Ha sido el último en pronunciarse, pero no por ello menos contundente. El fiscal Abel Carmelo Andrade, miembro de la delegación en Cataluña de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada y que no ha participado en las diligencias de la instrucción del caso, pide llevar a juicio el caso Bomberos. Un caso de presuntas irregularidades en el mantenimiento de los vehículos de los Bomberos de la Generalitat. En un escrito, de 25 páginas al que ha tenido acceso El Món, la fiscalía une esfuerzos con las acusaciones populares -un bombero y el sindicato CATAC-IAC- y reclama a la jueza instructora que abra el juicio oral contra varios miembros de la antigua cúpula de la Dirección General de Prevención y Extinción de Incendios (DGPEIS) y algunas responsables de la empresa sevillana Iturri, multinacional de la fabricación y venta de elementos de seguridad. Aunque enmarca la acusación en el desorden presupuestario, evalúa a medias los indicios recogidos y descuida varios agujeros negros de la investigación que han quedado al descubierto durante la instrucción.
De esta manera, el fiscal pide abrir el juicio contra Màxim del Valle, paradójicamente, el responsable técnico que destapó las irregularidades en los contratos con Iturri para el mantenimiento de los camiones de los Bomberos de la Generalitat; Manuel Pardo, exdirector de la DGPEIS; Antonio Ramos, inspector subdirector general técnico y actual jefe de la Escuela de Bomberos; Julio Vázquez, responsable del parque móvil de los Bomberos; Eduardo José Díaz, delegado de Iturri en Cataluña y Carmen Martínez, una operadora de control que habría participado en la eliminación irregular de una multa de tráfico a un mando de los Bomberos. El ministerio fiscal, a diferencia de las acusaciones populares, pide mantener al margen de la imputación al exdirector de la DGPEIS, Joan Delort, y el subdirector general de Administración y Recursos Humanos, Joan Navarro.
En cuanto a las defensas, han solicitado el sobreseimiento libre de la causa al entender que después de la larguísima instrucción no hay indicios de conductas delictivas. Es decir, ni sobrefacturaciones, ni preparación de adjudicaciones, ni se han abonado servicios no prestados, ni ningún enriquecimiento; al contrario, consideran que las dificultades de tesorería y presupuestarias de la Generalitat obligaban a hacer malabares para mantener al día el parque móvil de los Bomberos de la Generalitat. De hecho, el ministerio fiscal pide dejar parte de la prueba para la vista oral donde se puedan confrontar los peritos, quienes, sin lugar a dudas, tendrán la última palabra o al menos muy importante en el caso. En cualquier caso, el fiscal deja claro que esta investigación no tiene nada que ver con la política ni con el hecho de que el consejero de Interior que destapó el caso, Miquel Sàmper, fuera sucedido por un consejero de ERC. Las defensas esperan el juicio oral para formular el contraataque.
El fiscal admite el desorden
El escrito del fiscal con el que pide al actual juez instructor, José Villodre, cerrar la instrucción y llevar el caso a juicio comienza con un reproche general al sistema de contratación del Departamento de Interior en un servicio trascendental como son los Bomberos. «No se puede esquivar un hecho cierto: la desorganización de la DGPEIS es causa directa de la imprevisión, desajustes y falta de control con que se han ejecutado varios contratos públicos de suministro», alerta Andrade. De hecho, pone como paradigma del desorden los contratos que se han investigado a raíz de la denuncia a la fiscalía por parte del mismo Departamento de Interior, cuando lo comandaba Sàmper, entonces consejero del gobierno de Quim Torra y ahora consejero de Empresa en el ejecutivo de Salvador Illa.
«En todo caso, llama la atención», subraya el fiscal en su escrito, «que un servicio público básico, necesario y permanente en el tiempo y de gasto recurrente haya estado sistemáticamente infradotado». De ahí que critique sin rodeos que se haya recurrido a mecanismos extraordinarios de pago como «el reconocimiento de deuda». «Una figura que supone una excepción al principio presupuestario de especialidad temporal que se debe utilizar como último recurso», enfatiza el ministerio público. Un mecanismo que, insiste, «no se puede utilizar para suplir la sistemática falta de presupuesto de una dirección general que presta un servicio corriente, ordinario, necesario y duradero».
«Ha sido el carácter endémico de esta falta de liquidez lo que hizo sospechar del carácter deliberado de utilizar el reconocimiento de deuda extrajudicial como método de pago», alega el fiscal. «Consecuentemente, se disparan las conjeturas de que todos los desajustes observados en la facturación ocultarían un desvío de fondos y que eso habría sido la causa del agotamiento del presupuesto de manera prematura, en solo los primeros meses de los ejercicios presupuestarios», concluye la fiscalía.
Sin reclamar responsabilidades a los letrados de Interior
El ministerio público también aprovecha, curiosamente, para sacar de la ecuación los servicios jurídicos del Departamento de Interior, que también aparecían como posibles responsables de haber permitido el desorden presupuestario. Para el fiscal, ni los letrados de la Generalitat, ni los peritos, y en última instancia, los Mossos d’Esquadra en su investigación podían determinar «la eficacia administrativa de la DGPEIS ni averiguar la intrincada forma de verificación de las facturas». Como ejemplo, el ministerio fiscal interpreta que el descontrol del gasto público por falta de crédito y la multitud de talleres en que se realizaban las revisiones y reparaciones de los vehículos impedían tener más fiscalizada esta prestación de servicios de Iturri. Esto significa que, para el fiscal, no se puede acusar al aparato administrativo del caos presupuestario de Interior y sí a la dirección, que aprovechaba resquicios para poder continuar el servicio en condiciones.
Por otro lado, la acusación del ministerio público esgrime el famoso 2% que apareció en un power point sobre el gasto del mantenimiento de vehículos de la DGPEIS. Un porcentaje que, según el exresponsable de la dirección, Manel Pardo, era el estipulado contractualmente para abonar como sobreprecio si las facturas de Iturri no se pagaban en el día concertado. Un indicio que la fiscalía se atreve a decir que «suponemos que no tuvo tiempo de borrar» cuando el mismo Pardo lo ha reconocido y explicado en su declaración judicial. De ahí que la fiscalía lo considere un indicio incriminatorio porque no se ha hecho ningún paso para desmentir que el 2% fuera una posible comisión. Incluso, le reprocha que no hiciera una auditoría. En definitiva, el fiscal pide probar su inocencia de una supuesta culpabilidad. Una prueba diabólica y que chirría en un estado de derecho.
Ni el desgobierno puede ser la excusa
El fiscal analiza uno de los documentos aportados a la causa por el Departamento de Interior, una declaración donde se afirma que la consejería no ha podido traer buena parte de la documentación reclamada por la instrucción «debido a las graves carencias de gestión arrastradas a lo largo de 20 años». «El hecho de que esto sea así ni determina la irrelevancia de las conductas investigadas ni que estas se disuelvan en el magma del desgobierno administrativo en el sector de la prevención de incendios«, argumenta. De ahí que reproche que la Generalitat como administración pública consienta una «práctica ilegal como las investigadas», es decir, «el sobrecosto de un servicio, el pago duplicado de facturas o la facturación por servicios no realizados y pague y calle».
También debate con las defensas el hecho de que haya «negociaciones prohibidas sobre los pliegos de contratación». De hecho, los letrados de la defensa siempre han advertido que los encuentros con Iturri antes de los concursos formaban parte de lo que se llama «consulta preliminar del mercado». En este sentido, cabe recordar que la Audiencia de Barcelona dio la razón a las defensas sobre este hecho, y excluyó que fuera un «entuerto» para hacer una licitación más ventajosa para Iturri. El ministerio público también resta valor a la «legalidad formal de los expedientes de contratación» porque entiende que los funcionarios imputados y la empresa se «concertaron para fijar las condiciones técnicas y económicas exigibles a los licitadores y los criterios de puntuación, a fin de que Iturri y solo Iturri fuera adjudicataria del contrato«. «El cumplimiento formal del proceso no empaña en absoluto el carácter penal de esta confabulación», acusa el fiscal.
