El exalcalde de Badalona Xavier García Albiol (PP) y cuatro ex altos cargos más irán a juicio por la colocación de antenas de telefonía ilegales al cuartel de la Guardia Urbana de la ciudad en 2012. Así lo ha decidido el juzgado de instrucción número 4 de Badalona, tal como recoge la ACN. Albiol está acusado de un delito de prevaricación urbanística y ambiental por haber permitido esta instalación. La Fiscalía le pide dos años y 10 meses de prisión y diez años de inhabilitación. Por su parte, el juez reclama una fianza total de 20.000 euros en metálico a Albiol y a otro alto cargo y de 15.000 a cada una de las dos telefónicas, pero ordena el sobreseimiento provisional para dos de los investigados. El candidato del PP por Badalona ha asegurado que «no es casualidad» que la información salga a dos meses de las elecciones. El juicio se hará a la Audiencia de Barcelona y, ahora, las defensas tienen diez días para presentar sus escritos.
El juez apunta que algunas zonas del municipio presentaban problemas de cobertura móvil antes del verano del 2012. La Fiscalía remarca que el 12 julio del 2012 Vodafone envió un correo electrónico al director de Tecnologías de la Información del consistorio de Badalona para instalar una antena en el Túuó d’en Caritg. Este lo derivó al consejero delegado de la empresa municipal Engestur, Tomás Vizcaíno. Engestur, presidida por Albiol para ser el alcalde, era la encargada de gestionar esta cuestión, revisar el funcionamiento de las antenas, inspeccionarlas y sancionar las compañías si hacía falta. Aun así, la decisión de autorizar la instalación de antenas continuaba siendo del Ayuntamiento. En aquel momento, las competencias urbanísticas estaban en manos de Albiol, puesto que no designó regidor de la materia.
Según el ministerio público, Albiol, Vizcaíno y el director de Urbanismo del consistorio autorizaron, sin disponer de una resolución exprés por escrito, la instalación de la antena en un lugar que sabían que «no era compatible urbanísticamente», como era la comisaría central de la policía local. Además, los terrenos solo se podían dedicar a usos culturales, cosa que la fiscalía afirma que también sabían los tres acusados. Señala que la instalación de la antena se llevó a cabo sin permiso de obras mayores, que nunca se concedió porque no se habían hecho los informes técnicos y jurídicos preceptivos; y sin el permiso medioambiental necesario por el peligro que las radiaciones podrían provocar en la salud. Finalmente, el fiscal también recuerda que los terrenos eran de uso público y, para usarlos de forma privada, hacía falta un concurso público.
Movistar también instala una antena sin permiso
Los técnicos de Vodafone entraron al recinto de la Guardia Urbana el 19 de julio del 2012 e instalaron una caseta prefabricada de unos 23 metros cuadrados con tres antenas a unos 15 metros de altura. La estación telefónica se activó el 25 de julio.
Entre septiembre y octubre del mismo año, Movistar también instaló en el mismo lugar un camión con una antena de tres paneles de 10 metros de altura. Una colocación que también se produjo sin disponer de ningún permiso por escrito y esta vez con el conocimiento de las supuestas irregularidades por parte del regidor de Seguridad Ciudadana, que recibió quejas por parte de un sindicato policial.
Los dos grupos de antenas funcionaron durante más de 6 años y no fue hasta el 2018 y 2019 cuando las empresas, de manera voluntaria y sin requerimiento previo del consistorio, retiraron las antenas.
Acusados de corrupción urbanística
Con todo esto, el fiscal acusa Albiol, Vizcaíno, Lladó, el exregidor de Seguridad Ciudadana Miguel Jurado y el exgerente de Territorio Xavier Salva de los delitos de prevaricación urbanística y ambiental y de omisión del deber de perseguir delitos. Pide dos años y 10 meses de prisión, inhabilitación para cargo público durante diez años y 9.000 euros de multa a Albiol y dos cargos más. En Lladó y otro cargo les pide un año y medio de prisión, inhabilitación durante diez años y 8.100 euros de multa, mientras que a un tercero acusado le pide un año de inhabilitación. El ministerio público también pide que las dos compañías telefónicas paguen cerca de 17.500 euros en el Ayuntamiento de Badalona por las tasas no pagadas, y Vodafone, 8.300 euros más por la electricidad consumida de la comisaría.
La reacción de Albiol
La reacción del exalcalde de Badalona a la apertura de juicio oral contra él por corrupción urbanística no se ha hecho esperar. Albiol ha señalado que esta decisión, a dos meses de las elecciones, «no es casualidad» e insiste a negar los hechos que se le atribuyen. Albiol está convencido que el juicio quedará en nada y ha subrayado que no se distraerá «de aquello verdaderamente importante», que es «provocar un cambio» en la ciudad.
