La ex consejera y eurodiputada de Juntos Clara Ponsatí recorrerá la orden de detención estatal que ha acordado emitir el magistrado instructor de la causa del proceso al Tribunal Supremo, Pablo Llarena, por no comparecer ante la justicia el pasado 24 de abril para declarar por un delito de desobediencia. Así lo ha explicado su abogado, Gonzalo Boye, que no ha querido dar ningún detalle sobre donde se encuentra Ponsatí a estas alturas. El abogado de la eurodiputada ha asegurado que recorrerán la orden de detención, pero también ha explicado que todavía tienen que estudiar detenidamente los detalles de la interlocutoria de Llarena.

Llarena lo ha emitido esta mañana porque considera que Ponsatí ha desatendido “voluntariamente e injustificada la citación judicial”. En esta interlocutoria, pero, el magistrado del Supremo argumenta que dejaría sin efecto su detención si, una vez enterada que está dictada comparece voluntariamente como hizo la actual consejera Meritxell Serret y la exlíder de la CUP, Anna Gabriel.

Clara Ponsatí en una imagen de archivo / Europa Press

A pesar de que Ponsatí presentó un escrito en el cual aseguraba que no podía venir a declarar en España porque la cita le coincidía con sus obligaciones al Parlamento Europeo, Llarena cree que no es suficiente motivo. De hecho, el magistrado considera que con el escrito Ponsatí solo “sugería” que las dos tareas eran incompatibles, pero entiende que no se acreditó la coincidencia de las dos actividades. Además, en el mismo escrito, la ex consejera también pedía al juez suspender el proceso porque cuenta con inmunidad europarlamentaria y, por lo tanto, el Supremo necesita el aval de la cámara europea para poderla procesar.

El reclamo de Boye a Llarena

En el escrito que hizo llegar a Llarena hace poco más de un mes, Boye reclama al juez que mantenga una conversación con Europa sobre las capacidades de Ponsatí como eurodiputada. Concretamente, invoca el artículo 4.3 del Tratado de la Unión Europea que habla de la cooperación leal entre los estados miembros y la UE. “En caso de duda sobre el alcance de sus obligaciones”.

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