Unos 3.000 residentes en Andorra están pendientes de la letra pequeña de la futura ley que obliga a los extranjeros a aprender catalán si quieren vivir y trabajar en el país. La ministra andorrana de Cultura, Juventud y Deportes, Mònica Bonell, ha explicado durante la presentación del proyecto de ley de la lengua oficial que los residentes tendrán que demostrar unos conocimientos mínimos de catalán durante un curso de 30 horas y una entrevista. La nueva ley, que entrará en vigor a lo largo del año próximo, sustituirá a la legislación de 1999. Los creadores de contenido —youtubers— quedan exentos de momento.
La obligación de superar el curso solo se exigirá en la primera renovación de los extranjeros con un permiso de residencia y trabajo. El gobierno andorrano estudiará más adelante ampliar la exigencia en otros modelos de residencia. Los youtubers, que están encuadrados en los permisos de residencia y trabajo por cuenta propia, no se ha “previsto que tengan que superar esta prueba de nivel básico», a pesar de que «esto no quiere decir que en un futuro o en comisión también se pueda acabar incluyendo este grupo de permisos» en la ley. Los trabajadores temporeros también estarán exentos en un inicio., ha dicho Bonell.
Un reglamento determinará los requisitos concretos de catalán
La nueva ley, pues, obligará a los residentes a “acreditar nociones básicas de la lengua para obtener la primera renovación del permiso”, a pesar de que será un reglamento, que todavía no se ha hecho, el que determinará los requisitos concretos que se pedirán a los demandantes del permiso. La norma también obligará a hacer que el saludo inicial que se haga de cara al público siempre sea en catalán y se exigirá el conocimiento del vocabulario básico de cada profesión.
El gobierno andorrano está convencido de que la medida “no impedirá que nadie por razón de lengua pueda venir a Andorra, sino que facilitaremos el aprendizaje cuando estén en el país». La nueva ley establece un régimen sancionador cuando haya incumplimientos. El 80% de las quejas que recibe el Ministerio de Cultura y el Servicio de Política Lingüística provienen del sector del comercio, así que la nueva ley dará más instrumentos para abrir expedientes sancionadores.
