Ni con la ley de amnistía a punto de entrar en la recta final se para. El fiscal en jefe de la Fiscalía de el Tribunal de Cuentas, Manuel Martín Granizo reclama a los líderes del Proceso así como a varios integrantes del Gobierno de los presidentes Carles Puigdemont i Artur Mas la devolución de 2.209.503,8 euros por un lado y por la otra, 883.695,29 euros. Dos cantidades que suman 3,1 millones de dos procedimientos separados que se han acumulado: el gasto exterior y los costes de la organización del referéndum del Primero de Octubre.
En resumidas cuentas, es el importe que el ministerio público considera que se va gastar ilegalmente la Generalitat de Cataluña en la organización del Primero de Octubre y la difusión del Proceso soberanista en el ámbito internacional. Así lo ha registrado en el escrito de conclusiones registrado esta mañana y al que ha tenido acceso El Món. Fiscalía, en su escrito, también detalla la retirada de algunas partidas reclamadas porque finalmente han entendido que no tenían nada que ver con el Proceso soberanista. De hecho, de buen principio reclamaba más de 9,5 millones de euros.
El escrito considera que hace falta una condena para el presidente al exilio, Carles Puigdemont, el exvicepresidente y actual presidente de ERC, Oriol Junqueras, por el expresidente Artur Mas, para el ex consejero Andreu Mas-Colell, por el ex consejero de Exteriores, Raül Romeva, por el ex consejero de Presidencia, Francesc Homs, la ex consejera Dolors Bassa, el ex consejero Jordi Turull o el expresidente del Diplocat, Albert Royo o del secretario general del departamento de Exteriores, Aleix Villatoro. Un total de 3,1 millones de euros de manera solidaria que se reclaman además de los ideros políticos a 34 altos cargos de los Gobiernos.
«Un menoscabo real y efectivo»
En el escrito de fiscalía, bastante detallado, por gasto y responsable, asegura que según la prueba practicada el «menoscabo es real y efectivo» y más, al dedicar el gasto a cuestiones que «superan el ámbito competencial de la Generalitat». Además, añaden que «al haberse producido la salida de los fondos implicados del patrimonio del ente perjudicado, y se encuentra plenamente individualizado, con identificación de cada uno de los actos que dieron lugar al perjuicio», se tiene que producir la condena. Por otro lado, aduce que también se ha acreditado que «fueron los actos desplegados por los demandados los que dieron lugar a la producción del perjuicio, para ser su causa inmediata y directa, sin que haya ninguna duda que los daños resultan imputables a su conducta».
Ahora, con este escrito de conclusiones, el Tribunal tiene que dar traslado a las defensas y el resto de partes. Así, Sociedad Civil Catalana, en espera que presente sus conclusiones finales, reclama 5 millones de euros a 11 ex-cargos del Gobierno incluidos a la lista del Ministerio Público. Los encausados ya han aportado una fianza de cara al juicio para evitar embargos. Las defensas han planteado la nulidad de las actuaciones y han calificado la causa de política, incluso, yendo más allá del que condenaba la sentencia del Proceso del Tribunal Supremo.
