Segundo escrito del ex consejero de Presidencia y preso político, Jordi Turull, a la sala de lo penal del Tribunal del Supremo. Un escrito de trece páginas al que ha tenido acceso El Món, en que remacha el contenido de la primera petición de la aplicación de la amnistía una vez entró en vigor. Pero el escrito registrado este mediodía, la defensa de Turull, dirigida por el abogado Jordi Pina, hace como el yudo y aprovecha la fuerza del contrario, y hace sede los argumentos de la Fiscalía General del Estado en favor de aplicar la amnistía a los condenados y procesados por el delito de malversación en el contexto del Proceso. Una decisión aprobada este mediodía después de una larga e intensa Junta de Fiscales donde los cuatro representantes del ministerio público han sido relevados por su desacuerdo con el criterio general de la Fiscalía.

En su escrito, la defensa de Turull viene recogidos sus argumentos en los razonamientos que han llevado a la Junta de Fiscales a apoyar a la amnistía en los procesados y condenados por malversación. Así, remarca que «el legislador ha querido extender los efectos de la amnistía a todos los supuestos de ánimo de lucro, excepto aquellos concretos en que ha habido propósito de enriquecimiento personal». Un principio que Pina de Montalgrao ya ponía negro sobre blanco en el primer escrito donde reclamaba la adopción de la amnistía por su caso por un delito por el cual todavía está inhabilitado para ejercer cargos públicos.

Manuel Marchena, en el momento de ser condecorado/ICAV
Manuel Marchena, en el momento de ser condecorado/ICAV

«Turull no pretendía hacerse rico»y el «clavo al rojo vivo del terrorismo»

La defensa del ex consejero y actual secretario general de Juntos subraya que «solo fue condenado por la adopción de compromisos de gasto que ni siquiera llegaron a ejecutarse». «Unos compromisos», continúa, «con que no incorporó ningún caudal a su propio patrimonio, ni podía pretender beneficiarse personalmente, puesto que su aprobación solo tenía como objetivo cubrir determinados gastos de la consulta convocada y solo de manera colateral -es decir, sin intención directa o propósito- podía haberse beneficiado los proveedores que, en todo caso, nunca llegaron a prestar ningún servicio ni a obtener tampoco ningún crédito ante la administración». «En definitiva, es indiscutible que, con los hechos por los cuales fue condenado, Jordi Turull no pretendía hacerse más rico, para hacer referencia a aquella situación que ha pretendido claramente excluirse de la norma«, sintetiza el escrito.

Por otro lado, los abogados cargan con el mochuelo contra la tesis que haría creer que el Primero de Octubre iría en contra de los intereses financieros de la Unión Europea. «En el procedimiento penal que nos ocupa», arguye, «ninguno de las partes personadas, y tampoco el Tribunal en las diversas resoluciones, hicieron la más mínima referencia a los intereses financieros de la Unión Europea, que no han entrado en escena hasta la aprobación de esta Ley Orgánica.» Y aprovecha para cargar contra la instrucción del Tsunami Democrático. «Una cosa parecida, por cierto, al acontecido con el delito de terrorismo, en que absolutamente nadie pretendió subsumir nunca los hechos que nos ocupan hasta que, como ‘clave al rojo vivo’ jurídico, esta subsunción se consideró imprescindible para intentar frenar los efectos de la presente amnistía respecto de otros procesados como el presidente Carles Puigdemont», sentencia.

En este sentido, la defensa de Turull recuerda que el criterio de considerar que el Proceso afectaba los intereses de la Unión, «pasa gravemente por alto, por cierto, el hecho probado contenido a la Sentencia recaída en esta causa que considera acreditado que la pretensión real de los condenados no era realmente conseguir la secesión de Cataluña, sino forzar una negociación política con el Gobierno español». «Mucho se podría discutir sobre la veracidad o no de tal afirmación, pero la realidad es que forma parte de la Sentencia condenatoria», avisa Turull al tribunal que preside Manuel Marchena.

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