Una de las sorpresas de la primera jornada del juicio oral contra el presidente Jordi Pujol y su familia ha sido la primera decisión. En concreto, a pesar de los informes médicos forenses, en la comparecencia previa que se ha hecho y donde todos daban por hecho que lo sacarían de la acusación por su estado de salud, el tribunal ha concluido que podía continuar como procesado, pero eso sí, desde la distancia. En todo caso, si más adelante lo consideraran pertinente ya volverán a valorarlo. Ha sido una decisión que nadie preveía, y más en un tribunal, como la sección Primera de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, presidida por el progresista y bastante garantista José Ricardo de Prada Soalesa.
Ricardo de Prada juzgará el caso junto con dos magistradas más. La ponente María Fernanda García Pérez -una de las duras de la Audiencia Nacional- como ponente, y Mercedes del Molino, progresista y con causas muy potentes y delicadas en su hoja de servicios, como el caso de las escuchas del CESID. En el estrado, además de los abogados defensores, que configuran una extraordinaria relación de los penalistas catalanes, también se sientan el fiscal Fernando Bermejo, un clásico de la Fiscalía Anticorrupción que se ha quedado solo después de que la fiscal cotitular del caso, Belen Suárez fue promocionada al Tribunal Supremo, y, como abogado del Estado, el mismo letrado que ha codirigido la defensa del fiscal general del Estado, Juan Ignacio Ocio.
Ricardo de Prada, el que no quería a los Jordis en prisión
José Ricardo de Prada nació en Madrid en 1957 y a menudo se le ha tildado de juez podemita por su talante progresista. De hecho, siempre ha sido objeto de las críticas del PP, que incluso ha llegado a acusarlo de lawfare contra los populares. Licenciado por la Universidad Complutense de Madrid, se incorporó a la Audiencia Nacional en 1990, donde es magistrado de la sala penal y se especializó en la vigilancia penitenciaria de los condenados por este tribunal especializado. También ha sido juez ad hoc del Mecanismo Residual para Tribunales Internacionales (IRMCT), donde se puso la toga por los casos surgidos de la guerra de los Balcanes y Ruanda. De hecho, en su vitrina tiene el Premio Nacional de Derechos Humanos 2007, concedido por la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE).
Pero este magistrado también se ha ganado notoriedad dentro del mundo judicial por sus decisiones a contracorriente y opuestas a la judicatura más derechista. Por ejemplo, fue el magistrado que escribió el voto particular que se oponía a archivar los vuelos de la CIA a España para llevar presos a Guantánamo o Afganistán. Un voto particular que levantó bastante malestar porque reclamaba investigar la colaboración de España, como país europeo, en operaciones clandestinas que vulneraban los derechos humanos. Pero, a Prada, la derecha le recrimina que fue el creador de la sentencia que provocó la caída de Mariano Rajoy, al poner negro sobre blanco la existencia de la caja B del PP, a raíz de la trama Gürtel y que argumentaba la condena al PP por haber sido partícipe a título lucrativo. También fue el magistrado que quitó hierro al caso Faisán y contribuyó a la desimputación de los policías investigados, acusados de informar de una operación policial inminente contra el entorno de ETA, dado el «contexto político» de negociación con la banda armada para dejar las armas.
Ahora bien, en Cataluña, de Prada también ha tenido predicamento. Fue el magistrado que emitió un voto particular contra la prisión provisional de los líderes civiles del Primero de Octubre, el presidente de la ANC, Jordi Sànchez, y el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart. De Prada consideraba que la prisión provisional contra ambos era «innecesaria, no idónea y desproporcionada» y apuntaba a una causa general contra el independentismo. De Prada también dejó en libertad a tres CDR detenidos durante la operación Judas, en concreto, Guillem Xavier Duch, Eduard Garzón y Xabier Buigas. Además, sus declaraciones públicas también han dejado un rastro de polémica, al asegurar que en España ha habido «torturas» o las críticas a sentencias en torno a ETA que ha considerado desproporcionadas.
Una ponente dura y una magistrada veterana
María Fernanda García Pérez (Córdoba, 1967) ha ejercido su carrera judicial en Jaén hasta que en 2018 llegó a la Audiencia Nacional. En 2019 saltó a los titulares del diario al sustituir al juez Fernando Andreu en el tribunal de la caja B del PP, el caso Bárcenas, del cual fue ponente de la condena al extesorero del partido de Mariano Rajoy. Luego sustituyó a Concepción Espejel en la sección primera de la sala penal, cuando fue promocionada al Tribunal Constitucional. Desde la magistratura de la Audiencia Nacional ha emitido votos particulares contra archivos de causas sobre miembros de ETA, como el caso Amboto, pero también ha sido de las primeras en utilizar la excusa absolutoria para evitar la condena a un colaborador de la justicia, como fue el caso del cártel del fuego, en un inmenso sumario de licitaciones de hidroaviones de extinción de incendios en todo el estado español. También formó parte del tribunal que condenó a Albert Baiges, un chico de Montbrió del Camp, por escribir un tuit donde pedía cortar el cuello a Felipe de Borbón, en el marco de la’operación Krona.
La otra integrante del tribunal, Mercedes del Molino, licenciada en derecho por la Complutense de Madrid en 1983, entró en la judicatura en 1986 en Gernika, de donde fue a Leganés y ya no se movió de Madrid. Ganó la plaza en la Audiencia Nacional en competencia con Mercedes Ayala, la jueza del caso ERO de Andalucía, pero antes había trabajado en casos muy delicados. En concreto, en los juzgados de Instrucción 16 y 43 de Madrid, donde llevó partes de la instrucción del caso Luis Roldán, el exdirector prófugo de la Guardia Civil, –en sustitución de la jueza Ana Ferrer, ahora en el Tribunal Supremo y una de las partidarias de la absolución del fiscal general Álvaro García Ortiz–, y del caso de los fondos reservados del Ministerio del Interior, que abrieron una fuerte crisis en los gobiernos socialistas de Felipe González. También fue asesora de la ministra de Justicia Pilar Llop. Miembro de Jueces para la Democracia, tiene un carácter abiertamente progresista.
Bermejo y Ocio, las acusaciones
Por parte de las acusaciones destacan la del fiscal Fernando Bermejo, un clásico de la Fiscalía Anticorrupción que debe afrontar su trabajo de acusación pública solo. Bermejo, que durante mucho tiempo formó parte del tándem habitual de las causas anticorrupción con José Grinda, ha dirigido causas como las del 3%, el caso Riviera, el caso Crespo de la mafia rusa en Lloret y la implicación de su exalcalde, de CDC, y el caso Mercuri, que afecta al exalcalde histórico de Sabadell Manel Bustos.
Por su parte, la Abogacía del Estado está representada por Juan Ignacio Ocio, un abogado del Estado que inició su carrera hace seis años en Barcelona y que goza de la confianza de Zaida Fernández Toro, actual jefa del área penal de los letrados del Estado. De hecho, ha sido uno de los dos abogados del Estado que han llevado la defensa del fiscal general en el reciente juicio.
