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El exilio intenta impedir que Llarena dinamite la negociación de la amnistía

«Una decisión judicial con la intención de torpedear una negociación política». Esta es la interpretación que desde Waterloo y la defensa del exilio hacen de la providencia que ha firmado este martes el juez instructor del Proceso, Pablo Llarena. Un documento con que insta al presidente al exilio, Carles Puigdemont, y el ex consejero también exiliado Toni Comín porque, en el plazo de diez días, informen el magistrado si han presentado un recurso de casación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) contra la sentencia del pasado 5 de julio del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), que avalaba la retirada de la inmunidad aprobada por el Parlamento Europeo contra los dos eurodiputados.

En concreto, Llarena también quiere aclarar si el exilio ha pedido medidas cautelares al tribunal, en el sentido que les devuelva la inmunidad de manera provisional hasta que el recurso no se resuelva. Pero, para Waterloo, la petición de Llarena tiene otra intención, que sería conocer el terreno por «cursar una cuarta orden europea de detención (OEDE) contra el presidente y el consejero al exilio». Una decisión que busca «dinamitar todo el proceso de negociación de una investidura”. “Si no, no le encontramos la explicación”, añaden. En este sentido, creen que Llarena ha encontrado la complicidad del ministerio público -de los cuatro fiscales de sala del Supremo que le pidieron que se apresurara a presentar las euroórdenes- y a con la petición de la ‘fiscalía a la sombra’, Vox.

Carles Puigdemont i Gonzalo Boye, en una imagen de archivo, en el afrenta judicial que mantuvieron en Cerdeña a raíz de las euroórdenes de Llarena/Quico Sallés
Carles Puigdemont i Gonzalo Boye, en una imagen de archivo, en el frente judicial que mantuvieron en Cerdeña a raíz de las euroórdenes de Llarena / Quico Sallés

«No daremos el pistoletazo de salida»

De momento, la táctica del exilio implica advertir al juez que no le pueden dar la información que pide. «Sería como tocar la campana para anunciar la cena, sería tanto como decirle que abrimos la veda para perseguirlos o bien que no los puedes perseguir», definen desde Bruselas. Es decir, que el exilio no quiere dar pistas sobre sus tácticas ni querrán dar ningún pistoletazo de salida a una nueva persecución.

En todo caso, ayer mismo el TJUE informaba del registro del recurso y anunciaba que los recurrentes podían interponer una petición de medidas cautelares en cualquier momento. Una posibilidad que tenía prevista y programada el equipo legal del exilio que coordina Gonzalo Boye. En este sentido, esperan los pasos de Llarena, que en su resolución del pasado julio ya anunciaba que no movería ficha hasta que se interpusiera el recurso de casación ante el TJUE.

¿Pero Bélgica… qué dirá?

En todo ello, hay un factor que la defensa tiene mucho en cuenta y es el papel de las autoridades judiciales belgas en este proceso. La justicia belga es la que tendrá que decidir si tramita o no una virtual orden de extradición de alguno de los miembros del exilio. De hecho, ya se negó en el caso del consejero Lluís Puig. Pero ahora la situación es bien diferente. En este sentido, la defensa del exilio prevé que el juez belga que tenga que tramitar una euroorden preguntará al Tribunal Supremo «si cuenta con un nuevo suplicatorio porque el que pidió en el Parlamento Europeo el marzo de 2020 estaba vinculado a la euroorden de octubre de 2019».

Precisamente, la euroorden de octubre de 2019, justo después de la sentencia del Procés, quedó sin efecto por orden del mismo Llarena, a través de la interlocutoria del pasado 12 de enero. Una resolución con que valoraba la nueva situación procesal y la calificación de los delitos objete del OEDE después de la derogación del delito de sedición. En este contexto, la defensa de Puigdemont, a pesar de admitir que la sentencia del TGUE del cinco de julio no les da la razón, «vincula la decisión exclusivamente con la decisión del Parlamento Europeo del 11 de marzo de 2021, que solo valoraba la petición de Llarena de marzo de 2020, en base la OEDE de octubre de 2019. En conclusión, la defensa del exilio interpreta que «Llarena necesita un nuevo suplicatorio, pero con la activación de las euroórdenes puede ayudar a entorpecer la negociación del PSOE y Sumar con el independentismo».

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