La aplicación de la ley de amnistía ha quebrado la unidad de acción judicial contra el independentismo, pero Carles Puigdemont continúa siendo el gran objetivo. Una vez la Fiscalía General del Estado consolidó el posicionamiento después de una dura batalla interna, ha llegado la hora de la judicatura. Mayoritariamente, la amnistía se va aplicando en decenas de procesos, pero en los procedimientos más mediáticos y más simbólicos pueden quedar encallados en las rendijas que los magistrados aprovechan para hacer interpretaciones restrictivas de la aplicación de la ley penal. La intención es intentar por todas las vías, aunque sea con víctimas colaterales, aislar a Carles Puigdemont de la aplicación de la amnistía con la excusa de la malversación y la traición.
Por un lado, el Tribunal Supremo, con Manuel Marchena como ideólogo y su subalterno instructor, Pablo Llarena, con una tercera interpretación del delito de malversación para esquivar la amnistía para el grueso del exilio. En un segundo nivel, lo más destacado es la entrada en el juego del titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, redibujando la ley procesal para reconvertir una investigación mayoritariamente archivada sobre los fondos de la Diputación de Barcelona en una pieza de delito de traición.
Traición y TJUE
El delito de traición, muy grave penalmente, queda excluido formalmente de la amnistía, y serviría a Aguirre para mantener implicados a los expresidentes Carles Puigdemont y Artur Mas. Una decisión que ha hecho poner en guardia a las defensas, por el silencio de la Fiscalía catalana respecto a esta apuesta de Aguirre y por las maniobras del juez para mantener viva la causa. Fuentes judiciales indican que Aguirre declarará la causa secreta en los próximos días: algunas fuentes puntualizan que podría ser este miércoles. A todo esto hay que añadir la puerta abierta por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y por la Sección Tercera de la Audiencia Nacional, que han abierto el proceso para llevar la amnistía al Tribunal Constitucional y al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Por otro lado, hay que destacar la decisión de Manuel García Castellón de archivar provisionalmente la causa del Tsunami Democrático desprendido del bofetón de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, que ha invalidado los tres últimos años de instrucción. La resolución que firma el magistrado Félix Alfonso Guevara ha permitido a García Castellón cerrar la causa sin aplicar la amnistía. Una ley que repudia desde que empezaron las negociaciones políticas entre el PSOE y el independentismo.
Aguirre hace de las suyas y la Fiscalía no dice nada
Pero vamos por partes. La decisión de Aguirre de remitir al Tribunal Supremo la causa de la trama rusa tiene una doble intencionalidad. En primer término, el truco legal de enviar el grueso de la instrucción a Manuel Marchena y evitar responder a la cantidad ingente de recursos de reforma y apelación interpuestos por los encausados a raíz de la interlocutoria de imputación del pasado 21 de junio. De hecho, las defensas temen que el magistrado aproveche el envío de la causa al Supremo para evitar responder los recursos hasta que la sala de lo penal decida.
Una jugada que ya han previsto, de aquí que hayan pedido la certificación de la fecha de entrada de sus recursos, para intentar bloquear la maniobra dilatoria del juez. En concreto, poder certificar que los recursos son anteriores a la remisión de las actuaciones a Madrid, para que no pueda meter en un cajón los recursos y se atasque el camino procesal de la amnistía y de la causa en sí.
En este punto, también se entiende la intención de declarar la pieza secreta. Una decisión que solo tiene el sentido de continuar investigando una trama sin tener que dar cuenta de qué hace a ninguno de los implicados. Pero esta declaración tiene que pasar por las manos del fiscal Ricardo Sáenz Gadea, del cual las defensas todavía no han tenido ninguna noticia. Un hecho inédito porque la Fiscalía, como ha venido haciendo el ministerio fiscal, tendría que haber solicitado la aplicación de la ley de amnistía. Por ahora, las defensas están a la espera del próximo paso de Aguirre para evitar que la causa se alargue y enquiste la situación de los procesados.
La batalla de la Audiencia Nacional y, de paso, la traición
Además de la figura de Aguirre, hay que tener presentes las tres últimas resoluciones. En primer término, la decisión de la sección cuarta de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, presidida por el magistrado Félix Alfonso Guevara, con la que ayer se cargó, de una tacada, toda la instrucción de la causa del Tsunami Democrático por un defecto de forma demoledor: prorrogar fuera de plazo una instrucción. La segunda es la reacción del juez instructor, Manuel García Castellón, titular del juzgado central número 6 de la Audiencia Nacional, a pesar de estar de vacaciones, fue inmediata: declarar el archivo provisional de la causa. Un detalle técnico porque con este sobreseimiento provisional, García Castellón evita aplicar la amnistía y, por lo tanto, exonerar a los implicados definitivamente de responsabilidad penal con un sobreseimiento libre, como sí que ha pasado en los casos en los que hasta ahora se ha acordado admitir la ley del olvido penal.
La tercera resolución a no perder de vista es la de la magistrada Susana Polo, del Tribunal Supremo, que ha decidido archivar la causa de Tsunami Democrático para Carles Puigdemont y Ruben Wagensberg. Una resolución que permite al diputado republicano volver a Cataluña, igual que al resto de procesados en la Audiencia Nacional no acusados de malversación, como sería el caso de Marta Rovira, Oleguer Serra o Jesús Rodríguez. Pero la resolución del Supremo también da argumentos a las defensas de la trama Volhov, en el sentido de que la magistrada Polo recuerda que hay que archivar la instrucción del Tsunami Democrático por un error material contra las garantías de los derechos de los investigados: un argumento calcado del de la sección 21 de la Audiencia de Barcelona que anuló todo lo que se investiga al juzgado 1 de Barcelona desde julio del 2023, en el asunto de la supuesta la trama rusa. Una decisión que Aguirre esquivó abriendo una pieza separada con otro delito para continuar una investigación parada por un tribunal superior. Una técnica bautizada como «clonación procesal» absolutamente prohibida por la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
El TJUE y el TC en el horizonte
Si en un primer momento, la tesis era que la magistratura podría parar la aplicación de la amnistía con la presentación de cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea o cuestiones de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, ahora parecía que quedaban en un segundo plano. Pero finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y la Audiencia Nacional ya lo han puesto sobre la mesa, en el caso de Josep Maria Jové, Natàlia Garriga y Lluís Salvadó por la malversación y sus efectos ante los fondos europeos y en el caso de la operación Judas.
La maniobra de estos dos tribunales en estos dos casos, sin embargo, tiene una explicación. En primer término, en ambos casos hay acusaciones particulares o populares. Un elemento clave a la vista de que ni Fiscalía ni la Abogacía del Estado espolearán ninguna de las dos vías. Por lo tanto, el tribunal que las presente no tendrían ninguna parte que defendiera sus posicionamientos si no fuera por la existencia de estas acusaciones que harían de
