Después de los cinco últimos interrogatorios al coordinador policial de la instrucción contra los Pujol Ferrusola, Álvaro Ibáñez, ha sido el turno de quien describió como su colaborador. Así, después de que Ibáñez, el inspector 89.140, haya terminado este lunes de declarar, se ha sentado en el estrado el agente de la UDEF con TIP 105.601, quien ha firmado cuatro de la cincuentena de atestados policiales de la causa. Cuatro informes que ha ratificado en la sala, sin añadir más soberbia de la necesaria. Es el policía que investigó los movimientos de dinero en las cuentas de los Pujol Ferrusola en Andorra, especialmente a través de los movimientos de Josep Pujol Ferrusola.

El testigo, con una indisimulada complicidad con el fiscal Fernando Bermejo, después de comentar detalles de los movimientos de Josep Pujol Ferrusola y cinco minutos después de comenzar la testifical, le ha hecho la pregunta estrella. En concreto, cuántos dineros manejaron los hermanos Pujol Ferrusola en efectivo. La respuesta del policía ha sido que fueron «unos 5.000 millones de las antiguas pesetas entre los años 1992 y 2004». Es decir, unos 30 millones de euros. Un dinero que, a su criterio, tenía un «origen desconocido». Eso sí, tanto fiscal como policía se han asegurado de pronunciar una cifra, los 5.000 millones de pesetas, pero sin remarcar que es la suma de todos los movimientos y no solo los ingresos. Es decir, los intrabancarios y los externos y entre hermanos. Una cifra que recuerda la famosa de los «3.000 millones» de los Pujol que fue archivada después de 9 años de investigación.

Fernando Bermejo, en un momento de su interrogatorio
Fernando Bermejo, en un momento de su interrogatorio

¿Qué movimientos?

El policía ha puesto en el mismo saco ingresos que provenían de la actividad mercantil y los de la actividad financiera de los titulares. Por ejemplo, dinero que salía del banco iba a otra entidad y regresaba una vez había terminado la operación. Es decir, eran los mismos dineros que volvían a ingresar. Asimismo, ha computado ingresos de operaciones mercantiles o los ingresos de la herencia, que, en total, ascienden a seis millones de euros, una cantidad nunca negada por los hijos del expresidente. Cabe decir que muchos de los movimientos explicados por el policía referenciaban traspasos de dinero a entidades bancarias españolas como el BBVA o CaixaBank. Un hecho que chirría con la acusación de opacidad fiscal, porque dinero no declarado no se ingresa en entidades españolas y menos si provienen de entidades andorranas.

También incluye en la suma la documentación aportada por Andorra de la antigua Banca Reig, que no permite la trazabilidad del dinero porque los boletines de ingresos no están firmados. De hecho, el policía, que no ha hecho como su jefe y ha procurado ser más cuidadoso en sus afirmaciones, se ha referido a los ingresos que constituyen lo que se conoce como compensaciones bancarias. Uno de los negocios de la banca andorrana muy habituales durante el siglo pasado. Un sistema que consistía en disimular ingresos en efectivo de un cliente a través de varios otros clientes gestionados por uno de los agentes de la entidad receptora del dinero.

Un sistema que implicaba hacer un registro de boleta, pero que no tenía referencia en los extractos oficiales a los que tenía acceso el cliente que, supuestamente, recibía el dinero. Un sistema de financiación que Jordi Pujol Ferrusola siempre ha negado que autorizara o utilizara. De hecho, esta conclusión contrasta con la falta, por ahora, de relación de conectividad entre el dinero y las supuestas comisiones por adjudicaciones de la administración catalana. Es decir, sin el detalle de cuál es el nexo y dejando en genérico la acusación de un delito precedente por el «dominio fáctico de los Pujol de las administraciones». Es más, el policía ha apuntado como instrumento de blanqueo imposiciones a plazo fijo, con dinero que provenía de las cuentas corrientes. Un sistema habitual de las entidades bancarias.

Francesc Sanchez y Orioll Rusca, en un momento de los interrogatorios
Francesc Sanchez y Orioll Rusca, en un momento de los interrogatorios

Cat Helicòpters

Por otra parte, el fiscal ha sacado uno de los negocios de Josep Pujol Ferrusola que ni siquiera se encuentra en el escrito de acusación del ministerio público. En concreto, los contratos de CAT Helicòpters. Y así lo han hecho saber las defensas. De hecho, el abogado de Jordi Pujol Ferrusola no ha interrogado al agente. Sí ha hecho preguntas el abogado de Josep Pujol, Jaime Campaner, que se ha centrado precisamente en Cat Helicòpters y las dudas que se habían generado con el atestado. El testigo no ha entrado en ello y ha permitido que las defensas eliminaran el intento del fiscal de hacer el caldo gordo con Josep Pujol, a quien acusan de delito fiscal y de blanqueo por sus movimientos en las cuentas de Andorra.

En este sentido, Campaner ha sido quirúrgico en su interrogatorio, y se ha dirigido al policía pensando en el informe final, donde se debe valorar la prueba. Por ello, ha dirigido las preguntas a aclarar puntos de sus atestados sobre las transferencias entre hermanos e ingresos. En este sentido, ha preguntado al agente por Josep Maria Pallerola, el agente bancario que gestionaba las cuentas y citado para declarar esta semana, y el policía ha tenido dudas sobre cuál era su papel profesional en el banco. También sobre la sospecha del policía de que ya trabajaban con «criptomonedas» a principios de siglo. Una idea que la defensa ha cortado de raíz al recordar al policía que la palabra que relacionaba con la moneda electrónica, arbit, se refería al cambio de divisa y la comisión que se debía pagar. El policía ha reconocido que, efectivamente, había comisiones pagadas por este concepto que él relacionaba con el negocio electrónico. Por parte de la defensa de Oriol Pujol, su abogado, Francesc Sánchez, ha hecho confirmar en la sala que la última transferencia que recibió su cliente desde la cuenta de su hermano fue el 17 de septiembre de 1999. Las defensas esperan ahora los testimonios de los gestores bancarios de Andorra para contraatacar la ofensiva de la fiscalía.

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