caducada. Además, añaden que los mismos investigadores alertaban de la dispersión en varios juzgados de la misma instrucción, y especialmente, cuando quedó reducida a dos Juzgados de Instrucción de la Audiencia Nacional, unos tribunales especializados que han pedido ayuda al ministerio de Justicia y al Consejo General del Poder Judicial para reforzar sus plantillas por el desbordamiento de trabajo que sufren.
Las defensas han coordinado una serie de escritos donde piden detener definitivamente esta causa por una vulneración constante de derechos. No solo por la expiración del plazo de instrucción de hace casi cinco años, sino por la vulneración del derecho a un juez predeterminado por ley, a la vista de la duplicidad de la causa que genera «resoluciones contradictorias y comporta un despilfarro de recursos enorme». Por ahora, las defensas denuncian que es una «causa técnicamente muerta» que duplica esfuerzos y recursos: dos equipos de funcionarios, dos líneas de comunicación con Europol y Eurojust, dos series de comisiones rogatorias que aún enredan más a los juzgados extranjeros y dos equipos de investigación.
Además, los procesados están todos afectados por medidas cautelares, como el bloqueo de sus cuentas y bienes, embargos preventivos y en algún caso prisión provisional, prohibición de salida del país o con órdenes de búsqueda y detención internacionales así como procedimientos de extradición, la mayoría de los cuales acordados después del 30 de julio de 2021. Ahora, las defensas han presentado un estudio de costos del procedimiento que reposa en vía muerta, computando todos los movimientos de la instrucción desde el 30 de julio de 2021 hasta ahora. Una fecha que, paradójicamente, fue el inicio de una intensificación de la actividad. El desbarajuste ha hecho llevarse las manos a la cabeza tanto a las defensas como a la fiscalía, que insisten en detener y archivar la causa y cerrarla con los indicios recogidos ahora hará cinco años.
