El Departamento de Educación y Formación Profesional, encabezado por la consejera Esther Niubó, ha confirmado este miércoles oficialmente los cambios en el currículo de bachillerato. A partir del curso 2026/27, se fusionarán las materias de modalidad científica, es decir, física y química se agruparán en una sola asignatura, y geología, biología y ciencias ambientales en otra. También se producirán cambios en el peso que el trabajo de investigación de final de bachillerato tendrá para calcular la nota media de la secundaria postobligatoria. Este trabajo pasará a contar como una asignatura más, un 5%, mientras que hasta ahora suponía un 10%. Pero el motivo por el cual se ha desatado una fuerte polémica alrededor del bachillerato es el requerimiento que el Ministerio de Educación, en manos de la ministra Pilar Alegría, envió el pasado diez de septiembre a la consejería, ya dirigida por el PSC. En este documento del gobierno español, al cual ha tenido acceso El Món, se reprocha a la Generalitat que el currículo catalán de bachillerato «no respeta las competencias» atribuidas al Estado español.
El gobierno de Pedro Sánchez exige en este documento que se adecue el currículo catalán a las directrices de la ley estatal LOMLOE -también conocida como Ley Celaá-, que se aprobó el 19 de noviembre de 2020 en el Congreso con los votos de PSOE y Unidas Podemos, las dos formaciones que la impulsaron, el apoyo de ERC y la abstención de Junts. Aunque esta normativa está vigente desde enero de 2021, hasta ahora se había evitado bastante desde Cataluña, donde la consejería de Educación ha estado dirigida por ERC los siete años anteriores a la toma de posesión de Salvador Illa. Es decir, los republicanos estaban al frente de la cartera en el momento en que se selló la ley española y cuando se comenzó a aplicar.
A pesar de las directrices de Madrid, el 20 de septiembre de 2022, durante el mandato del presidente Pere Aragonès, el Gobierno aprobó el decreto 171/2022, que se aplica desde el curso 2022/23 y que todavía está vigente, sobre la ordenación de las asignaturas de la secundaria postobligatoria. Un decreto que todavía mantenía las asignaturas de la modalidad científica por separado -al contrario de lo que establece la normativa española. Ahora, sin embargo, con la llegada del PSC a la Generalitat, la Moncloa ha enviado un requerimiento en el que fuerza a modificar el currículo catalán para adaptarlo al que se utiliza en el resto del estado español.
El argumento con el que el ministerio justifica el requerimiento y, por consecuencia, la exigencia de cambios, es «la movilidad del alumnado» entre las autonomías, ya que aseguran que las diferencias entre el currículo catalán y el de otros territorios del estado provocan que algunos alumnos que necesitaban homologar sus títulos en otras comunidades autónomas no lo hayan podido hacer. De hecho, este es el mismo argumento que ha esgrimido la consejería de la Generalitat para justificar los cambios impuestos desde Madrid. En detalle, el ejecutivo español fija esta diferencia en la rama científica, ya que, según aseguran, «dos materias de la modalidad científica» en la norma catalana –por ejemplo, física y química– son «una sola materia» en el real decreto 243/2022, la normativa española: «Por este motivo, si un alumno tiene previsto cursar segundo de bachillerato en una comunidad autónoma diferente a Cataluña estará obligado a cursar una cuarta materia de modalidad durante el primer curso para tener en cualquier comunidad el número de materias de modalidad que establece el real decreto«, argumentan. Es decir, la consejería alega que este hipotético estudiante catalán de bachillerato que se trasladase a otra autonomía se encontraría con que no le homologan el curso realizado en Cataluña.
Unos cambios pensados para los alumnos catalanes, según el Departamento de Educación
Con estos argumentos en mano, el ministerio que lidera Pilar Alegría señala que «el Departamento de Educación se atribuye la competencia para determinar las materias de cada modalidad, algo que corresponde al Estado español, alterando lo previsto en el real decreto 243/2022, lo que podría generar historiales académicos incompatibles con la obtención del título de bachiller». Es decir, en otras palabras, la Moncloa advierte que si la consejería de Niubó no modifica la ordenación de las asignaturas de la secundaria postobligatoria, las titulaciones de los estudiantes podrían peligrar. La consejería, sin embargo, a petición de los periodistas que lo han preguntado, tampoco ha podido cifrar cuántos casos de estudiantes se han detectado en esta situación. De hecho, la anterior titular de la cartera, Anna Simó, también ha cuestionado este argumento en un tuit en las redes sociales: «¿Ahora resulta que el alumnado catalán que ha hecho hasta ahora 1º de bachillerato modalidad ciencias y tecnología no tiene el título homologado? ¿O a qué alumnado se refieren?», ha preguntado Simó.
¿Ahora resulta que el alumnado catalán que ha hecho hasta ahora 1º de bachillerato modalidad ciencias y tecnología no tiene el título homologado? ¿O a qué alumnado se refieren? https://t.co/srXAJnp7kp
— Anna Simó Castelló (@AnnaSimo) April 16, 2025
La advertencia de Madrid ha terminado forzando a la consejería a capitular. En un documento de respuesta electrónica firmado por la misma consejera con fecha de 23 de octubre de 2024, Niubó comunicaba al ministerio que el departamento modificaría los siete puntos requeridos del decreto catalán para adecuarlos a la normativa española. En esta respuesta, a la cual también ha podido acceder este diario, la titular de la cartera asegura que se modificará el artículo 11 del decreto catalán, que hace referencia a las materias de la modalidad científica y tecnológica, los artículos 18 y 35, referentes al peso del Trabajo de Investigación en la evaluación general del bachillerato, y la eliminación del «apartado de documentos para la organización y gestión de centros, concreción y desarrollo del currículo» en todas las referencias a la movilidad entre autonomías.
En esta línea, la respuesta de la consejería también apuntaba a la modificación del artículo 13 -a petición del requerimiento-, el cual hace referencia a las materias de la modalidad de humanidades. En detalle, la respuesta de la consejera marca que «se suprimirán las materias no previstas en el real decreto», es decir, la literatura catalana y castellana, como asignaturas de modalidad, ya que en las otras autonomías son optativas. Ahora bien, este cambio se terminó echando atrás por el enorme rechazo que generó en la comunidad educativa. De hecho, la consejería asegura que las literaturas se mantendrán como asignaturas de modalidad –obligatorias– en humanidades en segundo de bachillerato gracias a «un acuerdo con el Ministerio de Educación».
El informe jurídico, del mes de marzo
Aunque el requerimiento se emitió el 10 de septiembre y que la respuesta de la consejería se envió a Madrid el 23 de octubre, solo un mes y diez días después, el informe jurídico encargado por el mismo departamento no se emitió hasta el 28 de marzo de 2025. Este documento, firmado por la actual secretaría de mejora educativa, Pepín Beltrán, concluye también que las modificaciones exigidas por el requerimiento ministerial deben llevarse a cabo, ya que el decreto 171/2022 «no tiene potestad para innovar el ordenamiento jurídico vigente», es decir, la normativa española, y «se encuentra sujeto al principio de la jerarquía normativa». En otras palabras, el informe interno de la consejería ratifica la respuesta dada cuatro meses antes por la misma titular de la cartera y fija que hay que modificar el decreto actual sobre el currículo catalán de la secundaria postobligatoria.
La resolución, pues, es clara: se debe adecuar el funcionamiento del bachillerato catalán al del resto de autonomías para garantizar que los estudiantes que hayan comenzado primero en Cataluña puedan terminar la etapa en otro territorio si lo requieren y tener su título homologado correctamente. Estos cambios se pondrán en marcha a partir de septiembre de 2026 -dentro de dos cursos-, ya que desde la consejería defienden que con este margen de tiempo pueden formar a los docentes en el nuevo funcionamiento de las ciencias, principalmente, en bachillerato. La decisión es firme, pero no gusta nada a la comunidad educativa, que ya ha amenazado con no corregir las pruebas de acceso a la universidad (PAU) de este año. La batalla por el bachillerato aún no ha terminado.
