Persistir a pesar de la amenaza de fraude procesal e interponer recurso. Esta es la respuesta que ha dado a conocer el abogado Jaume Alonso-Cuevillas, representante legal de los cinco exconsejeros de Cultura que presentaron una querella contra Rocío Vargas, la jueza que ejecuta la sentencia sobre las pinturas murales de Sixena expuestas en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. En una entrevista en el programa El Cafè d’Idees de la 2Cat, emitida esta mañana, el también catedrático de Derecho Procesal ha anunciado que recurrirán la inadmisión a trámite de la querella dictada este martes por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón.
De hecho, el letrado ya daba por descontada esta decisión, porque la estrategia pasa por llegar al Tribunal Constitucional, una vía que el Gobierno desistió utilizar. «Ya la contemplábamos como muy probable, a pesar de que el delito es de manual», ha argumentado Cuevillas, y ha añadido que “la experiencia en estadística» ya les hacía intuir que una querella contra un juez que tiene que ser admitida a trámite por un tribunal de magistrados «tenía pocas posibilidades». De hecho, así lo había explicado en una entrevista a El Món, justo después de anunciar la interposición de la querella.
Las instituciones, de perfil
El abogado considera que las administraciones lideradas por Salvador Illa, Sònia Hernández, Ernest Urtasun y Jaume Collboni se han puesto «de perfil» ante el conflicto y ve «catalanofobia» detrás del conflicto con Aragón. «La actualidad nos lo ha demostrado con el ‘Guernica’, en situaciones idénticas, tratamientos desiguales», ha remarcado a preguntas de Gemma Nierga. En todo caso, se abre una nueva etapa pensando más en el Tribunal Constitucional, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón notificara este martes la inadmisión a trámite de la querella firmada por Lluís Puig, Laura Borràs, Ferran Mascarell, Joan Manuel Tresserras y Àngels Ponsa contra la magistrada que ordenó el traslado de las obras de Sixena, el Ayuntamiento de Vilanova de Sixena y el gobierno aragonés.
Los querellantes argumentaron que cargos municipales y del gobierno aragonés indujeron a la jueza a ejecutar forzosamente la sentencia, pero los magistrados apuntan que esta «actuó legítimamente dando cumplimiento a la orden de juzgar y ejecutar lo que se ha juzgado», y que no cometió ningún delito de prevaricación ni ninguna tentativa de atentado contra el patrimonio. Asimismo, los togados advertían a los querellantes que abrían un testimonio separado por abuso de derecho contra los querellantes.
