El papel de los teléfonos móviles y las pantallas en los centros educativos ha sido uno de los puntos que ha generado más controversia entre la comunidad educativa en los últimos años. Aunque se trata de un debate eterno que se arrastra desde hace décadas, desde la pandemia de la Covid se ha acentuado la presencia de las pantallas en el día a día de los niños y adolescentes, también en el aula, lo que ha polarizado aún más las opiniones. En septiembre de 2023, coincidiendo con el inicio del curso escolar, la entonces consejera de Educación, Anna Simó, puso sobre la mesa la posibilidad de prohibir los teléfonos móviles en las aulas, una idea que generó una fuerte división de puntos de vista. El debate volvía a estar en la agenda de la comunidad educativa. A pesar de algunas discrepancias, el departamento ya tomó medidas para combatir el exceso de pantallas en el aula: vetó el teléfono en infantil y primaria, y solo se permitía el uso de los móviles en el aula en secundaria con fines educativos. Desde entonces, sin embargo, el Departamento de Educación, en manos de la consejera Esther Niubó, ha dado nuevos pasos en las restricciones de la digitalización de las aulas. Este mes de septiembre los dispositivos móviles no estarán permitidos en toda la etapa obligatoria, ni en las aulas ni en el resto de espacios de los centros, incluyendo los usos pedagógicos.
Se trata de una de las principales medidas que pone en marcha la consejería para el curso próximo, y que se enmarca en el Plan de digitalización responsable, elaborado a partir del análisis del grupo de expertos elaborado a petición de la misma titular de la cartera. Además, este nuevo plan de la consejería también restringirá «progresivamente» las pizarras digitales y las tabletas en las aulas de infantil, aunque esta medida se implementará progresivamente antes de que termine la legislatura. Dos medidas restrictivas que han abierto una nueva brecha entre los nuevos responsables de la consejería de Educación y la comunidad educativa. «Somos la primera comunidad autónoma española que inicia un proceso basado en encuestas y grupos de discusión, para poder tomar unas medidas relevantes como estas», defendió Niubó en la presentación de las nuevas medidas. Sin embargo, la profesora de la Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona (UB), Mariona Grané, experta en el uso de pantallas y redes sociales entre los niños y adolescentes y miembro del comité elaborado por la consejería para decidir sobre el futuro de las pantallas en los centros educativos discrepa directamente de la consejera: «La prohibición no es una buena estrategia educativa», señala Grané en conversación con El Món, que apunta que las recomendaciones del grupo de expertos definían las tecnologías como «herramientas de aprendizaje».
Consenso entre los expertos
En una entrevista con este diario, el psicólogo, educador, periodista y experto en adolescencia, Jaume Funes, coincide en que la «prohibición» no es una buena fórmula para abordar la digitalización de la sociedad, en la que la tecnología y las pantallas cada vez tienen más peso. De hecho, el especialista en adolescencia considera que la administración catalana adopta la prohibición como una medida «práctica» para contentar a las familias que «presionan», agrupadas y organizadas, principalmente, por dos plataformas: la plataforma Aixeca el cap y la asociación Adolescencia Libre de Móviles. Coincidiendo con los otros dos expertos, la psicopedagoga y profesora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) Sylvie Pérez también califica las decisiones de la consejería como «una huida hacia adelante». «Tengo la sensación de que es un corte de raíz brusco con pocos estudios detrás», argumenta Pérez, que insiste en que, si la consejería argumenta que no se pueden usar ni para «usos pedagógicos» al mismo tiempo está admitiendo que «estos usos pedagógicos existen»: «En alumnos con necesidades educativas especiales (NEE), por ejemplo, nos son muy útiles, sobre todo para trabajar pictogramas», asevera.
El principal elemento de consenso entre los expertos, tanto los que han participado en el comité de la consejería como otros externos, es que la «prohibición» es un mecanismo «peligroso» porque no permite educar a los estudiantes sobre el mundo digital: «No sé si no se ha leído los estudios que ha encargado», ironiza Mariona Grané, apelando directamente a la titular de la cartera. De hecho, la profesora de la UB endurece aún más el tono y califica la decisión de la consejería como un «mensaje» contra el profesorado e insiste en que «regular», tal como se estaba haciendo hasta ahora, nunca puede ser equivalente a prohibir. Por su parte, Sylvie Pérez también expresa que recibe las nuevas directrices de la administración catalana «con preocupación», ya que considera que es «una respuesta populista y poco pensada para contentar a un grupo de gente que hace mucho ruido»: «Debemos enseñar lo que se encontrarán los alumnos en el futuro», añade. En este sentido, para Funes, la «prohibición» es un «catalizador» de otros malestares a los que ha tenido que hacer frente la actual de la consejería, pero también coincide en que no es la vía más recomendable para la educación.
Acompañar a los adolescentes en el mundo digital
Los tres expertos coinciden en que la escuela y el instituto son instituciones con un papel fundamental a la hora de acompañar y formar a las nuevas generaciones en el mundo digital. Para el psicólogo y educador autor del libro No sin mi móvil (Columna, 2025), el problema de fondo no es que chicos de sexto de primaria, por poner un ejemplo, tengan teléfono, sino que deban aprender a usarlo y descubrirlo «solos»: «El problema no es que tengan móvil, es que han hecho una inmersión en un universo absolutamente desconocido todos solos», defiende. En este sentido, Mariona Grané recuerda que los docentes son profesionales con las herramientas y los recursos necesarios para enseñar a los estudiantes la «importancia de verificar las informaciones» que ven en las redes sociales, pero también a cómo usarlas para «no caer en procesos adictivos», especialmente con TikTok -una de las herramientas que ha generado más reticencias entre los adultos.
De hecho, la directora de las Asociaciones Federadas de Familias y Alumnos de Cataluña (aFFaC), Lidón Gasull, aunque valora positivamente la prohibición de los móviles en las aulas en todas las etapas de la educación obligatoria, insiste en declaraciones a la Agencia Catalana de Noticias (ACN) que se debe reforzar una «educación crítica hacia las tecnologías»: «Se debe reforzar mucho que los adolescentes sepan cómo enfrentar los peligros de las redes sociales y entiendan que otra digitalización es posible, más soberana», apunta. Es decir, a pesar de las discrepancias con los expertos sobre las prohibiciones de la consejería, Gasull también considera que se debe reforzar la formación de los jóvenes para enseñarles a enfrentar los peligros de las redes.
Sí crítico de las voces contrarias a las pantallas
Las voces más contrarias a la presencia de pantallas y dispositivos móviles, como teléfonos o relojes inteligentes, en las aulas, a diferencia de los expertos, ven con buenos ojos las medidas de la consejería. Sin embargo, lo hacen con un sí crítico. Por ejemplo, desde la plataforma Aixeca el cap, consideran que es positivo que los móviles «no se puedan llevar a la escuela ni usar en excursiones», entre otros, pero critican que las restricciones de pantallas no se hagan inmediatamente: «Si es por criterios de protección a los menores, no entendemos por qué no se retiran inmediatamente», argumenta la docente y miembro de la plataforma Verònica Miró. De hecho, desde la plataforma consideran que el motivo por el cual la consejería ha optado por dilatar hasta que termine la legislatura la retirada de las pizarras digitales es para cumplir con los «criterios» de los fondos Next Generation -con los que se ha financiado la compra de este material- y evitar «que la Generalitat tenga que hacerse cargo».
Ahora bien, la administración catalana también ha destinado millones de euros en dispositivos tecnológicos para las escuelas e institutos que ahora quedarán sin usar. Este es precisamente el punto de crítica que expresa el sindicato mayoritario de educación, USTEC, que, aunque ve con buenos ojos la prohibición de los móviles de la consejería, denuncian que se ha producido un «despilfarro» de recursos: «Para nosotros es un despilfarro de dinero que podrían haber sido destinados a cubrir las necesidades reales de los centros educativos, sobre todo en la atención al alumnado», destaca la portavoz del sindicato, Iolanda Segura, que, a pesar de algunas discrepancias, celebra el nuevo marco de actuación del departamento porque «pone freno al uso de las pantallas» en las aulas.
La comunidad educativa, por tanto, ha quedado dividida y polarizada en el debate sobre qué papel deben tener los móviles -y las pantallas en general- dentro del proceso de aprendizaje de los estudiantes. Mientras los expertos recelan y rechazan el camino de la prohibición que ha escogido la consejería, otros docentes y las agrupaciones de familias celebran los nuevos pasos de la administración para limitar y, prácticamente, suprimir, la presencia de pantallas en las escuelas e institutos. Sin embargo, a pesar de las nuevas directrices del Gobierno, los expertos advierten que el debate «aún no ha terminado». La controversia continuará existiendo.
