La fiscalía de delitos de odio de Barcelona no ha dudado en calificar de torpes o ineptos a los creadores de las campañas B de ERC que originaron una verdadera crisis interna dentro de la formación. Unas campañas que fueron protagonistas de la parte más animada del congreso de los republicanos celebrado el pasado mes de marzo, en Martorell, y que marcaron buena parte de la actualidad política y mediática durante varias semanas. Tanto es así que el ministerio público las ha incluido en su memoria de actuaciones del año 2024, que se ha entregado a la fiscalía general y al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
En concreto, la fiscalía ha incorporado el caso en el apartado de delitos de odio, a raíz de la investigación que se abrió por la denuncia de los carteles Fuera el alzheimer de Barcelona, que aparecieron la noche entre el 8 y el 9 de marzo de 2023 en varias zonas de Barcelona, y en dos casos, en sedes de ERC en la capital catalana. Unos carteles que incluían la imagen del expresidente Pasqual Maragall, quien padece la enfermedad, y de su hermano Ernest, entonces candidato republicano a la alcaldía de Barcelona. Unas campañas de las cuales la investigación interna del partido hizo responsable a Sergi Sabrià, por su cargo en la ejecutiva como responsable de comunicación.
La aparición de los carteles descubrió una trama dentro del partido de gastos en campañas B, técnicamente bautizadas como «campañas de contraste» con actos como colgar un muñeco simulando a Oriol Junqueras, en Sant Vicenç dels Horts, durante la campaña de las elecciones europeas o enviar mariachis a la sede de Junts. De hecho, sobre estos hechos pronto podría editarse un libro a cuatro manos de dos periodistas que siguieron de cerca la polémica.
«Propaganda política orquestada»
En esta línea, la fiscalía detalla que el caso se investigó en el marco de las diligencias previas 425/23, seguidas en el Juzgado de Instrucción número 27 de Barcelona. El ministerio público elogia la instrucción del caso, pero llega a la conclusión de que los carteles, insignia de las campañas B, no fueron ni de lejos un delito. A lo sumo, ven una infracción administrativa del ámbito de la Junta Electoral Central. Pero, eso sí, reprenden a los impulsores de la campaña por su escasa pericia y creatividad.
«A pesar de la exhaustiva investigación, no se pudo identificar a la persona realmente responsable de los hechos que dieron lugar a esta causa, ni tampoco que actuara por una motivación de odio o discriminación», escribe el ministerio público. Y concluye: «Todo apunta a que era una maniobra de propaganda política orquestada desde el mismo partido, de dudoso acierto, que podría ser sancionable por vía administrativa».
