Las discriminaciones lingüísticas están a la orden del día y solo hay que ver algunos indicadores, como las quejas que recibe Plataforma per la Llengua, que en el año 2023 tuvieron que gestionar un total de 2.328 quejas, un incremento del 489,4% en comparación con las 395 que recibieron en el año 2016. Estos datos, como denuncia siempre que puede el presidente de la ONG del catalán, Òscar Escuder, «solo son la punta del iceberg». Hay discriminaciones lingüísticas y situaciones catalanófobas en todos los ámbitos, particularmente sensibles en el sanitario, como el reciente caso de una mujer centenaria en el Hospital Sagrat Cor de Barcelona, el que sufrió una mujer durante un episodio de amnesia en el Hospital Universitari Dexeus o, esta semana, el que se ha producido en la Clínica Diagonal. Pero, ¿cómo debemos actuar si somos víctimas de una discriminación lingüística?
Plataforma per la Llengua ha elaborado una guía definitiva que los interesados pueden descargar aquí. Se explican los pasos que hay que seguir si, por ejemplo, te llaman y te dicen «Eh? No te entiendo, háblame en español!», si un camarero te atiende antes en otro idioma que en catalán o si un repartidor te exige los datos en castellano para entregarte un paquete a tu nombre. «Era necesario dar información sobre qué es una discriminación, qué leyes te amparan cuando la sufres y cuál es el procedimiento a seguir es importante», destaca el coordinador de Empresa y Consumo de Plataforma per la Llengua, Xavier Dengra, en conversación con El Món.
Lo primero que hay que tener en cuenta es que hay tres leyes que amparan el derecho a ser atendido en catalán: la Ley 22/2010, del Código de Consumo de Cataluña, que garantiza la defensa y la protección de los derechos de los consumidores y establece los principios y las normas que las deben regir; la ley 18/2017, de Comercio, servicios y ferias, que establece que los trabajadores deben estar en condiciones de poder atender a los consumidores cuando se expresen en catalán; y la ley 1/1998, de Política Lingüística que, entre otras cuestiones, requiere que los rótulos y las informaciones de carácter fijo de los comercios deben ser al menos en catalán. «La gente no es suficientemente consciente de los derechos lingüísticos», dice Dengra, pero cree que desde hace un tiempo «hemos logrado poner el tema sobre la mesa y la gente empieza a entender que estas discriminaciones son equiparables con otras discriminaciones raciales o por razón de sexo», dice Dengra.

Recomiendan grabar la agresión lingüística
Plataforma per la Llengua, en su guía, recomienda a la víctima grabar siempre la situación porque, según explica el responsable de Consumo, «lo más importante es recopilar pruebas y recoger evidencias», y remarca que «grabar una conversación en la que participas, tanto en formato vídeo como en audio, es plenamente legal y seguro» y, además, deja claro que no es necesario avisar al interlocutor. En este sentido, hace referencia a que la jurisprudencia del Tribunal Supremo «asegura que las grabaciones de conversaciones particulares realizadas por sus participantes no vulneran el derecho al secreto de las comunicaciones». Con todo, explica que «no necesitas haber consumido en un local para ser víctima de una discriminación, y esto es algo que la gente todavía no es consciente». No obstante, avisan que hay que tener cuidado con la difusión que se hace de esta grabación y, además, Xavier Dengra apunta que «no se pueden grabar conversaciones entre terceros y difundirlas después».
Asimismo, dicen que la grabación de los hechos es importante porque los casos de discriminación orales son los más numerosos y, a la vez, son los más difíciles de probar y, posteriormente, sancionar. «Por eso es tan importante obtener una prueba», expone la entidad en defensa de la lengua, que da consejos sobre cómo hacer estas grabaciones. «Para grabar las llamadas telefónicas de manera segura y práctica debes poner el altavoz del móvil y grabar la conversación con un segundo dispositivo», dice. Dengra señala que la grabación es importante porque «es donde se evidencia si «más allá de la discriminación lingüística, ha habido agresiones verbales» por parte del trabajador o el responsable del establecimiento.

Muy importante: pedir la hoja de reclamaciones
Xavier Dengra dice que en los casos presenciales es necesario pedir la hoja de reclamaciones, que consta de tres copias –una para la persona, otra para el establecimiento y una tercera para la Generalitat–. «Es la parte más importante», dice, y añade que consta de una parte con la información personal y otra con información del establecimiento, pero puede ser que el encargado se niegue a facilitarte la información: «No es necesario que la información sea exhaustiva, pero hay que llenar la información personal y explicar lo más detalladamente posible qué ha pasado porque muchas veces no es solo la descripción, sino que puede haber un maltrato verbal o te han negado la hoja de reclamaciones». Además, subraya que la empresa también tiene un espacio para dar su versión de los hechos. Una vez formulada la queja, al cabo de un mes debe dar una respuesta de «forma obligada», y, sobre esto, recomienda marcar la casilla de recibir respuesta escrita cuando se llena la hoja de reclamaciones.
¿Y qué pasa si el establecimiento se niega a facilitarte la hoja?
Existe la posibilidad de que el establecimiento se niegue a facilitarte la hoja de reclamaciones y, en esta situación, el responsable de la ONG del catalán deja claro que «debemos llamar a la Policía Local o a los Mossos d’Esquadra». Con todo, lamenta que la Agencia Catalana de Consumo no tiene ningún protocolo cuando se produce esta situación porque «da por hecho que el establecimiento facilitará la hoja de reclamaciones». «Es necesario pedir que se persone un cuerpo policial para levantar acta de la situación y poder recoger tu testimonio de la discriminación y dejar constancia de que el establecimiento está infringiendo el código de consumo», explica.
Plataforma anima a denunciar para hacer cumplir la ley
Finalmente, la entidad deja clara la importancia de denunciar hechos que vulneren los derechos lingüísticos de los catalanohablantes porque, por un lado, es necesario que las empresas y servicios de concesión pública tomen conciencia y se vean empujadas a aplicar «medidas de cambio», y por otro, porque los representantes políticos traten los derechos lingüísticos como lo que son: derechos «de primera» y, además, como expone Dengra, es «un tema de dignidad personal». Para hacerlo, recomiendan poner el caso en conocimiento del servicio de defensa de derechos lingüísticos que dispone la entidad, y que ofrece seguimiento y asesoramiento en la denuncia. Y, además, también animan a llenar el formulario de la Agencia Catalana de Consumo para denunciar los hechos una vez se ha tenido respuesta del establecimiento de la reclamación interpuesta.