Se podía intuir, y así lo interpretaban las defensas del juicio contra los Pujol Ferrusola, que los miembros de la policía patriótica intentarían huir del embate de su implicación con la operación contra la familia del expresidente que se convertiría posteriormente en la operación Cataluña. Pero ya era una victoria que el tribunal presidido por José Ricardo de Prada admitiera sus testimonios y, además, solicitara aportar la ingente documentación del sumario que en el Principado de Andorra se sigue por la trama andorrana de la operación Cataluña, donde está imputado el expresidente del gobierno español, Mariano Rajoy. Es decir, incorporar a la vista oral las maniobras de la policía patriótica para obtener información delicada sobre el dinero de los Pujol y otros líderes independentistas en Andorra.
Pero este martes, se ha ido más allá. Ha facilitado la sorpresa la ingente prueba documental y auditiva, los diferentes procesos abiertos -políticos y judiciales-, la insistencia periodística, el paso de los años y una sentencia condenatoria al exdirector adjunto operativo del Cuerpo Nacional de Policía, durante los años de plomo de la operación Cataluña, a raíz del caso del pendrive de los Pujol. Efectivamente, solo había que ver cómo el fiscal en la sala del caso, Fernando Bermejo, protestaba al tribunal, pero sin interrumpir las defensas, o cómo el magistrado presidente hacía cuadrar a los testigos, para darse cuenta de que ha sido uno de los días más provechosos de las dieciocho sesiones del juicio. Una vista oral, que, por otro lado, no va nada mal a las defensas.
La guerra interna entre los miembros de la flor y nata operativa de la policía patriótica ha permitido detallar cómo se orquestó la operación clandestina contra los Pujol. Es decir, lo que el tribunal ha convenido en definir como «el pecado original del caso». La batalla desencadenada para quitarse las pulgas de encima, las confesiones, las narraciones y los olvidos súbitos de memoria han sido clamorosos. Los testimonios han permitido remachar el clavo sobre cómo se orquestó una operación y, por otro lado, avergonzar a toda una Audiencia Nacional y alrededores -como la fiscalía o la abogacía del Estado, especialmente silenciosa esta mañana- de cómo funcionaban las altas instancias judiciales españolas. En todo caso, todos los policías patrióticos citados han reconocido contactos directos con los responsables del Banco donde los Pujol tenían el dinero y que aparecieron publicados en El Mundo, por un periodista que ya ha fallecido, y que ante notario, aseguró que la información no se la pasó uno de los máximos policías implicados.
Un casamiento, clave
El primero en declarar ha sido Eugenio Pino, comisario de policía jubilado que en el año 2014 era el director adjunto operativo, el máximo mando uniformado del Cuerpo Nacional de Policía. De momento, es el único condenado por la operación Cataluña por haber intentado colar dentro de la instrucción un pendrive con información que se había obtenido de manera irregular. Pino, aunque ha tirado balones fuera, ha señalado a Marcelino Martín Blas, exjefe de la Unidad de Asuntos Internos del CNP y al comisario de inteligencia jubilado, José Manuel Villarejo, de ser los responsables de buscar pruebas contra los Pujol, como, por ejemplo, acompañar a declarar a la expareja de Jordi Pujol Ferrusola, Victoria Álvarez, al cuartel general del CNP, el Centro Policial de Canillas del Campo en Madrid.
Pino también ha reconocido que contactó con los propietarios de la Banca Privada de Andorra (BPA), Higini Cierco, en un casamiento. Asimismo, que Villarejo les entregaba Notas de Inteligencia sobre sus pesquisas. De hecho, Villarejo se ha ganado algún rapapolvo del tribunal por sus evasivas, sus pérdidas de memoria y por algunas respuestas que a los magistrados no les ha caído bien. El tono de Villarejo favorecía a las defensas porque ha sido evidente que eludía responder de manera categórica a cuestiones que los documentales, los audios o en su declaración en Andorra dejan claro. Hasta que al final, ha recordado que ha sido la misma fiscalía quien ha avalado sus documentos como notas de inteligencia o informes.
Martin Blas ha sido el más directo y ha admitido que entró en contacto con el exCEO de la BPA, Joan Pau Miquel, por orden de Pino, en un encuentro surrealista en el Hotel Villamagna. Y que, a través de un abogado conocido -letrado de sindicatos policiales- José María Fuster Fabra, presente en la sala, que en calidad de representante legal de los Cierco, pidió una reunión con el DAO. La reunión se celebró en un casamiento, donde estaban en la misma mesa, Pino, Cierco, Fuster Fabra, Martin Blas y sus parejas. Pino y Cierco, siguiendo la versión de Martín Blas, conversaron. Después el exDAO pidió a Martín Blas que contactara con la BPA, de hecho, dio su teléfono a Cierco. Fue al cabo de pocos días que quedaron con Joan Pau Miquel, por segunda vez, y le entregó una documentación que «no recuerda que fuera la misma que publicó El Mundo» siete días después y si que «eran unos documentos antiguos de los años 30 o 40». Fuster Fabra ha comentado después que la reunión en el casamiento era por otro motivo, las negociaciones para entrar en el consejo de administración del Banco Madrid, filial de la BPA en España.
De la embajada, también
El último testigo de la jornada también ha remachado el clavo. Ha sido Bonifacio Díez, alias el Boni, exinspector del Cuerpo Nacional de Policía y exagregado de Interior en la embajada de España en Andorra. Díez, implicado en el caso del pendrive y en la trama andorrana de la operación Cataluña, ha reconocido que tenía relación con los directivos, responsables de cumplimiento y empleados de la BPA. Así como una «buena amistad» con Rosa Castellón, secretaria del Consejo de Administración de la BPA, a quien utilizó para pasar el mensaje a los propietarios de la entidad para que se pusieran en contacto con la policía española. Ha admitido el contacto, pero ha evitado explicar su contenido. Díez también ha reconocido haber elaborado informes sobre las sociedades de Oleguer Pujol, junto con Marcelino Martín Blas, que después llevó a la fiscalía anticorrupción. En definitiva, todos los policías han reconocido haber tenido relación, muy turbia, con los responsables del banco donde los Pujol tenían dinero y de donde provino la imagen que publicó El Mundo.
