Un total de 79.942,70 euros. Estos eran los honorarios que reclamaba el abogado del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso, al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en virtud de la condena de inhabilitación por revelación de secretos. Pero, el ministerio fiscal impugnó el cálculo, y ahora la letrada del Tribunal Supremo ha reducido la factura a 39.009,48 euros. Una cifra notablemente inferior, pero muy lejos de los 4.240 euros que proponía pagar la defensa del ex fiscal general.
En un decreto, de diez páginas y al cual ha tenido acceso El Món, la letrada estima la impugnación por costas indebidas porque son «excesivas». De hecho, entiende que es necesario excluir de la minuta 18 recursos de apelación presentados a lo largo del sumario. Ahora bien, esta impugnación no termina aquí. Más allá de que se pueda interponer un recurso de revisión ante la sala penal en tres días, el decreto remite las actuaciones al Consejo General de la Abogacía Española para que emita un informe sobre el importe de la minuta y la labor realizada por los letrados de Amador.
Conceptos incompatibles
El recurso presentado por la defensa de García Ortiz destacaba que la minuta incluía también trámites que correspondían a otros procesados que después fueron desimputados, como la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez. Además, el ex fiscal entendía que el importe de los servicios facturados era «absolutamente incompatible con los reiterados criterios de proporcionalidad, moderación y razonabilidad exigidos de forma constante por el Tribunal Supremo para la inclusión de honorarios en una tasación de costas».
El abogado de González Amador, por su parte, alegó para defender su factura, que se enfrentó a un juicio complejo y mediático donde tenía de contrarios a la fiscalía general -que no era neutral en la causa- y la defensa de la Abogacía del Estado. En esta línea, calificó de «esfuerzo innegable» su labor en defensa de los intereses de su cliente y remarcó la «dificultad del juicio».
