Si hay un nombre que conecta los casos José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán es el de Víctor de Aldama. De hecho, este empresario es quien delató las actividades de los tres exlíderes socialistas investigados tanto por la Audiencia Nacional como, posteriormente, por el Tribunal Supremo. Las aportaciones de Aldama a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) han sido determinantes para la apertura, continuidad y cierre de varias instrucciones.
Tan provechosa ha sido su participación en la investigación y en la incriminación de los exresponsables de organización del PSOE que la fiscalía no se ha ocultado de su ayuda. Solo hay que ver el caso Mascarillas. Un sumario que el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente cerró el pasado 11 de diciembre con peticiones de penas de hasta 24 años de prisión para Ábalos. Una petición que se redujo a 7 años, por los mismos delitos, a De Aldama, al aplicarle un atenuante de confesión.
Pero no es la primera vez que De Aldama ha sido una pieza clave para una investigación del instituto armado. Al contrario. De Aldama –y, de rebote, Koldo– tiene un historial de colaboración con la Guardia Civil, hasta el punto de que fue condecorado con la medalla al Mérito con Distintivo Blanco, que recibió el 27 de septiembre de 2022. Ahora, esta «colaboración» y los «méritos» que llevó a cabo De Aldama han sido declarados «secretos de estado». Así lo ha confirmado el gobierno de Pedro Sánchez en una respuesta, a la que ha tenido acceso El Món, a los senadores de ERC, Sumar, Junts y el PP en el Congreso, que pedían explicaciones y transparencia sobre el expediente que justificó la condecoración de De Aldama por parte de la Guardia Civil.
Del caso Hidrocarburos a Cerdán
Víctor de Aldama es uno de los principales investigados en el caso Hidrocarburos, que tiene raíces internacionales y que ha abierto la caja de los truenos de muchas subtramas en la biosfera político-judicial española, como el caso Drake o el caso Gaslow. Un sumario que se encuentra en manos del titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, con número de diligencias 147/2024. Un caso de fraude en hidrocarburos que, según algunos informes de la UCO de Guardia Civil -que también es la policía del caso-, podría ascender a más de 230 millones de euros, aunque el juez lo limita a 182.513.923,15 euros. Delitos graves contra la hacienda pública, blanqueo de capitales y organización criminal que llevaron al juez a encarcelar a De Aldama en Soto del Real el diez de octubre de 2024, por el temor de que destruyera pruebas y el riesgo de fuga de él y su socio, Claudio Rivas, por la gravedad de los delitos.
Precisamente, el 15 de noviembre siguiente, un mes y cinco días después de ser encarcelado, el empresario recibió la visita de dos personas en Soto del Real. Dos personas sobre las cuales el ministerio del Interior, en respuesta escrita al PP del Congreso, tampoco quiere informar alegando la legalidad de la visita y su confidencialidad. Unas condiciones que, por otra parte, solo pueden ostentar, por seguridad, miembros de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. El resultado fue que, seis días después, el 21 de noviembre salía de la prisión, tjusto después de haber declarado contra Ábalos, Koldo y Cerdán en el marco de las diligencias 65/2023 del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, el caso Mascarillas. Un sumario que ahora solo tiene pendiente fecha de juicio, con peticiones de pena de 24 años y 19 años para el exministro de Transportes y su exasesor respectivamente. Rivas, en cambio, continuó encarcelado. A partir de la declaración de De Aldama, las acusaciones contra Ábalos y Cerdán se aceleraron a la velocidad de la luz, en términos procesales españoles.
¿Quién es De Aldama?
La clave de bóveda que supuso la declaración de De Aldama hizo levantar las orejas a las defensas de Ábalos y Cerdán, que aprovecharon escritos presentados al juez para denunciar la oscuridad de su figura y los intereses que podía tener haciendo esta declaración, además de descubrir su relación histórica con el instituto armado. En concreto, unos informes, cuyo contenido destapó El Mundo, aseguraban que la Guardia Civil condecoró a De Aldama por su colaboración en operaciones encubiertas y de obtención de información. En el listado de los informes que avalaban la medalla al Mérito con Distintivo Blanco, se encontraban misiones encubiertas como haber obtenido información de empresas como Globalia, Huawei, Correos o empresas VTC o la lucha contra el yihadismo internacional. Pero, casualmente, son empresas que la UCO utilizó para elaborar un informe, el pasado octubre, que sirvió para justificar a Pedraz que lo encarcelara en Soto del Real.
Cabe decir que uno de los primeros informes de la UCO involucraba los negocios de De Aldama con estas sociedades, que después habrían servido para condecorarlo. Como ejemplo, el pasado 8 de octubre de 2024, la Unidad Central Operativa de Delincuencia Económica, que depende de la UCO, registró el informe 211/2024, al que ha tenido acceso El Món, donde subrayaba su relación con Globalia y cómo pasaba información de la compañía a los analistas de la Guardia Civil. En este sentido, la UCO detallaba cómo negoció con Koldo poder liquidar la deuda de la compañía aérea Air Europa con el gobierno de Venezuela, que sería el primer indicio que destapó el caso Hidrocarburos.
También incluía la colaboración de De Aldama con actos, cacerías, encuentros con la CIA o el FBI, partidos benéficos del instituto armado e incluso, descuentos para pruebas de detección de COVID. En todo caso, los informes con los que la Guardia Civil justificaba la entrega de la medalla señalan que De Aldama tenía “acceso a la cúpula del grupo Globalia”, relacionado con la crisis de Air Europa, así como la presidencia de Correos y Huawei e importantes empresas y cadenas turísticas y hoteleras en España y en el Caribe. También otro informe, el 197/2022 de la UCO, destacaba las contrataciones del empresario con Correos, de 7,5 millones de euros, importe que después tuvo que devolver. De hecho, en Correos era donde tenía mano Leire Díaz, la fontanera del PSOE ahora investigada por la Audiencia Nacional, un caso investigado por la UCO, y por un juzgado de instrucción de Madrid, por un presunto caso de soborno a miembros de la fiscalía. También resalta en su expediente el caso Huawei, que tiene todos los números para configurar un próximo escándalo que se sume al cerco del PSOE y la Moncloa.
Operación Corso
El Món ha tenido acceso a parte de este expediente, en el que destaca la‘operación Corso, un operativo de inteligencia internacional contra el yihadismo donde participaba la Unidad Central Especial 2 del Servicio de Información de la Guardia Civil (UCE 2), que alimentaba también la UCE 3, dedicada a “movimientos desestabilizadores internos, como el independentismo o el anarquismo”. Según este expediente, la participación de De Aldama fue clave.
Según destacaba el informe sobre la condecoración, en “la operación Corso estaba especialmente interesada la Dirección General de Seguridad Interior Francesa”, la DGSI. “Gracias a la intermediación de Víctor de Aldama, se logró un puesto de trabajo que se adaptaba al perfil de la fuente y a las necesidades de salario y horario durante el año 2020 y 2021”, asegura el documento que justificó el otorgamiento del reconocimiento. “Fruto de ello, la Unidad y la DGSI francesa obtuvieron una fuente importante de información en el plan de inteligencia de relevancia en la estrategia de la operación”, concluye el cuerpo.
Secreto y punto
La alabanza del expediente apunta que De Aldama no habría sido la única vez que pudo haber colaborado en operaciones de inteligencia, con la Unidad Central Especial del Servicio de Información de la Guardia Civil, que ha sido relatora de informes incriminatorios en el marco del Proceso soberanista. En todo caso, a la vista de todos estos antecedentes, los senadores de ERC plantearon a la Moncloa las «dudas serias sobre la naturaleza de las relaciones entre el empresario y la Guardia Civil, especialmente respecto de los límites institucionales y éticos de la colaboración con personas ajenas al servicio público».
La respuesta de la Moncloa no podía haber sido más breve y más contundente. «Respecto de los motivos que comportaron la concesión de las condecoraciones, cabe señalar que los procesos y procedimientos en este ámbito se encuentran acogidos a la ley de Secretos Oficiales 9/1968 de 15 de abril así como el acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de noviembre de 1986 ampliado por los acuerdos del Consejo de Ministros de 17 de marzo y de 29 de julio», certifica el gobierno español. Así mismo, el mismo ministerio del Interior añade que esta información no entra dentro de los parámetros de actuación de la ley de Transparencia, que tiene «limitaciones para proteger otros bienes jurídicos de gran relevancia y ponen de manifiesto el compromiso con el estado de derecho, la transparencia, la gobernanza democrática y la democracia participativa, así como la voluntad de promover la confianza de los ciudadanos en las autoridades».
