La Fiscalía de la Audiencia Nacional no ve nada clara la causa del Tsunami Democrático y se mantiene firme en la posición todo y las maniobras del juez Manuel García Castellón para preservar la causa. El fiscal Miguel Ángel Carballo ha interpuesto recurso contra el acuerdo del titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional de elevar exposición razonada a la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Un escrito sobre responsabilidad penal de Ruben Wagensberg, diputado de ERC en el Parlamento, y «del eurodiputado español», en referencia al presidente al exilio Carles Puigdemont, en una causa por «delitos de terrorismo».
El fiscal se ventila el recurso en dos páginas, a las que ha tenido acceso El Mundo, y recoge los argumentos del recurso de apelación directo interpuesto por el ministerio fiscal contra la interlocutoria de 6 de noviembre. Además, el fiscal Carballo añade que todavía resto pendiente la respuesta al recurso que encara no elevado ni en la Sala de apelaciones. Así mismo, alega la «flagrante contradicción en que incurre la citada remisión al Tribunal Supremo con la misma interlocutoria del escrito recorrido por este Ministerio».
Batalla jurisdiccional a tres bandas
El escrito del fiscal añade más leña al fuego de la tensión existente dentro de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo atizado por el debate de la amnistía. Luego que se intuyó el acuerdo de amnistía, el magistrado García Castellón que tenía desde hacía meses el caso al cajón lo sacó con una interpretación de los hechos en el marco de un delito de terrorismo. Una manera de excluir de una virtual amnistía atendida la Directiva Europea que la misma proposición de ley prevé para rechazar exculpación de un caso.
Por otro lado, el escrito del ministerio público llega justo el día siguiente que la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, que preside en funciones el magistrado Félix Alfonso Guevara, abrió un expediente gubernativo al juez instructor por no tramitar un escrito de recusación planteado pe escombro defiende como lo ordena la Ley Orgánica del Poder Judicial.
