El fuego amigo es el peor enemigo. Y más, cuando no te lo esperas. Esto lo pudieron comprobar las acusaciones del caso Pujol, en la vigésimo quinta jornada de un juicio que ya ha entrado en una fase plenamente técnica. Por tanto, más neutra y, si se quiere, más interesante a la hora de ver interrogatorios audaces porque los números y las cuentas son difíciles de contaminar con la política. El lunes pasaron por el estrado los NUMA, es decir, el nombre operativo de los inspectores de la Agencia Tributaria, posiblemente, uno de los cuerpos y fuerzas del Estado que más atemorizan a las clases menestrales, sobre todo si son catalanas.
De hecho, no eran los testigos-peritos más esperados para las defensas, pero las acusaciones tampoco se frotaban las manos esperando sus testimonios. Ahora bien, ni el ministerio fiscal ni los abogados del Estado, -que saludan como representantes de la Agencia Tributaria- se imaginaban la profundidad de sus explicaciones ni que la información que podrían aportar podía debilitar, y de manera troncal, sus acusaciones.
Tanto es así, que el comandante de los letrados del Estado en la vista, José Ignacio Ocio, mostró una furia repentina cuando uno de los principales inspectores de Hacienda le enmendó la plana y le descubrió una jugada poco noble en una sala de la Audiencia Nacional: jugar a esconder un informe que ayuda, y mucho, a las defensas de los acusados. A raíz de la poca pericia de la abogacía del Estado, recibió el fiscal Fernando Bermejo que el lunes parecía que arrastraba los pies ante unos testigos que les había cargado el diablo. Solo faltó que el juicio tardó en iniciarse debido al cambio de sala, porque la que estaba prevista se había inundado a causa de una tubería rota. Una metáfora punzante porque la jugada fácil sería apuntar que el juicio contra los Pujol hace aguas.
Primera sorpresa: «Operaciones vinculadas»
La primera inspectora de Hacienda en sentarse en el estrado fue la NUMA 51.583, con más de veinte años de servicio en la Agencia Tributaria y con un tono sorprendentemente objetivo. De hecho, prestando atención a sus explicaciones precisas, cuidadosas y detalladísimas, tenía toda la pinta de que si en su mesa de trabajo tiene Tippex, aún debe llevar el precio en pesetas. La inspectora firmó un informe, el 21 de septiembre de 2015, que revisaba las declaraciones de IRPF, del impuesto de Sociedades y de gastos de las principales sociedades de Jordi Pujol Ferrusola y su exesposa, Mercè Gironès, Project Màrqueting e Iniciatives del Màrqueting.
Según explicó la inspección, se regularizó lo que se llama «operaciones vinculadas«. Es decir, una vez revisados los ingresos de la sociedad, se detecta que hay declarados que no son propios de la sociedad sino de los socios porque es una actividad personalísima». En resumen, que se deben imputar al socio porque se deben considerar «ajenos». Es decir, que hay ingresos de la sociedad que son imputables al socio y, por tanto, lo debe declarar como IRPF y no como Impuesto de Sociedades. Por ello, se regularizó teniendo presente que debían ser salario de Jordi Pujol Ferrusola y no ingreso societario por el carácter «personalísimo» del servicio prestado.
«Hacienda no supone»
Los dos abogados del Estado se esforzaron en dar la vuelta a las explicaciones de la NUMA 51.583, pero la inspectora parecía que hacía oposiciones al equipo de Eliot Ness. No se movía de la estructura cartesiana de la Hacienda pública. A preguntas que no sabía la respuesta, contestaba que no la sabía y punto. Sin miramientos. Y cuando la pregunta la sorprendía, respondía con una firmeza circunspecta.
Dos ejemplos. Primero, cuando el abogado del Estado le reclamaba por qué no había pedido explicaciones a dos sociedades que habían hecho tratos con Copisa y esta había pagado al primogénito del expresidente, le recordó que su trabajo es comprobar al cobrador y al pagador y que el trabajo se ha hecho, y no el papel del cliente del pagador. Y, en segundo término, cuando el abogado le reprochaba que no le extrañaban los importes de las comisiones que cobraba, la respuesta fue clara: «No puedo regularizar en base a mis suposiciones».
«Equipo de delitos»
Si los abogados del Estado ya tenían un mal día, y el fiscal parecía que estaba fuera de combate, solo faltó el interrogatorio de Cristóbal Martell, defensor del primogénito del expresidente. Ya venía preparado. Martell no juega a la improvisación sino a la defensa ágil, que es muy diferente. Pero la testimonial de las acusaciones le sirvió como un Red-Bull y ofreció un recital de cómo reconvertir un testimonio, en principio acusatorio, en una de las cartas de la defensa. Con un guion consciente, y un dominio de su peinado que baila al son de sus expresiones habituales como «un pasito más», «avanzo», «a riesgo de ser repetitivo», imprimió un frontispicio con una habilidad de oficio.
En concreto, le hizo repasar a la NUMA 51.583 su currículum. Lo hizo con suficiente ternura, porque la inspectora, como buena amante de su oficio, estaba encantada de la vida de hablar de su trabajo. Así hizo valer su espectacular carrera dentro de la administración tributaria y su faceta de «jefa de equipo de investigación de delitos». Un nombre que haría temblar a cualquiera que regenta un bar de desayunos para ciclistas o a una empresa de obras y reformas, pero que a las defensas, solo por esta jornada, sonó a música celestial o al mejor oficio del mundo.
Una jefa de investigación que admitía que en los negocios de Jordi Pujol Ferrusola no veía ni un simple «abuso de la persona jurídica». Es decir, ningún indicio de delito en su actividad mercantil. De hecho, ya lo había definido como «facilitador», una figura estandarizada, por lo que se constató en la vista, por los inspectores de Hacienda. Asimismo, sus explicaciones sobre las actas levantadas desfiguraron la vigencia del delito fiscal, la única asa a la cual se habían aferrado las acusaciones como plausible delito y con el miedo de la prescripción penal del supuesto delito.
La Abogacía del Estado se enfada
El último acto de la jornada redondeó el trabajo a las defensas, sobre todo, por una singular reacción de José Ignacio Ocio, el abogado del Estado, que se enfadó cuando un jefe regional de Hacienda lo desmontó. De hecho, se complicó tanto la vida que se descubrió él mismo y ante el tribunal, ocultando una prueba documental beneficiosa para las defensas. Una jugada no solo absolutamente descortés sino que roza la legalidad de la actuación de los letrados del Estado como acusadores. Una jugada que hizo subir la mosca a la nariz al presidente del Tribunal, que detuvo la vista para deliberar, y al volver recordó que su trabajo es garantizar la verdad judicial en beneficio del derecho de defensa. Ocio tuvo la suerte de estar presidido por este magistrado, poco amante de los estirabotes, porque con otro togado quizás le habrían abierto una testigo de particulares.
Todo provenía de la declaración del NUMA 2072 que inspeccionó la sociedad Jandro Consultores, con sede en Canarias y una sociedad derivada en México. Una inspección que analizó la operación Azul de Cortés, el proyecto inmobiliario mexicano de Jordi Pujol Ferrusola, Luis Delso y Julio Bonis que fue un negocio de oro cuando lo vendieron a Isolux y que obsesiona a las acusaciones. El inspector que, precisamente, no tenía cara de presidir la Federación Canaria de los Apostadores, Crupiers y Coristas, levantó un acta de disconformidad sobre los impuestos derivados de la operación. Un acta que en ningún caso, y replicando al abogado del Estado, no reprochaba ningún carácter «espurio» de intencionalidad, sino de simulación tributaria para interpretar qué impuesto debía pagar. Una plusvalía que la Hacienda española razonaba que debía pagarse en España y que después admitió que estaba exonerada porque se había liquidado en México.
El acta de disconformidad se levantó el 21 de septiembre de 2014 y fue corregida por un «acta de rectificación» dos meses después y liquidada el 29 de enero de 2015, por el «señor Castelló», es decir, el NUMA 46340, jefe Regional de la Agencia Tributaria en las Islas Canarias y que fue el último en subir al estrado. Este acta de liquidación fue recordada por Oscar Morales, letrado de Luis Delso, después de que Martell lo apuntara en su interrogatorio. Este informe y acta hicieron saltar como un resorte a Ocio que calificó la pregunta de Martell de «capciosa» y a Morales lo acusó de casi vulnerar el principio de igualdad de armas para la fiscalía y para la abogacía del Estado blandiendo un informe que no está en la causa.
La ira es mala consejera
Con unas formas poco habituales en una sala de vistas de la Audiencia Nacional, Ocio, que echaba humo por las orejas con una semejanza escalofriante con la Guita de la Patum, elevó protesta. La base de su derrumbe era que el documento, que beneficia claramente a las defensas, no estaba en la causa. Morales, hábil, le recordó que si está en la sala lo hace por la Agencia Tributaria, por tanto, debería tener conocimiento del documento.
Ocio, que no es ni de lejos un viejo zorro, cayó de cuatro patas en la trampa, y como Jack Nicholson en «Algunos hombres buenos» se dejó llevar por la ira y… blandió el documento, delatando que estaba ocultando al tribunal una prueba vital de la verdad judicial. Lo tenía y, encima, lo mostró al tribunal especificando que tenía 111 páginas. El silencio en la sala fue brevísimo y se quebró por un profundo murmullo de las reprobaciones de las defensas que, incluso, levantaron los brazos mirando al tribunal en un evidente gesto de protesta. Los abogados, con la complicidad vistosa del tribunal, le recordaron a Ocio, con deportividad, que estas cosas no se hacen, porque además de feas, revientan el derecho de defensa. Un derecho que solo afecta a los acusados y no a las acusaciones.
El abogado del Estado, acosado y desarmado, contó con la indulgencia, esta vez claramente a regañadientes, del presidente del Tribunal que no quería que aún se le alborotara más el gallinero. Ocio se excusó con el argumento de que este documento no lo tenía el ministerio fiscal y que necesitaba tiempo para estudiarlo y poder preparar el interrogatorio. Y, por otro lado, retó a José Ricardo de Prada a no entrar en el terreno «resbaladizo» de admitir prueba en medio del juicio aprovechando un artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Ricardo de Prada decidió aplazar la testimonial del inspector para el jueves a las 9 «hora canaria» y, de rebote, respondió al letrado del Estado que, en su sala, se admitirá toda la prueba que «sirva para el derecho a la defensa». Escuchar estas palabras en boca de un magistrado que, a menudo parece un presentador de programas infantiles, en una advertencia en toda regla. De trampas, en su sala, pocas. Aunque Hacienda desmonte buena parte de las acusaciones.
