El abogado Josep Cruanyes ha presentado una denuncia ante la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para exigir responsabilidades disciplinarias a dos letrados de la administración de Justicia por 14 meses de «dilaciones indebidas» en un procedimiento judicial por traducir al castellano una demanda presentada en catalán en Barcelona. El texto denuncia una «notoria discriminación al idioma catalán» en el marco de un procedimiento mercantil que se sigue contra la editorial Ediciones Akal.
Según recoge el escrito de denuncia al que ha accedido El Món, el litigio acumula un total de 14 meses de retrasos provocados exclusivamente por el trámite de traducción de oficio de los documentos procesales de la parte demandante, redactados originalmente en catalán. En total, el procedimiento suma dos años y ocho meses de dilaciones generales. Los hechos se remontan a julio de 2023, cuando se presentó la demanda en el Juzgado Mercantil 6 de Barcelona contra la editorial, y el abogado solicitó en dos momentos del procedimiento judicial la traducción al castellano de la documentación presentada por Cruanyes. Las dos peticiones fueron aprobadas por los letrados de la administración, un hecho que ha provocado que el proceso judicial se haya demorado dos años y ocho meses.
Cruanyes explica en declaraciones a El Món que presentó la denuncia ante el TSJC por «vulneración de derechos lingüísticos, por discriminación por el idioma», y subraya que el idioma catalán «es el idioma oficial del procedimiento». Asimismo, ha detallado a este diario que el TSJC le comunicó que se abrían diligencias, pero hasta ahora no ha dado respuesta a la denuncia presentada. Por otro lado, ha solicitado amparo al Colegio de Abogados, que le ha pedido la información del caso y también ha abierto diligencias.
Un periplo de traducciones y suspensiones
El texto cronológico detallado en la denuncia presentada ante el TSJC muestra cómo la presentación de la demanda en julio de 2023 quedó atascada durante más de seis meses después de que la parte demandada exigiera su traducción al castellano. Una situación casi idéntica se repitió en la fase del recurso de apelación, interpuesto en julio de 2025. Ante una nueva petición de traducción por parte de la defensa de Ediciones Akal, el procedimiento quedó paralizado durante siete meses y medio más. La denuncia pone el foco en la actuación de los letrados de la administración de Justicia José Antonio Alonso Almaraz y Rafael Huerta García. En la motivación para solicitar la traducción, el abogado de la parte demandada pidió la traducción de la demanda “para entender su contenido con la precisión necesaria del idioma materno«. En este sentido, Cruanyes recuerda que los abogados pueden optar por el idioma oficial que emplean, sea el catalán o el castellano, «pero en ningún caso pedir la traducción del escrito del contrario».
En declaraciones a este diario, Cruanyes critica el «castigo por la utilización del catalán» y, en este sentido, remarca que el abogado «no tiene derecho a pedir la traducción porque la ley solo establece que la persona interesada, si no lo entiende, puede pedir una traducción». «Aquí lo pide el abogado porque dice que le va mejor. Y eso no puede ser, la ley no lo permite», sentencia. «Si encontráramos un abogado francés que no supiera ni catalán ni castellano. ¿Qué debería hacer?», se pregunta Cruanyes, que añade que «si eligen un abogado que no sabe catalán, deben asumir la carga de haber elegido a una persona que no conoce uno de los idiomas del procedimiento». En el escrito presentado al TSJC, Cruanyes pide que se sancione a los dos letrados de la administración por haber causado “por malicia o negligencia” dilaciones indebidas en el procedimiento. También pide la intervención del Departamento de Justicia y el Colegio de Abogados.
