La plataforma de Docentes por la Calidad Educativa, formada por profesores de lengua catalana, lengua castellana, filosofía, economía y empresa, física, química, biología, geología y ciencias ambientales, ha vuelto a denunciar las «políticas educativas» que ha emprendido el Departamento de Educación, ahora en manos de la consejera Esther Niubó, desde el año 2010. Esta vez, sin embargo, la plataforma de docentes ha dado un paso más y ha decidido pedir formalmente ayuda a la defensora del pueblo, el organismo encabezado por Esther Giménez-Salinas. Según denuncian desde la plataforma, las reformas educativas que han impulsado todos los responsables de la cartera de enseñanza desde el año 2010 «vulneran derechos fundamentales del alumnado y el profesorado y comprometen seriamente la calidad del sistema educativo público catalán«.
En la comunicación formal enviada a la defensora, los docentes aseguran que las «demandas» que ha trasladado el profesorado en los últimos años «han sido sistemáticamente ignoradas a pesar de haber sido presentadas en el Parlamento y en reuniones con responsables del Departamento». En este sentido, de hecho, la plataforma de docentes advierte que, en estos momentos, estas reclamaciones aún cobran más fuerza, ya que cuentan con el apoyo de las principales organizaciones sindicales del país -que han endurecido en los últimos meses el pulso con la administración catalana-, los claustros, las universidades, las asociaciones y las entidades sociales. Es por este motivo que piden a la defensora que investigue las actuaciones de la consejería de Educación para determinar si «se han vulnerado derechos educativos» de los estudiantes catalanes.
La fusión de ciencias en bachillerato, un punto de inflexión
Uno de los motivos que ha acentuado el malestar de los docentes, lo que ha terminado desembocando en este escrito a la defensora, es la polémica fusión de materias científicas en bachillerato. En este sentido, la plataforma docente advierte que estos cambios, impulsados por la actual consejera a petición de un requerimiento del gobierno español, suponen una «reducción horaria» en materias clave para la formación de las nuevas generaciones. En detalle, la plataforma docente denuncia que esta problemática afecta diferentes áreas de la enseñanza. Por un lado, a la asignatura de filosofía, ya que denuncian que Cataluña es la autonomía donde se hacen menos horas de esta materia. En segundo lugar, en lengua catalana: «Se mantienen los recortes de horas lectivas a pesar del aumento del currículo, lo que empeora las competencias lingüísticas del alumnado», denuncian desde la plataforma docente. En este sentido, también lamentan que los estudiantes catalanes hacen menos horas de castellano que los alumnos del resto de territorios del estado, pero que igualmente deben lograr los «resultados óptimos» en los indicadores españoles. Los docentes también lamentan la reducción de horas de ciencias en bachillerato, lo que ha puesto en pie de guerra a toda la comunidad educativa, y que se ha perdido «coherencia y contenido» en la asignatura de economía y empresa en la secundaria postobligatoria.
La plataforma de docentes también ha denunciado a la defensora que, en la última década, se han impuesto cambios metodológicos a las direcciones de los centros educativos que han repercutido negativamente en el nivel académico de los alumnos: «Se han implementado metodologías sin proporcionar los recursos ni la formación adecuada, sobrecargando a los docentes y comprometiendo el aprendizaje», lamentan desde la agrupación de profesionales. Además, desde el colectivo también denuncian a la defensora que todas las reformas curriculares que ha impulsado la cartera de enseñanza en los últimos años se han hecho sin tener en cuenta la voz de los docentes: «Las reformas curriculares han sido impuestas sin una negociación efectiva con los docentes, contraviniendo los principios de participación democrática y despreciando la experiencia del profesorado», rematan desde la plataforma. Por todos estos motivos, pues, los docentes han optado por llevar sus reclamaciones a la defensora del pueblo.
