La atención en catalán en el sistema de salud del país es un derecho que los pacientes deberían tener garantizado, pero en la práctica solo es necesario ir un día al médico para comprobar que difícilmente se cumple. Los datos recientes de un estudio del Consejo de Colegios de Médicos de Cataluña (CCMC) son muy claros: el 47,8% de los sanitarios no usan el catalán habitualmente, el 30,9% no saben hablarlo y el 13% directamente no lo entienden. Además, la necesidad de nuevos facultativos para hacer frente a la avalancha de jubilaciones de los últimos años, ha provocado que el porcentaje de nuevas colegiaciones de extracomunitarios se haya duplicado desde 2016 y que actualmente representen más del 50% de los nuevos colegiados en el área del Colegio de Médicos de Barcelona.
Este porcentaje disminuye en el ámbito sanitario público, según datos facilitados por el Departamento de Salud, aunque se contabilizan de otra manera. Según las cifras de la consejería, más del 36% de los nuevos médicos colegiados incorporados al sistema público en 2024 son de fuera del estado español, circunstancia que determina que llegan con desconocimiento del idioma. Es decir, al menos este 36% de facultativos –que se inician como interinos y no tienen el requisito lingüístico de los funcionarios– comienzan a trabajar sin saber catalán. La cantidad total de médicos que se incorporan a la sanidad pública sin conocimiento del idioma aumenta con los que llegan de otras zonas del estado donde tampoco se habla catalán, pero es un dato que el Departamento de Salud no proporciona.
El estudio del Consejo de Colegios de Médicos de Cataluña concluye que el factor del lugar de nacimiento es clave y está directamente relacionado con el dominio del idioma. Una vez incorporados al trabajo, la actitud respecto al idioma, que pueden aprender pero no están obligados –hasta el día que quieran presentarse a unas oposiciones– es muy variable. Entre los nacidos en la Unión Europea, hay un 70,9% que muestran buenas habilidades para entender y leer el catalán –actividades pasivas–, pero solo el 22,7% presenta habilidades a la hora de hablarlo y escribirlo –actividades activas. Los médicos nacidos en países extracomunitarios son el colectivo que presenta niveles más bajos de habilidades en catalán: el 56,6% lo entiende y lo lee, pero solo el 9,8% lo habla y lo escribe.
El Departamento de Salud solo ofrece datos que diferencian a los médicos que tienen la nacionalidad española de los que no la tienen, un hecho que difiere de la clasificación que hace el Colegio de Médicos de Barcelona, que distingue entre colegiados provenientes de facultades extracomunitarias, de la Unión Europea, del estado español y de Cataluña. Según los datos disponibles de Salud, por tanto, la sanidad pública catalana contrató el año pasado 1.163 nuevos colegiados, de los cuales 424 no tenían la nacionalidad española. Por lo tanto, con estos datos, se puede concluir que más de 1 de cada 3 médicos incorporados en 2024 al sistema de salud forman parte, por razones obvias, del colectivo de médicos que menos competencias tienen en catalán. En el caso de los que son del resto del estado, no hay manera de saber cuántos son los que llegan sin saber catalán, porque hay muchos que son de las Islas o del País Valenciano y sí que lo saben o, al menos, lo entienden.
De todas formas, la cifra de nuevos médicos de la sanidad pública que no tienen la nacionalidad española de 2024 es inferior a la registrada en 2023, cuando el sistema de salud pública contrató 2.003 nuevos colegiados de los cuales 1.004, el 50,12%, eran de fuera del estado español. Este pico vino después de dos años consecutivos donde este porcentaje no dejó de crecer. En 2021 los nuevos colegiados de fuera del estado que ingresaron al sistema sanitario público representaron el 35,28% y al año siguiente, en 2022, el porcentaje subió casi diez puntos hasta situarse en el 43,05%.
También crece la contratación de enfermeros y enfermeras recién colegiados provenientes de fuera del estado español
En cambio, la situación en las contrataciones de enfermeras y enfermeros recién colegiados es muy diferente, aunque también va en aumento porque entre 2021 y 2024 el porcentaje ha pasado del 5% a superar el 12%, que representaron el año pasado. De las 418 enfermeras y enfermeros recientemente colegiados, 51 no tenían la nacionalidad española. Hace dos años, en 2023, cuando se contrataron 2.245 profesionales de este sector, solo 164, el 7,31%, eran de fuera del estado español. Un porcentaje muy similar al de 2022, cuando representaron el 7,45% y un poco superior al 5,02% registrado en 2021.
Más de 200 quejas al año
La consejera de Salud, Olga Pané, pidió ser realistas con el contexto actual porque faltan profesionales en Cataluña, un problema que se entiende en toda Europa. Lo hizo en una comparecencia en comisión parlamentaria el pasado mes de diciembre, donde afirmó que “nos vemos obligados a incorporar profesionales que vienen de otros entornos y que su idioma materno o que dominan no es el catalán. Tendremos que convivir con esta situación un tiempo”. Pané detalló entonces que Salud ha recibido 700 quejas entre 2021 y 2023 relacionadas con los derechos lingüísticos de los usuarios en los centros sanitarios y, de estas, 279 reclaman atención oral en catalán y 55 la documentación clínica en este idioma.
La consejera, además, en una reciente respuesta por escrito a una pregunta de Junts, admitió que durante 2023 Salud recibió 202 quejas relacionadas con la falta de atención lingüística en catalán. Una cifra mínimamente inferior a la registrada en 2024, cuando se habrían presentado, al menos, 206 reclamaciones relacionadas con este derecho. Una cifra que el Departamento no da por definitiva porque aún «no se dispone de datos segregados». Salud, que cerró el expediente sobre el caso de la Dexeus sin sanciones y avalando la actuación del médico, subraya que «todas y cada una de las quejas tienen importancia individual al afectar derechos lingüísticos amparados por la normativa vigente». Por eso, cada vez que se tiene conocimiento, el Departamento de Salud hace un seguimiento de las actuaciones iniciadas en el centro sanitario donde se ha producido y, si procede, activa los circuitos de inspección sanitaria para esclarecer si ese hecho en concreto ha podido afectar la prestación de la asistencia sanitaria.
